El gobierno de Brasil confía en que el Parlamento apruebe esta vez una ley que reduce la remuneración de los funcionarios públicos, incluyendo a los jubilados.
En caso de una nueva derrota, las consecuencias políticas para el Ejecutivo podrían ser muy graves.
Es la quinta vez que el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso intenta aprobar el cobro de contribuciones a los funcionarios retirados, llamados "inactivos" para distinguirlos de los jubilados comunes.
Cardoso y los líderes parlamentarios de los partidos en el poder decidieron someter el proyecto a votación en la Cámara de Diputados este miércoles, buscando aprovechar el impacto de la devaluación forzada de la moneda nacional.
La amenaza de una agravación de la crisis financiera, con sus imprevisibles consecuencias, es el principal argumento del Ejecutivo para lograr sus objetivos y evitar una nueva derrota.
Es una cuestión de "vida o muerte", dijo Aecio Neves, líder de los diputados socialdemócratas.
El gobierno modificó su proyecto anterior, buscando hacerlo menos impopular.
En el nuevo texto quedan exentos de las medidas de ajuste quienes ganan menos de 600 reales (unos 400 dólares) y los mayores de 70 años que perciben pensiones por invalidez o ancianidad que no superen los 3.000 reales (2.000 dólares).
Las remuneraciones más elevadas serán gravadas con impuestos de hasta 21 por ciento.
Para los funcionarios en actividad que más ganan, y que ya pagan 11 por ciento de sus sueldos al sistema de previsión, se impondría una contribución adicional graduable. Quienes estén en la franja de ingresos más elevada serán gravados con un impuesto de 22 por ciento.
El momento político para la adopción de estas medidas es a la vez el mejor y el más peligroso para el gobierno de Cardoso.
En caso de un nuevo fracaso en el Congreso, se podría agravar la fuga de capitales, cuatro días después que Brasil fue forzado a adoptar la libre flotación cambiaria ante la pérdida acelerada de sus reservas.
El gobierno sólo permitirá que la votación prlamentaria de su proyecto se lleve a cabo en caso de que tenga la seguridad de una victoria, según dejó entrever José Pimenta da Veiga, designado ministro de las Comunicaciones para atender principalmente las cuestiones políticas del Poder Ejecutivo.
Aumentar la contribución previsional de los funcionarios públicos, extendiéndola a los jubilados, permitiría no sólo preservar las finanzas públicas sino también hacer justicia, argumentan los gobernanentes y sus representantes en el Congreso.
Los 900.000 "inactivos" generan un déficit 2,5 veces superior al producido por 18 millones de jubilados del sector privado, señaló el presidente Cardoso.
Los 160 millones de brasileños deben soportar como consecuencia de ello una carga de de 19.000 millones de reales (12.500 millones de dólares), añadió.
Según el jefe de Estado, la previsión social es la piedra de toque del ajuste fiscal.
El déficit del sistema previsional ya se elevó a 3,5 por ciento del producto interno bruto y cerca de 80 por ciento proviene del sector público, incluyendo los estados y municipios.
Una reforma general del sistema previsional fue aprobada por el Congreso en noviembre, tras tres años de debates.
Sin embargo, el rechazo de varios puntos de las propuestas del gobierno y las concesiones otorgadas por el propio Ejecutivo limitaron el alcance de la reforma.
Una de las iniciativas denegadas por el Congreso fue la reducción de 30 por ciento en el monto de las jubilaciones de los funcionarios públicos, que continúan percibiendo iguales ingresos que sus colegas activos.
"Esta situación es única en el mundo", enfatizó el ex ministro de la Previsión Reynhold Stephanes.
El gobierno tampoco logró fijar una edad mínima para las jubilaciones, de 60 años en el caso de los hombres y de 55 en las mujeres.
La contribución de los inactivos es la forma que encontró el Ejecutivo para reducir en la práctica las pensiones y beneficios de los integrantes del sector público y ahorrar 2.700 millones de dólares a las arcas del Estado central.
El plan gubernamental de gravar a los jubilados y aumentar los impuestos de los activos del sector público es rechazado por la oposición de izquierda y por varios legisladores oficialistas.
"El proyecto será derrotado nuevamente", vaticinó el diputado Paulo Paim, del opositor Partido de los Trabajadores.
En lugar de gravar "a los viejitos" el gobierno debería pensar en alternativas como el impuesto a las grandes fortunas, propuesto hace muchos años por el entonces senador Fernando Henrique Cardoso, opinó Paim.
Los opositores no aceptan que las medidas planteadas por el gobierno sean indispensables a la defensa de la moneda, y recuerdan que numerosas privatizaciones y reformas constitucionales ya se hicieron con el mismo argumento y no lograron evitar la grave crisis financiera actual.
Las reacciones de pánico producidas en el mercado internacional por tropiezos políticos menores del gobierno brasileño, como la moratoria en sus pagos decretada el día 6 por el estado de Minas Gerais, permiten prever serios efectos de una nueva derrota parlamentaria del equipo de Cardoso.
La decisión del estado de Minas Gerais supone que el gobierno central se vea privado de 160 millones de dólares durante tres meses. (FIN/IPS/mo/dg/ip-if/99
