Honduras pondrá en marcha la privatización de sus principales activos para cumplir las demandas del FMI, un organismo con el que firmará una carta de intención después de seis años de distanciamiento.
El presidente del Banco Central, Emin Barjum, informó este martes que Honduras negocia con una delegación del FMI (Fondo Monetario Internacional) las condiciones para firmar en febrero o marzo la carta de intención.
Barjum explicó que el país necesita recursos frescos en el corto plazo, de modo que comenzará de inmediato la privatización de sus principales empresas de telecomunicaciones, energía y agua, y los puertos y aeropuertos.
El programa de privatización es uno de los requisitos impuestos por el FMI, que "nosotros aceptamos porque somos conscientes de que no hemos cumplido esta parte", dijo el presidente del Banco Central.
"Si queremos desarrollar el país, debemos abrirnos a la competencia y deshacernos de organismos que en esta época moderna no corresponde al Estado administrarlos", agregó.
"El gobierno ya no puede seguir dedicándose a algunas actividades que le eran exclusivas, y a través de la concesión de obras públicas concretará la privatización de las telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica y aeropuertos", reiteró Barjum.
Si la carta de intención fuera firmada el mes próximo, Honduras podría obtener rápidamente recursos financieros prometidos por los organismos multilaterales de crédito y reanudar las conversaciones para la condonación o renegociación de su deuda de 1.200 millones de dólares con el Club de París, de gobiernos acreedores, aseguró
El parlamento aprobó a fines de 1998 una ley de concesiones e inversiones para captar capitales extranjeros. La ley ofrece ventajas a los inversionistas, quienes podrán incluso construir obras a orillas de las costas y en las fronteras, tras reformarse un artículo constitucional que lo impedía.
La primera empresa a ofrecerse al sector privado es la telefónica Hondutel, aunque antes será subastada la concesión de los cuatro principales aeropuertos.
El gobierno de Carlos Flores informó que el producto de las privatizaciones fortalecerá programas de atención social y salud, para aliviar la pobreza, que afecta a ocho de cada 10 hondureños, según estadísticas oficiales.
La ministra de Finanzas, Gabriela Núnez, destacó que en los tres años siguientes a la firma de la carta de intención, Honduras recibirá créditos por 160 millones de dólares. "El único requisito que exige el organismo (el FMI) es ejecutar políticas sanas en materia económica", agregó.
Núñez negó que el acuerdo en negociación contemple nuevos impuestos a la población, azotada fuertemente por el paso del huracán Mitch a fines de octubre. El huracán destruyó más de 50.000 viviendas, y el déficit habitacional supera las 700.000 unidades.
El Mitch causó la muerte a 5.000 personas, dejó 1,5 millones de damnificados y la Comisión Económica para América Latina calculó las pérdidas materiales en 4.000 millones.
"Quiero dejar claro" que la inversión social prevista y el gasto que se anuncia en la reconstrucción de carreteras, puentes y viviendas "no significa por ahora la aplicación de más impuestos. Esto lo hemos dejado claro con los personeros del Fondo Monetario", afirmó la ministra.
El ajuste estructural comenzado en esta década implicó fuertes impuestos y la liberalización gradual de precios de la canasta básica. La pobreza se incrementó de 69 por ciento de la población en 1989 a 78 por ciento a fines de 1997, de acuerdo con información oficial.
El último acuerdo de Honduras con el FMI fue suspendido hace seis años, cuando el organismo multilateral entendió que no se cumplían a cabalidad las medidas de ajuste convenidas entonces. (FIN/IPS/tm/ff/if/99
