Las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos contra el fallecido dictador Sani Abacha en Nigeria corren a la par con las de incompetencia para manejar la economía, según el primer informe completo sobre los desmanes de su régimen.
Un volumen de 182 páginas fue necesario apenas para reseñar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura del general Abacha, que gobernó Nigeria con mano dura entre 1993 y su muerte el 8 de junio de 1998.
El volumen, titulado "Nigeria, informe de derechos humanos" y elaborado por el Proyecto de Derechos Constitucionales con sede en Lagos, se basa en investigaciones realizadas entre julio de 1997 y septiembre de 1998 y declaraciones de víctimas y de sus allegados.
"La desaprensión del general Abacha respecto de los derechos humanos fue solo comparable a su grosera incompetencia e ineficacia para manejar la economía. El desempleo masivo, el colapso de la infraestructura y la corrupción fueron emblemáticos en su gobierno", según el informe.
Si bien Nigeria es uno de los grandes productores de petróleo del mundo y el principal de Africa, sus 110 millones de habitantes y sus industrias carecen del combustible que requieren, agregó.
"Con cuatro refinerías que reúnen una capacidad de producción de 450.000 barriles por día, el consumo doméstico previsto de 300.000 barriles diarios es suficiente", afirmaron los investigadores, que contaron con el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia, de Estados Unidos.
"Durante el período de Abacha, todo el país sufrió una seria escasez de combustible que virtualmente mutiló todas las actividades socioeconomicas", agregaron, aunque sin mencionar que esa escasez perdura siete meses después de la muerte de Abacha.
Los militares, que dominan la política nigeriana desde la independencia del país en 1960, prometieron entregar el poder a un gobierno civil en mayo.
Cientos de presos políticos encarcelados por el régimen de Abacha recuperaron su libertad en septiembre, entre ellos el ex presidente Olusegun Obasanjo, sindicalistas, 20 dirigentes de la minoría étnica ogoni, periodistas y opositores, todos acusados de conspirar y planear el derrocamiento del dictador.
Las excarcelaciones constituyeron "un cambio bien recibido respecto de los años de terror y brutalidad del régimen de Abacha", manifestó el inform.
"Asesinatos extrajudiciales, torturas, homicidios, cárcel e intimidaciones a criticos y opositores fueron cosa común. No obstante las convenciones internacionales firmadas por Nigeria, con Abacha las fuerzas de seguridad continuaron violando derechos humanos que garantizan la dignidad de la vida", agregó.
El libro estableció que la policía federal cometió innumerables violaciones, al igual que las fuerzas de seguridad dependientes de la administración de los 36 estados nigerianos.
Las escuadras antirrobos estatales creadas para enfrentar el aumento de la criminalidad, constituidas por efectivos policiales y militares, fueron bien recibidas por la población, según el informe.
"Desgraciadamente, esos escuadrones abandonaron su misión inicial de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos y, por el contrario, se involucraron en actividades ilegales y amenazaron la seguridad y los derechos de la población", sostuvo.
En cuanto a las cárceles, el informe estableció que "Nigeria tiene uno de los peores sistemas de prisiones en el mundo".
"Cárceles que deberían ser institutos correccionales se han convertido en amenazas para la vida humana, como lo demuestra la gran cantidad de presos muertos" en reclusión, agregó.
"La lenta justicia, sumada a la ineficiencia policial y a la corrupción, significaron que los sospechosos sean retenidos en prisión por largos períodos sin ser procesados", según el informe.
Cerca de 60 por ciento de la población carcelaria de Nigeria espera el procesamiento en condiciones de hacinamiento calificadas de inhumanas por los activistas.
Según el informe, 8.605 presos están alojados en siete cárceles construidas para un máximo de 4.734. El informe atribuyó las pésimas condiciones carcelarias a la lentitud del sistema judicial. Para colmo, los servicios médicos son escasos y la higiene, así como las condiciones sanitarias, son casi nulas.
El informe urgió al gobierno del general Abdulsalaam Abubakar, sucesor de Abacha, a liberar a los pocos presos políticos que aún quedan en las cárceles, y desmantelar el aparato de "torturas y la opresión creado por la dictadura del general Abacha que todavía funciona".
Entre los detenidos figura el general Oladipo Diya, ex segundo de Abacha, encarcelado en 1997 por supuesto intento de golpe de Estado.
"Pedimos el desmantelamiento de todos los instrumentos de opresión y terror puestos en funciones por el extinto general Sani Abacha para reprimir el disenso e infligir severas violaciones de derechos humanos a los nigerianos", manifesto.
El informe tambien pidió al actual gobierno que deje de intimidar a los periodistas. "Las trabas a la prensa deben ser levantadas para promover la libertad de expresión. Una verdadera y genuina democracia solo puede funcionar en un ambiente donde la libertad de expresión no está en peligro", agregó. (FIN/IPS/tra- en/ro/mn/ego/mj/ip if hd/99
