El gobierno de Estados Unidos anunció una ambiciosa política comercial para este año, pero su puesta en práctica dependerá en gran medida del Congreso, dividido entre el gobernante y minoritario Partido Demócrata y el Partido Republicano.
Clinton puede confiar en que el Senado apoye nuevas preferencias comerciales para Africa y el Caribe, y la apertura de una nueva ronda de negociaciones comerciales internacionales para reducir los aranceles, que se celebrará en Seattle en noviembre, pero la Cámara de Representantes es otro cantar.
Un punto clave será la suerte que correrá la autoridad de "vía rápida" que pidió el gobierno para negociar nuevos tratados de comercio.
En el marco de la creciente inquietud por los efectos adversos de la globalización económica, las gestiones de Clinton para conseguir esa autoridad, concedida a sus cuatro antecesores en los últimos 25 años, no tuvieron éxito en la Cámara Baja en 1997 ni en 1998.
Si no consigue la vía rápida, que supone que el Congreso no puede modificar tratados negociados por el gobierno, la credibilidad de Clinton como negociador ante los socios comerciales de Washington y como líder de una nueva ronda mundial de negociaciones se verá perjudicada, según analistas.
Aunque Estados Unidos goza de fuerte crecimiento económico y del menor grado de inflación y de desempleo en más de 30 años, los sondeos de opinión muestran que la mayor parte del público no confía en los nuevos tratados comerciales.
En diciembre, por ejemplo, una encuesta realizada por la cadena de televisión NBC y el diario Wall Street Journal reveló que casi 60 por ciento de los encuestados creían que el comercio exterior perjudicó a la economía de este país.
El gobierno reconoce que las últimas tendencias comerciales dañaron a algunas industrias, sobre todo a la del acero, pero la prosperidad de la economía depende más que nunca de la apertura de los mercados extranjeros.
"Casi la tercera parte del crecimiento (económico) de los últimos seis años se debió al comercio exterior", declaró el martes pasado el secretario (ministro) de Comercio, William Daley, ante el comité de finanzas del Senado.
El gobierno sostiene que este será un año crítico para el futuro del comercio internacional y para la globalización de la economía.
Washington teme que la crisis financiera que se desató en el sudeste asiático, la moratoria que Rusia declaró en agosto sobre su deuda, la decisión de Malasia de aislarse del sistema financiero internacional, y la devaluación del real brasileño hayan aguado el interés que surgió tras la guerra fría por una economía mundial abierta e integrada.
Si Estados Unidos, con una economía sana, limita la libertad de los mercados, esa actitud podría reforzar al bando proteccionista "en muchos países con economías en problemas o menos vibrantes que la nuestra", advirtió el martes ante el comité de finanzas el secretario del Tesoro Robert Rubin.
"Eso iría en grado extremo en contra de nuestros intereses", afirmó.
Pero los impulsores del comercio exterior están a la defensiva en este país. La explosión de las importaciones de acero de Brasil, Corea del Sur, Japón y Rusia afectaron especialmente a las industrias nacionales, que representan una poderosa base política.
Washington advirtió a Japón que tomará represalias si no frena las exportaciones de acero japonés a Estados Unidos, que aumentaron más 500 por ciento en un año.
El creciente déficit comercial incrementa la presión proteccionista. Es probable que el déficit de 1998 siente una nueva marca con más de 170.000 millones de dólares, y algunos analistas creen que el déficit de este año podría llegar a 300.000 millones.
La inquietud por el déficit no sólo fortalece la oposición sindical a la vía rápida de los sindicatos, cuya influencia sobre los legisladores demócratas en la cámara baja se considera decisiva.
Los analistas temen que el déficit desencadene la caída del dólar, lo que obligaría a la Reserva Federal (banco central) a elevar las tasas de interés y a ponerle fin a lo que Clinton calificó la semana pasada de "la expansión económica de mayor duración en tiempos de paz" en la historia de este país.
Otra fuente de escepticismo surge de la impaciencia con la Unión Europea por lo que Washington considera la negativa de Bruselas de cumplir con decisiones que la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptó contra normas europeas que afectan el comercio del banano y la importación de la carne estadounidense.
Ante este panorama, Washington propuso una ambiciosa política comercial para conformar a quienes están a favor y quienes están en contra del libre comercio. La semana pasada, en su discurso sobre el estado de la nación, Clinton destacó la necesidad de construir un "nuevo consenso sobre el comercio exterior".
Para los proteccionistas, el gobierno aumentará la financiación de las exportaciones para los productos estadounidenses.
Así mismo, promete aplicar a rajatabla las leyes comerciales contra los importadores acusados de prácticas de "dumping" en el mercado estadounidense, y controlar con mayor rigor la aplicación de acuerdos internacionales por otros países.
En atención a las quejas de activistas sindicales y ambientalistas, Washington promete abogar por una mayor apertura de la OMC e instituciones multilaterales afines, y por una mayor participación de la Organización Internacional del Trabajo, que se supone defiende los derechos de los trabajadores, en las negociaciones internacionales de comercio.
Pero el gobierno no especificó cómo llevará a la práctica todo esto.
Finalmente, Clinton asegura que quiere hallar "puntos en común" entre empresarios y defensores del libre comercio por un lado, y organizaciones sindicales y ambientalistas por el otro, para redactar adecuadamente la autoridad de la vía rápida.
La vía rápida fracasó en 1998 cuando una mayoría de demócratas y una minoría de republicanos protestaron porque la norma no incluyó garantías de que los nuevos tratados comerciales protegerían los derechos de los trabajadores y el ambiente.
Por otra parte, los intereses empresariales y los legisladores republicanos se opusieron en el pasado a las aspiraciones de trabajadores y ambientalistas, y hasta el momento no hay señales de cambio.
Con respecto a la nueva ronda internacional para reducir las barreras arancelarias, el gobierno procura centrarse en sectores en que Estados Unidos pisa fuerte, incluso en los servicios como las compañías de correo, los servicios financieros y las telecomunicaciones, la agricultura, la propiedad intelectual y la tecnología informática.
La representante del Comercio (ministra) Charlene Barshefsky declaró el martes que Washington pretende un proceso rápido de reducción de aranceles que dure unos tres años. (FIN/IPS/tra-en/jl/kb/aq/if/99
