El aumento del desempleo en China provocó protestas de los trabajadores despedidos, que fueron severamente reprimidas por el gobierno con el argumento de que amenazaban la estabilidad del país.
"Cualquier factor que pueda poner en peligro nuestra estabilidad debe ser eliminado en las etapas tempranas", dijo el presidente Jiang Zemin a fines del año pasado:
En las últimas semanas fueron arrestados por "subversivos" trabajadores despedidos que promovieron manifestaciones en Beijing y otras ciudades.
Aunque ello hizo dudar a algunos trabajadores respecto de sus acciones de protesta, muchos continúan con sus manifestaciones.
Sólo en enero, dos ex ferroviarios fueron enviados a un campo de trabajo por "alterar el orden social" tras organizar una gran protesta, mientras que otros dos, involucrados en otro incidente, esperan una sentencia que puede ir de 10 años a cadena perpetua por "subversión contra el gobierno".
Algunos observadores afirman que es probable que la situación empeore si el gobierno continúa persiguiendo a los desempleados que se atreven a hacer públicas sus protestas en lugar de proponer soluciones a los crecientes problemas laborales.
Lu Ming, quien perdió su empleo en una empresa estatal, dijo que "los trabajadores despedidos están cada vez más desesperados porque no tienen empleo ni dinero, y además están siendo reprimidos por el gobierno".
Los observadores afirman que hubo una tensa discusión dentro del Congreso Nacional del Pueblo respecto de cómo manejar las protestas.
De un lado, en la línea dura, se ubica el presidente del Congreso Li Peng, y en el otro, la más moderada, el jefe de Estado Jiang y el primer ministro Zhu Rongji.
Li Peng es considerado el autor intelectual de la acción represiva que en 1989 provocó la muerte de miles de estudiantes en la Plaza Tienanmen, mientras el primer ministro es visto como el arquitecto de las reformas económicas.
Algunos analistas opinan que las autoridades chinas suavizarán su tratamiento de las crecientes protestas de los desempleados en las próximas semanas, luego de la decisión de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL) de plantear ante las Naciones Unidas (ONU) la cuestión de los derechos humanos y de agremiación en China.
La CISL afirmó que instará a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a adoptar una resolución sobre China en su próxima sesión, que comenzará el 22 de marzo en Ginebra.
Para otros analistas, em cambio, la reacción de Beijing ante comentarios del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Harold Koh, no dejan presagiar una actitud distinta.
Durante una reunión sobre derechos humanos celebrada en enero en Washington con participación de funcionarios chinos, Kohl, responsable de la delegación de su país, no excluyó que Estados Unidos promoviera sanciones contra Beijing en el encuentro de marzo en Ginebra.
Tras ese anuncio, Beijing advirtió a Estados Unidos que cualquier movimiento que haga en contra de China durante la reunión de Suiza podría dañar las relaciones bilaterales y poner el peligro el diálogo sobre derechos humanos entre ambos países.
En el plano interno, los que siguen una línea dura parecen hasta ahora ganarle la partida a los moderados.
Entre las propuestas para enmendar la Constitución circulantes una sostiene que la frase "actividades contrarrevolucionarias" debería ser sustituida por actividades "que ponen en peligro la seguridad del Estado".
Los analistas políticos dijeron que una iniciativa de ese tipo podría abrir el camino para que el Estado castigue severamente cualquier tipo de actividad que considere objetable.
En realidad, ya hay una nueva ley sobre normas administrativas que imposibilita el establecimiento no sólo de organizaciones políticas sino prácticamente de cualquier clase de agrupación.
Anunciada en noviembre pasado, la ley también dice que artistas, autores, editores, músicos y realizadores de películas podrían enfrentar de tres años de prisión a cadena perpetua si se los hallara culpables de incitar a la subversión contra el poder estatal.
Durante la visita del presidente estadounidense Bill Clinton en 1989, China alardeó de ser más abierta con respecto a las discusiones sobre derechos humanos, que antes eran un tema tabú.
Muchos de los comentarios de Clinton, que incluían referencias a temas delicados como la situación del Tibet y la democracia fueron transmitidos en vivo.
En octubre pasado Beijing también organizó un simposio internacional para celebrar el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Muchos líderes chinos asistieron al coloquio, incluso el viceprimer ministro Qian Qichen, que dijo que "la protección de los derechos humanos es un ideal universal de creciente importancia para la humanidad".
Los observadores señalaron, sin embargo, que esas palabras fueron seguidas de la advertencia de que "para promover y proteger los derechos humanos, la paz es un prerrequisito y el desarrollo es la base".
Ese mismo octubre, el gobierno chino también se comprometió a respetar los derechos básicos de sus ciudadanos firmando el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Hay quienes afirman que pasará mucho tiempo para que China lo ratifique, ya que todavía debe hacer lo propio con un tratado que firmó en 1997, el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El tratado establece que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación, prohibe la tortura, el castigo cruel o degradante y establece la libertad de movimiento, pensamiento, religión y expresión.
Un diplomático occidental dijo que "hay libertad absoluta en China, siempre que uno no esté involucrado en el 'delito' de defender los derechos humanos y políticos". (FIN/IPS/tra-en/ap-hd-/pa/cb/ral/at-dg/99
