La guerra civil de Guatemala dio lugar a actos de genocidio contra los indígenas mayas, perpetrados especialmente por el ejército y paramilitares que tuvieron el apoyo de Estados Unidos, aseguró la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).
La CEH, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, también comprobó la ayuda de Cuba a los guerrilleros izquierdistas en el conflicto armado de 36 años finalizado en diciembre de 1996, que causó 200.000 muertos y desaparecidos.
"Las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables de 93 por ciento de las violaciones documentadas", afirmó la CEH en su informe "Guatemala: Memoria del Silencio", presentado el jueves en el Teatro Nacional de la capital.
Tres por ciento de las matanzas comprobadas fueron cometidas por los insurgentes y en cuatro por ciento de los casos no se pudo determinar responsabilidades.
Indígenas mayas fueron la mayoría de las víctimas del periodo más sangriento de la guerra, entre 1978 y 1985. En cuatro zonas identificadas de Guatemala se perpetraron actos "con la intención de destruir total o parcialmente" a las comunidades mayas, dijo la CEH, que comenzó su trabajo en julio de 1997.
Se trata de Maya Kanjobal y Maya Chuj, en el departamento de Huehuetenango, Maya Ixil y Maya Quiché, en el occidental Quiché, y Maya Achí en Rabinal, Baja Verapaz.
El único "factor común" en esas matanzas fue la pertenencia de las víctimas "a un determinado grupo étnico", según concluyeron el alemán Christian Tomuschat, el abogado Edgar Balsells y la indígena Otilia Lux Conti, los tres miembros de la CEH, que tuvieron la colaboración de un equipo técnico.
Líderes indígenas y niños y niñas asesinados no era objetivo militar, sino que fueron muertos con propósito genocida. De esos hechos surge una ineludible responsabilidad del Estado de Guatemala, advirtió la comisión.
"El Estado Mayor de la Defensa Nacional fue, dentro del Ejército, la máxima institución responsable de estas violaciones", agregó.
Los integrantes de la CEH comprobaron también que el gobierno de Estados Unidos, a través de diversas dependencias que incluyen a la CIA Agencia Central de Inteligencia (CIA), apoyó directa e indirectamente algunos operativos ilegales del Estado.
Así mismo, dijeron haber recabado información del apoyo del gobierno de Cuba a las organizaciones guerrilleras, lo que incluyo la formación militar de combatientes.
El informe de la CEH, de 3.600 páginas, hizo referencia a 8.000 casos de matanza, torturas, desapariciones y otros delitos, por no identifica por su nombre a los responsables ni podrá ser utilizado en demandas judiciales.
La creación de la comisión fue acordada el 23 de junio de 1994 en Oslo por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que dos años después firmarían el tratado definitivo de paz.
La CEH verificó que entre 1981 y 1983 (época que corresponde a los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt) agentes del Estado culminaron con masacres una serie de operaciones contra la población civil no combatiente.
"En tales matanzas con características de masacre participaron tanto fuerzas regulares como especiales del Ejército, al igual que patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares", según los testimonios y otros elementos de prueba obtenidos.
A esos hechos se sumó el arrasamiento de aldeas. El caso más grave ocurrió en la región ixil, en Quiché, donde entre 70 y 90 por ciento de las aldeas resultaron devastadas y fueron destruidos los sembrados. Los pobladores que huian fueron perseguidos y bombardeados.
La líder indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, que perdió a varios familiares en el conflicto y estuvo exiliada, calificó el contenido del informe de "memoria colectiva", conservada "de voz en voz" por "nuestro pueblo".
En las afueras del Teatro se encontraba, junto a cientos de indígenas con pancartas y carteles con fotos que relataban sus dramáticos casos, Juana Coyoy, de la etnia quiché, quien relató a IPS cómo le fueron arrebatados su esposo y dos hijos en 1982.
"Llegaron a mi casa (los soldados), agarraron a mi marido y a mis hijos y los amarraron, después se los llevaron y nunca más los volví a ver. Mataron nuestros animales y quemaron nuestra casita. Yo anduve en el monte muchos días sin tener que comer y donde dormir con una niña pequeña que se salvó de morir", relató.
La información contenida en el documento "es contundente", comentó a IPS el dirigente indígena Juan León. "Nos complace el documento y esperamos que los militares sean castigados algún día" dijo.
Mientras, la activista de derechos humanos Hellen Mack comentó que la investigación de la CEH "nos conduce a conocer la verdad". Pero, en su opinión, "los jueces no querrán conocer casos de este tipo, por la presión que ejercen los militares".
El informe incluye también recomendaciones, como organizar un programa nacional de reparación y resarcimiento de las víctimas, la exhumación de los cadáveres enterrados en centenares de cementerios clandestinos y la depuración del ejército.
Según la Comisión, la inhumana irracionalidad de la violencia que azotó al país por más de tres décadas no puede ser explicada simplemente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes.
Así, los investogadores llegaron a la conclusión de que "la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala, así como el racismo, el cierre de los espacios de participación y la renuencia a impulsar reformas sustantivas del Estado" determinaron el enfrentamiento armado.
También comprobaron que, hasta mediados de los años 80, "hubo fuertes presiones del gobierno de los Estados Unidos de América y de empresas norteamericanas, para mantener la arcaica e injusta estructura socioeconómica del país".
A la presentación del informe asistieron más de 5.000 personas, entre las que se contó el presidente Alvaro Arzú, el ministro de Defensa, Héctor Barrios, y el delegado de la Organización de las Naciones Unidas, Alvaro de Soto. (FIN/IPS/cz/ff/hd/99
