La deuda externa, problemas migratorios y la situación en Cuba ocuparon buena parte de la Reunión Interamericana de Obispos, realizada en La Habana mientras el parlamento aprobaba reformas al código penal, que incluyó la pena de muerte para casos de narcotráfico.
El cónclave de la Iglesia Católica, que congregó durante tres días a cinco cardenales y 25 obispos de América Latina, Canadá y Estados Unidos, concluyó el martes por la noche con un oficio religioso que antecedió a una visita de más de tres horas al presidente Fidel Castro.
Castro cambió el uniforme verde oliva que vistió en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento) por un sobrio traje azul para recibir a los representantes católicos.
El parlamento cubano aprobó el martes nuevas leyes contra el delito y la política hostil de Estados Unidos hacia la isla.
"Fidel y los religiosos departieron de manera franca y cordial", dijo este miércoles la televisión local, en tanto el diario oficial Granma, en su primera página, se limitó a informar sobre la entrevista, sin adjetivos ni detalles de lo conversado.
En su 27 Reunión Interamericana, los obispos consideraron la exhortación apostólica "Ecclesia in América", texto hecho público por el papa Juan Pablo II en enero en México.
Los prelados estudiaron la manera de aplicar los mandatos del documento pontificio en sus respectivas comunidades y mecanismos para que la sociedad "alcance a comprender cómo el Evangelio de Jesucristo nos ofrece posibilidades de reconciliación y solidaridad en el continente".
Un mensaje de los dignatarios religiosos, distribuido por la oficina de prensa de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, menciona que en la reunión se consideraron los problemas que generan las migraciones, la deuda externa y la búsqueda de formas eficaces de solidaridad con los más pobres.
"El espíritu de solidaridad nos impulsa a prestar especial atención a la cuestión compleja de la deuda externa y también a las graves consecuencias del embargo económico contra Cuba, que reiteradamente hemos rechazado", dice el documento.
Más adelante indica que "ayudados por especialistas de todo el continente queremos que, la celebración del Gran Jubileo, sea la oportunidad para encontrar soluciones a estos difíciles problemas".
El obispado americano se comprometió también a "promover la reconciliación", superando "los conflictos y tensiones que han creado rupturas" entre los pueblos de la región, abriéndose a "la acogida fraterna de los emigrantes que experimentan dificultades".
"Queremos asumir, con gestos concretos, las necesidades espirituales y materiales de los hermanos y hermanas víctimas recientes de los mayores sufrimientos", dice el mensaje, que refiere en concreto a Honduras y Colombia, azotados por un huracán y un terremoto, respectivamente.
También aboga por incrementar los esfuerzos de las iglesias de América "para el desarrollo de Haití y otras zonas más necesitadas".
Los temas expuestos en el documento de los obispos coinciden con la política solidaria desarrollada por Cuba hacia los países de América Central que sufrieron el año pasado los efectos del huracán Mitch. Entre las medidas instrumentadas por La Habana se cuenta la condonación de la deuda que mantenía Nicaragua.
Las discrepancias entre los obispos americanos y el gobierno de Fidel Castro se evidenciaron en la conferencia de prensa brindada al término de la reunión.
El cardenal de Cuba Jaime Ortega reiteró el rechazo de la Iglesia Católica a la pena de muerte, cuya aplicación acaba de ser extendida, entre otros, para los funcionarios culpables de narcotráfico.
"La pena de muerte es siempre un recurso trágico" y se trata de "un mal que no puede remediar otro mal", señaló Ortega, quien también se manifestó preocupado por la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Para Ortega, esa nueva norma, aprobada el martes junto a varias modificaciones del código penal, es preocupante por su "ambigüedad", lo que deja un margen demasiado amplio para su interpretación.
La ley se fundamenta en el objetivo de "tipificar y sancionar aquellos hechos encaminados a apoyar, facilitar o colaborar con los propósitos" del bloqueo, la guerra económica, la subversión y otras acciones encaminadas a "poner en peligro" la soberanía e integridad del Estado cubano.
Establece fuertes multas y penas que oscilan de dos a 30 años de privación de libertad, según la gravedad del caso, para delitos relacionados con informaciones que puedan ser usadas en beneficio de la política hostil de Estados Unidos hacia la isla, según sus fundamentos.
La sanción de 30 años de cárcel se aplicaría, entre otros casos, a quien en razón de su cargo o profesión conociera o poseyera información que pueda ser usada contra Cuba y sea suministrada directa o indirectamente al gobierno o dependencias de Estados Unidos.
En los debates parlamentarios, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Tubal Páez, apoyó la nueva ley que castiga "a los agentes anexionistas que internamente cumplen misiones en las esferas de la desinformación" y distorsionan "la imagen de la Revolución".
Páez acusó a periodistas cubanos independientes, contra quienes se estima está dirigida la norma, de haber "tomado partido del lado del enemigo" y depender "directamente de las agencias del gobierno estadounidense". (FIN/IPS/pg/dm//99
