La población de Panamá empezó a sentir un sabor amargo a la privatización del servicio telefónico, que entre enero y noviembre tuvo un fuerte aumento de tarifas y que el mes próximo volverá a encarecerse.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) informó que, en promedio, el incremento fue de 21,3 por ciento tratándose de las tarifas residenciales, correspondientes a 274.866 usuarios. Para 45.798 líneas comprendidas en esa misma categoría, el alza fue de 128,5 por ciento.
En cambio, los 99.057 usuarios comerciales del servicio telefónico se beneficiaron de una reducción promedio del orden de 5,2 por ciento. Ese sector pagó hasta septiembre 0,9 por ciento por encima de la tarifa promedio anterior a enero.
El ERSP advirtió que para enero está previsto un aumento adicional de 1,4 por ciento.
Los incrementos se registraron luego de que el Estado transfiriera 49 por ciento de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones a la compañía británica Cable and Wireles, en una operación por valor de 652 millones de dólares.
Cable and Wireles será operador del servicio telefónico durante 30 años, según los términos del contrato.
La transacción incluyó la aprobación de un nuevo régimen de tarifas que, según el ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras, disminuirá para 70 por ciento de los usuarios el costo del servicio telefónico.
En enero se puso fin al sistema de tarifa única y de tiempo de uso ilimitado de 10,50 dólares mensuales que rigió desde 1974, que fue reemplazado por un régimen de tres tarifas básicas y por el pago por minutos de llamada.
En Panamá hay 134,1 líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes, así como cerca de 80.000 usuarios de la telefonía celular.
La telefonía celular está a cargo de Cable and Wireles y Bell South, de Estados Unidos, que pagaron 72,5 millones de dólares cada una por el derecho a explotar las bandas A y B de ese servicio, cuyas tarifas se rigen por la ley de oferta y demanda.
El ERSP divulgó su informe en coincidencia con protestas de sindicatos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil contra la proyectada privatización del servicio de agua potable.
La privatización de empresas públicas, que hasta ahora dejó a las arcas del Estado alrededor de 1.600 millones de dólares, forma parte del plan de reformas implementado por el presidente Ernesto Pérez Balladares para insertar el país en el proceso de globalización.
Rodolfo Benítez, dirigente del sindicato de trabajadores de Cable and Wireles, afirmó que, mientras el Estado aplica principios de uso público en sus empresas, a los operadores privados "no les preocupa nada más que recuperar su inversión" cuando se hacen cargo de ellas.
"Los principales argumentos que el gobierno esgrimió para la privatización (de las telecomunicaciones) han fracasado rotundamente", agregó Benítez.
El sindicalista advirtió que eso ha ocurrido y va a ocurrir en todos los países que traspasan la explotación de servicios públicos esenciales al sector privado.
Las privatizaciones "son fenómenos económicos que se realizan para ganar dinero, y en los que ninguna inversión se hace para que un país subdesarrollado como Panamá entre al nuevo milenio con la mejor tecnología del mundo", añadió Benítez.
Secundino Rujano, presidente de la no gubernamental Unión Nacional de Consumidores, puntualizó que el informe del Ente Regulador de los Servicios Publicos demuestra "que una vez más se ha engañado a la población panameña".
Rujano explicó que uno de los conceptos que esgrimió el gobierno de Pérez Balladares para privatizar las telecomunicaciones primero y del servicio de electricidad después, fue que éstas "no afectarían al pueblo".
La ex parlamentaria socialcristiana Gloria Moreno acotó que además de las tarifas altas que cobra Cable and Wireles "se está recibiendo un mal servicio".
Moreno subrayó que "eso mismo pasará" con el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe) y con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
Mariano Mena, secretario general de la Central General de Trabajadores, pidió a Pérez Balladares que convoque un referendo para que "el pueblo decida" si desea que se privatice el Idaan.
El sindicalista subrayó que, si no se define desde ahora el estatus de algunas empresas públicas esenciales para la economía del país o para la salud de la población, "con el mismo argumento que hoy el gobierno utiliza para el Idaan dentro de algunos meses procederá a privatizar el canal" de Panamá.
Pérez Balladares justificó la privatización del Idaan en la falta de recursos que padece el Estado para desarrollar un programa de modernización del sistema de acueductos y alcantarillados que requiere de una inversión de 500 millones de dólares.
Un argumento similar se utilizó para justificar la privatización de las telecomunicaciones y el Irhe, pese a que la antigua compañía telefónica generaba ganancias superiores a 150 millones de dólares anuales cuando pertenecia al Estado. (FIN/IPS/sh/ff-mj/if cr/98
