La indignación se apoderó hoy de miles de habitantes de la capital de Argentina, que sufren desde hace cinco días el corte de energía eléctrica por parte de una empresa privatizada que podría ser intervenida por su impericia.
La tensión social fue de tal magnitud que el gabinete de ministros se reunió este viernes para decidir si se le quita la concesión a Edesur, la empresa encargada de proveer energía a la mitad de los habitantes de la ciudad y los alrededores, unas cinco millones de personas.
Desde que se produjo el corte en la madrugada del lunes, la empresa promete que en pocas horas solucionará el problema, pero según trascendió la situación podrían llegar hasta el domingo, mientras el edificio de la compañía permanece cerrado y con custodia policial.
La justicia federal ordenó allanar este viernes el edificio de Edesur, que presta el servicio desde 1992, y también de la Secretaría de Energía y el Ente Regulador de la Electricidad, por presunto delito de incumplimiento de deberes de control público.
Asimismo, el Ente Regulador -acusado por organismos de defensa del consumidor de ser una "prolongación de las empresas"- anticipó ahora que estudia la posibilidad de intervenir la compañía, debido a que las multas que prevé aplicarles ya superan 20 por ciento de la facturación anual.
De acuerdo con las bases y condiciones, la empresa debe indemnizar a los usuarios por cortes de más de 10 horas, pero el Ente Regulador considera que esa disposición no preveía una suspensión tan prolongada del servicio.
También se establece que si las multas exceden 20 por ciento de la facturación, se puede rescindir el contrato.
Edesur, de capitales chilenos, mantiene sin fluido eléctrico a 250.000 personas en Buenos Aires desde el lunes, lo que implica que tampoco llega el agua a la mayor parte de los usuarios que viven en edificios de varios pisos. También hay al menos 10.000 comercios afectados.
Según las organizaciones de pequeños y medianos comerciantes, la demanda que tienen previsto presentar ante la justicia es por 750 millones de dólares de lucro cesante y mercadería perecedera que debieron descartar por la prolongada falta de energía.
Desde este jueves, los damnificados manifiestan en las calles de una decena de barrios afectados por el corte, y este viernes incendiaron un vehículo en la zona de Congreso, cerca del parlamento.
La situación se vio agravada por las altas temperaturas que se registran en Buenos Aires, que esta semana tuvo en promedio 35 grados. Ancianos que viven en altos edificios no pueden bajar a comprar alimentos ni bebidas, y carecen de ventilación y refrigeradores.
La presencia de capitales chilenos en el negocio fue uno de los blancos preferidos de los ataques de los usuarios. "Les vendimos una parte del país a los chilenos y ahora nos dejaron sin luz", comentó una mujer afectada por la interrupción del servicio eléctrico.
El ingeniero Daniel Martinez, que fue empleado de la empresa eléctrica cuando era estatal y luego de Edesur, consideró que parte de los problemas técnicos de la empresa privatizada se deben a que despidió a miles de técnicos argentinos.
Destacó en cambio que Edenor, la empresa de capitales españoles y franceses que atiende a la otra mitad del mercado, conservó a los mejores profesionales.
También hay representantes políticos y del gobierno indignados por el apagón, que tiene sin semáforos desde el lunes pasado a numerosas esquinas de Buenos Aires, provocando un caos de tránsito ahora agravado por las manifestaciones.
El vicepresidente Carlos Ruckauf declaró este viernes que es necesario revocar la concesión y convocar a una nueva licitación pública, ya que Edesur demostró que "no está en condiciones de prestar el servicio".
El propio vicepresidente denunció que hace un mes Edesur intentó cortar el fluído eléctrico en su residencia porque no había verificado el pago de la última factura, realizado antes del vencimiento a través de un banco público.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien disputa la candidatura a la Presidencia por el gobernante Partido Justicialista, consideró que se trata de una "impericia absoluta" de la empresa.
En Argentina, el gobierno del presidente Carlos Menem llevó adelante la venta de empresas públicas por un valor estimado en 20.000 millones de dólares. Pero a poco de traspasar los activos, comenzaron las críticas a la inoperancia de los organismos de control, que deberían defender a los consumidores.
Las principales quejas que reciben las organizaciones de defensa del consumidor provienen de las empresas públicas privatizadas que, a su vez, están entre las que más ganancias tuvieron en los últimos años.
Pero los reclamos de los usuarios solían ser básicamente por tarifas abusivas, más que por fallas técnicas. Desde el punto de vista técnico, la mayoria de los clientes consideraba que el servicio había mejorado respecto de la prestación estatal.
No obstante este viernes, cuando se cumplieron cinco días sin servicio y los directivos de la empresa informaron que no reconocerán las pérdidas por lucro cesante de comercios y talleres, los clientes reivindicaron a la empresa estatal.
La empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires efectuaba cortes programados porque, debido a la falta de inversiones, en épocas de fuerte demanda debía economizar energía. Pero no hay antecedentes de una interrupción del servicio tan prolongada como la actual. (FIN/IPS/mv/ag/ip-if/99
