El secretario general de la ONU, Kofi Annan, recomendó el retiro antes del 20 de marzo de las fuerzas de paz que el foro mundial mantiene en Angola, debido a la guerra que azota al país africano.
Annan presentó el lunes al Consejo de Seguridad un informe de 26 páginas en que recomienda el retiro gradual de los 600 efectivos militares y 400 civiles de las fuerzas de paz.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad estudiarán la recomendación de Annan durante una reunión formal prevista para fines de esta semana.
La ONU invirtió en Angola más de 1.500 millones de dólares en ayuda humanitaria y fuerzas de paz desde 1989.
"Los sucesos de los últimos meses mostraron claramente que el proceso de paz en Angola fue interrumpido y que el país se encuentra en estado de guerra", declaró Annan.
La recomendación de Annan estuvo determinada por la artillería antiaérea que derribó a dos aviones de la ONU, a fines de diciembre y comienzos de este mes.
La ONU no pudo completar su investigación en torno a estos hechos porque sus funcionarios no encontraron aún el lugar donde se produjo el segundo incidente.
Ambos aviones se precipitaron sobre una región en la que se libran intensos combates entre el ejército angoleño y las fuerzas rebeldes de la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (UNITA).
"Los disparos contra los aviones fueron un crimen infame realizado para intimidar a la ONU y obligarla a limitar sus operaciones", afirmó Annan.
El secretario general exhortó a las dos facciones en guerra a declarar "un cese del fuego inmediato" para permitir la misión de búsqueda y rescate de los funcionarios de la ONU desaparecidos en los incidentes, pero su pedido no obtuvo respuesta.
Annan recomendó también en el informe que 200 soldados de la Misión de Observadores de la ONU (MONUA) permanezcan en el país para proteger las propiedades de la comunidad internacional mientras se retiran las fuerzas de paz.
Se prevé que el retiro demore entre cuatro y seis meses. El mandato actual de la MONUA expira el 26 de febrero.
Annan solicitó que se mantenga la ayuda humanitaria de la ONU, lo que implica la permanencia en el país del Programa Mundial de Alimentos, del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
La guerra civil de Angola, que lleva más de dos décadas, quedó provisoriamente suspendida en 1994 por la firma de un acuerdo de paz en Lusaka, pero el tratado nunca llegó a implementarse por completo.
"No hubo ningún progreso en la aplicación del Protocolo de Lusaka" firmado por el dirigente de UNITA, Jonas Savimbi, y el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, afirmó Annan en un informe de noviembre al Consejo de Seguridad.
"Estoy convencido de que no existe una solución militar duradera para el conflicto de Angola, y que sólo un acuerdo político basado en el Protocolo de Lusaka podría ayudar a evitar más sufrimientos al pueblo angoleño", añadió.
El Consejo de Seguridad sostuvo a fines de diciembre que los principales culpables del fracaso del acuerdo de paz fueron los dirigentes del UNITA.
El sistemático incumplimiento que hizo UNITA de las obligaciones derivadas del Protocolo de Lusaka y de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad, sobre todo en lo relativo a la desmilitarización, "socavó gravemente el proceso de paz", afirmó el Consejo.
El Consejo exigió que "UNITA cumpla de inmediato y sin condiciones" con todas sus obligaciones.
La ONU se vió obligada a suspender todas sus operaciones de ayuda humanitaria debido a la reanudación de los combates, luego de haber brindado ayuda humanitaria a alrededor de un millón de víctimas de guerra, desde el principio de los años 80.
La combinación del estancamiento del proceso político y el crecimiento gradual de las hostilidades, deterioraron considerablemente la seguridad en muchas provincias angoleñas, señaló Kevin Kennedy, director de la Oficina de Enlace de Emergencia de las Naciones Unidas.
El incremento de las acciones bélicas desplazó a 331.000 personas a partir de abril, observó Kennedy, de los cuales 150.000 se vieron obligadas a abandonar sus lugares de residencia en septiembre.
Los choques armados obligaron a la ONU a adoptar medidas de seguridad que impidieron brindar asistencia a unos 100.000 desplazados.
Hasta abril, alrededor de un millón de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares para resguardarse de los combates. En suma, existen en el país entre 1,3 y 1,4 millones de desplazados sobre una población total de 12,3 millones de habitantes.
"Eso da una idea de las dimensiones del problema humanitario", observó Kennedy. (FIN/IPS/tra-en/td/kb/ceb/nc/aq/ip/99
