Los esfuerzos del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, para acentuar la supremacía del Poder Ejecutivo agravaron los enfrentamientos entre el gobierno y el Poder Judicial.
La Suprema Corte reaccionó contra la formación de tribunales militares especiales "antiterroristas" en Karachi sin control del Poder Judicial.
Las sentencias de muerte ordenadas por esos tribunales fueron suspendidas por la Suprema Corte hasta que la justicia ordinaria decida sobre la validez de los organismos que las emitieron.
El Poder Ejecutivo solicitó, mediante su fiscal general, que se reconsiderara esa suspensión, pero observadores políticos pronosticaron que la Suprema Corte se mantendrá inamovible para proteger sus prerrogativas.
"La Corte no puede hacer concesiones sobre el papel que desempeña. Al Poder Ejecutivo le corresponde adoptar medidas administrativas y al Judicial examinar su legitimidad", observó Akram Sheikh, ex presidente de la Asociación de Abogados de la Suprema Corte.
"Ninguna ley del país establece que los tribunales militares sean una jerarquía judicial paralela y puedan actuar al margen de la Constitución, exentos del control y vigilancia de los tribunales superiores", afirmó Asma Jahangir, conocido abogado y experto en derechos humanos.
Respaldado por una mayoría de dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento), Sharif ha tenido éxito hasta ahora en sus iniciativas para silenciar a la oposición.
El primer ministro logró el alejamiento del jefe de Estado Faruk Leghari y del presidente de la Suprema Corte, Sajjad Shah, en diciembre de 1997. En octubre de 1998 obligó a dimitir al general Jahangir Kalamat, que había desafiado su autoridad.
Sharif suspendió en noviembre de 1998 la asamblea de la sureña provincia de Sindh, luego de que su partido, la Liga Musulmana, quedara en minoría allí, y estableció tribunales militares en Karachi, la mayor ciudad del país, para imponer justicia sumaria ante el aumento de la violencia por causas religiosas.
La decisión de otorgar plenos poderes a los militares para investigar, arrestar y juzgar a civiles fue inmediatamente desafiada por un ocasional aliado de la Liga Musulmana, el partido del Movimiento Nacional Mohajir (MQM), al cual se responsabiliza por la mayor parte de la violencia en Karachi.
"La Constitución sólo permite al Ejecutivo convocar a los militares en ayuda del poder civil, y no para que lo desplacen", afirmó el MQM en un recurso presentado ante la Suprema Corte, luego de que el activista Ashraf Chakar fuera juzgado por asesinato en un tribunal militar y ejecutado pocos días después.
La Suprema Corte fijó el 1 de febrero para tratar cinco recursos de inconstitucionalidad contra el establecimiento de tribunales militares, y notificó la decisión al gobierno de Sharif y a la fiscalía general.
La líder opositora Benazir Bhutto urgió al presidente Rafique Tarrar para que "no se siga enviando a la horca a personas sentenciadas por tribunales militares hasta que la Suprema Corte no haya juzgado la validez de esos veredictos".
Sin embargo, el Poder Ejecutivo no modificó su posición y pidió a la Suprema Corte que levante la suspensión de las sentencias, alegando que interfiere con los esfuerzos para restablecer la ley y el orden en Karachi.
"La grave amenaza a la seguridad nacional y la integridad de Pakistán sólo puede ser enfrentada si el proceso (de represión mediante tribunales militares) puede cumplirse por completo. Una interrupción podría conducir al resurgimiento de la violencia en Karachi", sostuvo una declaración de la fiscalía general.
Los observadores políticos consideraron los hechos ocurridos este mes como el preludio de una colisión entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Los choques entre ambos poderes se iniciaron con la poco ceremoniosa expulsión del presidente de la Corte, votada por sus propios colegas de la magistratura.
"La expulsión de Shah dañó la credibilidad de la Corte, y la actual actividad de los magistrados del tribunal supremo podría ser un intento de recuperarla", observó Iqbal Hayder, ministro durante el anterior gobierno de Bhutto.
El primer ministro Sharif ha acusado en numerosas oportunidades al Poder Judicial de resolver con excesiva lentitud los casos vinculados con la violencia religiosa, y fue con ese argumento que instaló los tribunales militares en Karachi.
En un mensaje reciente al fiscal general, el primer ministro prometió "aplastar al terrorismo" y se quejó de que los responsables de miles de asesinatos, especialmente en Sindh, no hayan sido condenados aún por los tribunales civiles.
Khalid Anwer, ministro de Justicia de Sharif, también criticó a la justicia ordinaria. "El desempeño del Poder Judicial puede juzgarse por el hecho de que en los últimos tres años los tribunales de Karachi no condenaron a un solo terrorista", afirmó.
Los tribunales militares fueron autorizados a emitir sentencias tras procesos que duran sólo tres días.
I.A. Rehman, director de la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, dijo que esos juicios sumarios son "particularmente peligrosos porque no dan tiempo a rectificar un eventual error judicial".
Todo parece dispuesto para la batalla final entre un Poder Ejecutivo resuelto y un Poder Judicial que contraataca con igual vigor. (FIN/IPS/tra-en/am/an/ego/mp-dg/ip/99)
