Las organizaciones indígenas de América intentarán valerse de su peso en la región para inclinar la OEA a favor de una declaración sobre derechos de los pueblos autóctonos.
Un comité indígena regional demandará en Washington, durante la sesión del consejo permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) del 10 al 12 de febrero, la aprobación de una declaración que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
Los esfuerzos por obtener una texto similar pero de jurisdicción universal se han malogrado hasta ahora en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que debate formalmente la cuestión indígena por lo menos desde 1982.
Un grupo de trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU discute infructuosamente el borrador de una declaración sin que los delegados de los estados y de los pueblos indígenas concierten un acuerdo.
Ante la perspectiva de un fracaso, las organizaciones indígenas exploran nuevas estrategias, que incluyen discusiones bilaterales entre las comunidades locales y los gobiernos y también la posibilidad de un entendimiento regional que impulse el acuerdo en la ONU.
Las organizaciones indígenas "estamos ejerciendo una presión internacional sobre la región para precipitar un diálogo" entre un comité de representantes de las comunidades autóctonas y el consejo de la OEA, explicó Aucán Huilcamán Paillama, del Consejo de Todas las Tierras Mapuches.
América es el continente donde se percibe con mayor claridad la relación entre Estado y pueblo indígena, justificó Huilcamán, un dirigente originario de Temuco, Chile.
Solo en América Latina viven alrededor de 30 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas. En países como Bolivia, Guatemala y Perú constituyen más de la mitad de la población.
Una declaración americana se referirá a núcleos más cohesionados, pues la problemática indígena de América Latina "si bien tiene sus diferencias, está más ensamblada que en Africa o en Asia", interpretó Rigoberto Juárez Mateo, de la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya, de Guatemala.
El 10 de febrero "estaremos en Washington, nos acepte o no la OEA", aseguró Huilcamán, quien recordó que la decisión fue adoptada durante la reunión de representantes indígenas de América Central y del Sur realizada en Bolivia, en diciembre.
La posibilidad de que la OEA adopte una declaración de reconocimiento de los derechos indígenas se presenta todavía incierta.
Creada en 1948, en los comienzos de la guerra fría, la OEA se caracteriza por su régimen de funcionamiento "riguroso", advirtió el dirigente mapuche.
A diferencia de la ONU, la OEA todavía desconoce la participación de la sociedad civil, como se denomina a las asociaciones del sector privado, sindicatos, grupos campesinos, religiosos y organizaciones no gubernamentales.
Por otra parte, en el consejo de la OEA participan algunos gobiernos, como los de Argentina, Brasil y Estados Unidos, que en el debate de la ONU han obstruido la aprobación de la declaración.
Esos países integran, junto con Japón y China, "un bloque de estados muy fuerte que están haciendo todos los esfuerzos para impedir que seamos reconocidos como pueblo indígena", dijo Huilcamán.
Sin embargo, el dirigente mapuche mencionó otros países como Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú, que pueden respaldar un texto promovido por las organizaciones indígenas.
Las diferencias fundamentales entre algunos estados y los grupos indígenas giran en torno a conceptos incluidos en el borrador de la declaración.
La manzana de la discordia es el artículo 3 del proyecto, que reza: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural".
La cuestión de "la libre determinación" levanta las objeciones más severas de los gobiernos críticos del borrador de la declaración, que agita el problema de la soberanía y amenaza con la secesión y la desintegración de los países, afirman.
En estrecha relación con ese argumento, los mismos gobiernos cuestionan la denominación de "pueblos indígenas" porque la existencia de un "pueblo" y de su cultura constituyen los requisitos para el reconocimiento de una nación.
Los dirigentes indígenas aclaran que la libre determinación puede asumir formas variadas y que al negarla se incurre en racismo y en discriminación, porque la Carta de la ONU proclama que el derecho a la autodeterminación ampara a todos los pueblos sin distinciones.
Con esos antecedentes, "no tenemos confianza en que Estados Unidos, Brasil y Argentina asuman en la OEA una posición diferente", admitió Huilcamán.
Sin embargo, "la razón esencial que nos mueve es influir en el proceso de la OEA". El beneficio principal de la iniciativa será que la comunidad interamericana "pueda comprender la necesidad de reconocer nuestros derechos".
Una declaración que no recoja las principales aspiraciones de los pueblos indígenas "carecerá totalmente de legitimidad", previno el dirigente mapuche. (FIN/IPS/pc/mj/pr hd/99
