Las diferencias dentro del gobierno de Bolivia se ahondaron por la negativa del actual presidente constitucional y ex dictador, Hugo Banzer, a enviar al juez español Baltazar Garzón pruebas contra el ex dictador de Chile Augusto Pinochet.
La derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Banzer y el socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora (1985-1989) conviven en un gobierno que comenzó en 1997 y que debe durar hasta el 2002.
La última disputa dentro del gobierno se origina en la persistencia del MIR en enviar a Garzón un documento que contiene testimonios sobre el asesinato de seis bolivianos en Chile durante la dictadura de Pinochet.
Algunas de esas víctimas fueron en los años 70 dirigentes del MIR, que, paradójicamente, fue fundado para luchar contra la dictadura de Banzer, de quien es hoy su principal aliado.
Paz Zamora, además, llegó en 1985 a la Presidencia también del brazo de Banzer.
La Cámara de Diputados, presidida por el mirista Hugo Carvajal, encomendó al gobierno la entrega a Garzón por vía diplomática de documentación destinada a ser adjuntada al proceso que el magistrado español le sigue a Pinochet, quien hoy espera en Londres que se sustancie el juicio de extradición a Madrid.
El Poder Ejecutivo devolvió a principios de mes la documentación, con el argumento de que Bolivia no debía involucrarse en un asunto interno de otro país.
El MIR insiste, a pesar de las advertencias de ADN, en enviar a España esos testimonios.
"Este es un asunto de conciencia. Allí (en los documentos) está la esencia del MIR. Jamás arriaremos la bandera de investigar las circunstancias en que murieron nuestros dirigentes", declaró el fin de semana pasado Oscar Eid, segunda figura de ese partido.
Pero fuentes del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario dijeron a medios periodísticos bolivianos que para el MIR es de importancia vital entregar a Garzón los testimonios sobre bolivianos desaparecidos en Chile porque así se lo exigen sus aliados de la socialdemocracia europea.
Mientras, Carvajal afirmó que la lista debe llegar "de cualquier manera" a manos de Garzón, porque así lo decidió la Cámara de Diputados. ADN se opone a toda costa que a que esos documentos lleguen a manos del juez español.
Banzer no puede evitar hablar de su dictadura (1971-1978) en casi todas sus apariciones públicas para justificarla, en una actitud que los observadores consideran desconcertante.
El mandatario dijo el miércoles en Sucre, 580 kilómetros al sur de La Paz, no temer un eventual juicio en España por violaciones de derechos humanos cometidos durante su dictadura, y calificó las denuncias en su contra de "coletazos de la izquierda internacional".
La no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia presentó el año pasado al juez Garzón y supuestas pruebas de la supuesta participación de Banzer en la Operación Cóndor, como se denomina a la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70.
"Son coletazos que están bajo la protección de algunos gobiernos socialistas de Europa, no de esta parte del mundo", dijo Banzer. Luego, el presidente admitió de forma indirecta que su régimen entregó a ciudadanos extranjeros a otros gobiernos de la región.
"En todas partes del mundo donde se detecta un terrorista, un anarquista, uno que viene a convulsionar (…) un país, es obligación de la autoridad (…) primero retenerlo y, si está indocumentado, y ése es el caso de todos ellos, (…) extraditarlo al país de origen", dijo.
El MIR advirtió que la alusión al supuesto patrocinio de gobiernos de Europa a los "coletazos de la izquierda internacional" no son afortunadas y ponen en riesgo las relaciones y la cooperación de la Unión Europea con Bolivia.
Walter Guiteras, subjefe de ADN y presidente de la Cámara de Senadores, replicó que el MIR estaba vetado por "un país poderoso" (en alusión a Estados Unidos) para ser parte del gobierno de Banzer en 1997 por los vínculos de altos dirigentes como Eid y el propio Paz Zamora con el narcotráfico.
Eid salió de la cárcel en diciembre luego de cumplir cuatro años de reclusión, acusado de vínculos con el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos negó a Jaime Paz Zamora la visa de ingreso. (FIN/IPS/ac/mj/ip/99
