La decepción predominó hoy entre los familiares de las víctimas de la represión en Chile tras una esperada entrevista con el presidente Eduardo Frei, que coincidió con la reapertura en Londres del juicio sobre la inmunidad del ex dictador Augusto Pinochet.
Por primera vez desde que asumió su mandato en marzo de 1994, Frei recibió este lunes a la directiva de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la cual le entregó ocho tomos con fichas de 1.100 personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet (1973-90).
Hasta ahora Frei había ignorado los pedidos de audiencia que durante cinco años le hizo la AFDD, y en cambio se reunió con dirigentes de la derecha y de la Fundación Pinochet tras la detención del ex dictador en Londres en octubre de 1998.
La entrevista de Frei con la AFDD coincidió con el inicio en Londres de los alegatos en el nuevo juicio que determinará si Pinochet goza de inmunidad, en cuyo caso podrá regresar a Chile, o si debe enfrentar un proceso de extradición a España.
Las dirigentas encabezadas por Sola Sierra, pidieron al mandatario gestionar una interpretación de la ley de amnistía de 1978, que impide investigar y juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas hasta esa fecha, y tomar las medidas necesarias para conocer el paradero de sus familiares.
Estas peticiones forman parte de una propuesta para lograr la paz y la reconciliación, elaborada por la AFDD en 1995, y se esperaba que Frei asumiera algunos de sus planteamientos.
Sierra se mostró desilusionada porque, según dijo, "el presidente sólo escuchó y no se comprometió a nada" durante la reunión que se prolongó por casi dos horas.
"Esperábamos un gesto de Frei para que los procesos que están en los tribunales sean investigados y así conocer el paradero de los detenidos desaparecidos y sancionar a los responsables", dijo la dirigenta.
Con respecto a la detención de Pinochet, Frei les reiteró "la postura inalterable del gobierno de defender principios y no personas" al hacerse parte del juicio en Londres.
Esta nueva fase de la batalla legal en torno al ex dictador debe prolongarse por dos o tres semanas y es consecuencia de la revisión que la Cámara de los Lores acordó hacer del fallo que el 25 de noviembre negó inmunidad a Pinochet.
El 17 de diciembre fue acogida la recusación contra lord Leonard Hoffman, uno de los tres jueces que había rechazado la inmunidad de Pinochet, por sus vínculos con la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional.
Terminada la audiencia de Frei con la AFDD, el ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Jorge Arrate, dijo que "para el gobierno el tema de los derechos humanos es, seguramente, el más importante de la transición, particularmente desde el punto de vista ético y moral".
"La voluntad del gobierno, como lo ha expresado en muchas oportunidades el presidente, es que este tema se debe aclarar y que es indispensable que haya verdad y justicia", añadió Arrate, miembro del cogobernante Partido Socialista.
Además de Arrate, estuvo presente en la reunión el saliente viceministro del Interior, Belisario Velasco, quien gestionó el encuentro luego de que los familiares realizaran una protesta el 7 de diciembre en las afueras del palacio presidencial de La Moneda para solicitar la entrevista con Frei.
Decenas de familiares de desaparecidos que gritaban "queremos justicia" en las afueras de La Moneda recibieron con tristeza las palabras de Sierra sobre la actitud de Frei.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) interpuso en tanto un recurso judicial de protección en contra de Frei porque considera que la decisión del gobierno de defender la inmunidad de Pinochet es arbitraria e ilegal.
Según el texto del recurso, presentado ante un tribunal del crimen de Santiago, la decisión del mandatario amenaza las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho a la justicia.
La AFEP señala que "ha sido reconocido, tanto por el gobierno de Chile como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Chile existe impunidad para los agentes del Estado que durante el gobierno militar cometieron graves violaciones a los derechos humanos".
Agrega que "la defensa asumida por el gobierno de Chile, con el fin de que se le reconozca (a Pinochet) una supuesta inmunidad diplomática, constituye una infracción al ordenamiento jurídico nacional e internacional".
En la presentación judicial se citan disposiciones de la Constitución de 1980, reformada en 1989, sobre el deber del Estado de respetar y promover los derechos humanos, que se encuentran garantizados por la Carta Política y por los tratados internacionales ratificados por Chile actualmente vigentes.
En un encuentro realizado este mes en Temuco, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, organismos de derechos humanos y agrupaciones de familiares de víctimas de la represión criticaron duramente la posición de Frei ante el arresto del ex dictador de 83 años en Londres.
Según las organizaciones humanitarias "la voluntad política del gobierno para defender a Pinochet jamás se ha manifestado a la hora de iniciar acciones que juzguen a los responsables de las violaciones a los derechos humanos".
En el encuentro de Temuco se pidió a los poderes del Estado eliminar los mecanismos de impunidad, derogar la amnistía y restringir el ámbito de la justicia militar, traspasando a la justicia ordinaria los procesos que están en tribunales castrenses.
Uno de los aspectos más controvertidos en el tratamiento judicial de los crímenes contra los derechos humanos está en las diversas interpretaciones que los jueces civiles y militares hacen de la amnistía de 1978 y los requisitos para aplicarla.
La Corte Suprema revocó este lunes la aplicación de la ley de amnistía en la causa que investiga la desaparición de Arsenio Popin, un viceministro del gobierno de Salvador Allende, detenido durante el golpe del 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.
El caso de Poupin fue presentado en la Audiencia Nacional de España como parte del proceso contra Pinochet.
La causa había sido cerrada en julio de 1998 por un juzgado militar y luego de una apelación quedó con sobreseimiento (cierre) temporal, lo cual permite la presentación de nuevos antededentes que puedan reabrirla. (FIN/IPS/as/ggr/hd ip/98
