Los impuestos y medidas de protección a la inversión extranjera que debate el parlamento y el creciente desempleo en Colombia aparecerán sobre la mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, en la cual el primer plato serán las reformas sociales.
Tal es el escenario que rodeará el encuentro el 7 de enero entre el presidente Andrés Pastrana, del Partido Conservador, y el comandante de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda.
Esa reunión será el punto de partida de una negociación cuyo desenlace es de pronóstico reservado, pese a las generalizadas esperanzas por que se ponga fin a la guerra civil.
"Se abre un proceso de negociación política y se cierra un proceso de políticas económicas y sociales regresivas que golpean a los sectores más débiles y que favorecen a los sectores más poderosos del capital internacional", dijo a IPS Luis Valencia, analista de la Universidad de Los Andes.
"¿Qué política social negociará el gobierno con el movimiento insurgente y cuáles serán los puntos fundamentales que en materia social va a plantear el movimiento insurgente para ver hasta dónde la contradiccion se resulve?" es la interrogante que mide la incertidumbre en torno a la negociación, según Valencia.
El experto apuntó que la reforma agraria, punto nodal de la negociación, esta antecedida de una reforma fiscal donde se castiga por igual los ingresos de los asalariados y de los grandes capitales.
El tributarista Mauricio Plazas considera que Un elemento negativo del modelo de tributación colombiano es que se grava con la misma tarifa a un asalariado que a un alto ejecutivo.
En tal sentido, la fijación por decreto, sin acuerdo entre sindicatos, empresas y gobierno, del salario mínimo para 1999 en unos 160 dólares indica el deterioro del poder adquisitivo de amplias capas sociales. Entre ocho y 13 millones de los 36 millones de colombianos ganan menos de dos salarios mínimos.
Alvaro Montenegro, analista de asuntos económicos y laborales, afirmó que "sin considerar siquiera cambios en productividad, el deterioro acumulado del poder adquisitivo del salario mínimo es de ocho puntos procentuales desde 1990 hasta enero de 1998".
El desempleo llegó este año a 16,5 por ciento en las siete principales áreas metropolitanas de este país, según el instituto privado de investigaciones económicas Fedesarrollo. El desempleo femenino asciende a 19,5 por ciento, y el de jóvenes entre 20 y 29 años a 42,3 por ciento.
La recesión queda en evidencia con la merma en la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el sector financiero.
La autorización del Congreso legislativo al Poder Ejecutivo para la fusión de entidades estatales anuncian un agravamiento de la crisis social.
Las centrales obreras afirman que el plan de fusión de entidades estatales dejará fuera de la nómina oficial a entre 50.000 y 100.000 empleados cuya reubicación es incierta.
Valencia cree que a este panorama se suma otro agravante: la reforma constitucional que eliminó la expropiación sin indemnización por vía ejecutiva, para dar seguridades jurídicas a las empresas extranjeras que explotan recursos naturales.
La derogación de ese artículo de la Constitución eliminaría trabas para inversionistas estadounidenses y británicos, los más interesados en el sector petrolero, cuya exploración y explotación se localiza en zonas de fuerte influencia de las organizaciones guerrilleras.
De hecho, la decisión que fue vista con buenos ojos por calificadoras internacionales de riesgo como la estadounidense Moody's Investors Service que, tras la aprobación en el Congreso del plan de ajuste fiscal, avaló esta semana la situación del país.
"Después de varios años de estancamiento económico, el gobierno de Pastrana ha demostrado un fuerte compromiso en emprender las tan demoradas reformas requeridas", según el informe de Moody's.
El reporte se refiere a la "habilidad" del gobierno para lograr coaliciones parlamentarias que le aseguraron "la aprobación de un extenso paquete tributario".
Pero otra será la mirada de los insurgentes, con los que el gobierno libra un focejeo tanto o más complejo que el desarrollado por su equipo económico para revertir la recesión económica y atraer capitales frescos.
Una de las banderas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda organización guerrillera del país detrás de las FARC, es la defensa de los recursos nacionales, a los que reivindica con sistemáticas acciones contra la infraestructura petrolera, en especial atentados explosivos contra oleductos.
Paralelo al proceso de conversaciones con las FARC avanza otro entre el ELN y la sociedad civil con instancias de discusión que deberán culminar en 1999 con una Asamblea Nacional de la que, se presume, saldrá una propuesta para una Asamblea Constituyente.
El gobierno de Pastrana ha reconocido beligerancia política tanto al ELN como a las FARC y por ahora maneja los contactos con ambos de manera independiente.
Además, plantea una eventual tercera mesa de diálogo con los grupos paramilitares de derecha, protagonistas determinantes en el conflicto armado, cuyo desmantelamiento es exigido por la guerrilla e, incluso, por Estados Unidos.
La contradicción entre una reconocida voluntad de negociación de paz del gobierno y la aplicación en diciembre de un fuerte plan de ajuste, con nuevos impuestos y despidos, indujo a las FARC a no decretar una tregua navideña solicitada por Pastrana. (FIN/IPS/mig/mj/ip/98
