Los aranceles de importación para el sector agropecuario en Panamá, establecidos en enero de 1998 en el marco de un programa de ajuste económico, podrían ser revisados ante la fuerte presión de los productores locales.
Además de provocar una crisis en la producción de papas, sorgo, maíz, sal y productos porcinos, la competencia con productos extranjeros es una de las causas principales de un decrecimiento cercano al tres por ciento en la actividad agropecuaria durante 1998.
"Nos sentimos muy afectados por la política arancelaria del gobierno" dijo el presidente de la Asociación de Productores de Panamá, Angel Aguirre, quien indicó que 90 por ciento de los productores de papas no pudieron sembrar este año por falta de recursos para la compra de semillas e insumos.
El dirigente de los productores expresó que la "brusca rebaja de aranceles" para el sector agropecuario de un promedio de 100 por ciento a 15 por ciento a partir de 1998, "provocó un caos y la amenaza de quiebra para miles de agricultores que no cuentan con recursos para adaptarse a esos cambios".
Aunque el sector agropecuario aporta sólo nueve por ciento al producto interno bruto de Panamá, cuya economía está orientada a los servicios, genera alrededor de 26 por ciento de los puestos de trabajo de la población económicamente activa, estimada en 1,1 millones de personas.
"Necesitamos tiempo y apoyo económico para adecuarnos a los cambios", dijo Aguirre y señaló que hasta 1997 los productores sabían que habría un período de 10 años pactado por Panamá con la Organicación Mundial de Comercio para rebajar los aranceles en el sector agropecuario antes de abrir totalmente el mercado local.
"Pero los acuerdos secretos que hizo el gobierno a mediados de ese año con organismos financieros internacionales para obtener líneas de crédito, aceleraron la rebaja de los aranceles y desprotegieron el sector agropecuario de la compotencia con productos extranjeros", añadió.
Tras indicar que el sector agropecuario local "no puede competir con productos subsidiados en sus países de origen", Aguirre dijo que los consumidores locales no han obtenido ningún beneficio con la apertura del mercado panameño.
Sus denuncias fueron respaldadas por el economista Rolando Gordón, director del Centro de Investigación Económica de la estatal Universidad de Panamá, y el productor de maíz y sorgo, José Hilario López.
Pero el ministro de Desarrollo Agropecuario, Manuel Miranda, aseguró que se habría logrado el mismo resultado si el proceso de rebaja de aranceles hubiese durado 10, cinco o tres años.
El atraso tecnológico que existe en la agricultura y la agroindustria, debido a la excesiva protección en dichos sectores en los últimos 50 años, le impide a Panamá salir a competir en el mercado mundial, dijo el ministro.
Tras subrayar que el dilema consiste en seguir produciendo con altos costos para una población de 2,8 millones de personas o competir por otros mercados, Miranda informó que el gobierno está dispuesto a revisar su política de aranceles.
Sin embargo, advirtió que esto no significa que se van a reimplantar los elevados aranceles que existieron hasta diciembre de 1997, sino que se trataría de establecer medidas compensatorias para aquellos sectores que necesiten más tiempo para adaptarse a los cambios.
Este es el caso de los productores de cerdo, para quienes se ha diseñado un plan de compensación económica por las ventas que haga ese sector a la industria local de embutidos.
Miranda indicó que con esa medida se aspira a que en cuatro años la producción porcina de Panamá pueda competir con productos importados que ingresen al país en el marco de la globalización.
Pero Gordón duda que las medidas compensatorias propuestas por el ministro soluciones el problema y subrayó que junto con la rebaja de aranceles.
En el país "se han establecido varios oligopolios, como el de la cerveza, industria avícola y refrescos, que se ponen de acuerdo de antemano sobre los precios que tendrán sus productos, con lo cual eliminan la competencia y maximizan sus ganancias", señaló el economista.
Otros, como los distribuidores de alimentos, en lugar de comprar por separado en el exterior, importan en conjunto grandes cantidades de productos a precios más bajos "y luego se reparten el mercado para evitar la competencia entre ellos, y el que paga es el consumidor", subrayó Gordon.
López adujo que además del problema de los aranceles y el corto tiempo disponible para adaptarse a los cambios, el sistema bancario pone tantas trabas para otorgarle crédito a los productores que en la práctica es como si se lo negaran.
"Le exigen al productor mucho más de lo que puede brindar por ese recurso financiero", lo cual aunado a los costos de producción han colocado al sector del maíz y el sorgo al borde de la quiebra, aseveró. (FIN/IPS/sh/ag/if/99
