La XV Reunión del Consejo del Mercosur, que se celebró en Río de Janeiro el miércoles y el jueves, incorporó el área social a una integración hasta ahora exclusivamente comercial, según sus críticos.
La Declaración Sociolaboral aprobada "no es lo que queríamos, pero es un paso", definió Kjeld Jakobsen, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Unica de Trabajadores (CUT), de Brasil.
Los sindicalistas pretendían un protocolo "con eficacia jurídica", obligando al cumplimiento de derechos básicos de los trabajadores en todos los países del bloque. Para eso intentaron influir desde la primeras negociaciones, a través de una Coordinadora de las Centrales Sindicales del Mercosur.
Aceptaron un documento apenas declaratorio porque también se crea la Comisión Sociolaboral, un organismo tripartito que reúne a gobierno, sindicalistas y empresarios, como un foro de debates y de seguimiento de la aplicación de los principios señalados, dijo Jakobsen.
En 19 puntos, la Declaración no solo se refiere a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, sino también a cuestiones de salud y seguridad laboral, de género, ambiente, migración y combate al trabajo infantil.
Paralelamente a las reuniones oficiales del Mercosur (Mercado Común del Sur) integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la CUT, economistas y organizaciones no gubernamentales realizaron el martes y el miércoles un seminario para tratar la participación del movimiento social en el proceso de integración y problemas como el creciente desempleo en la región.
Solo 32 por ciento de los trabajadores del Mercosur tienen empleos formales, mientras 53 por ciento están sometidos al subempleo y 14 por ciento al desempleo, destacó Vicente Paulo da Silva, presidente de la CUT.
En total son unos 58 millones de trabajadores sin ocupación o en trabajos precarios, sin derechos ni garantías, situación que afecta principalmente a las mujeres, añadió Jakobsen.
Como ya es usual, la CUT promovió un acto callejero el jueves, mientras se realizaba la reunión de los presidentes de los países del Mercosur y de Bolivia y Chile, reclamando la inclusión de clusulas sociales en los acuerdos comerciales y mayor atención al empleo.
El comercio dentro del bloque se quintuplicó de 1990 a 1997, pasando a 20.200 millones de dólares, pero en ese período su intercambio con el resto del mundo pasó de un superávit de 17.300 millones de dólares a un déficit de 16.700 millones, observó Da Silva. Eso representa muchos empleos exportados.
El encuentro paralelo fue el punto de partida para creación de una Red Brasileña para la Integración de los Pueblos, a ejemplo de las que ya actúan en varios países, como Chile y México, para proponer alternativas frente a acuerdos de libre comercio.
El objetivo es incorporar en el proceso incluso a "las llamadas minorías que en la suma son una inmensa mayoría", como los campesinos, los indígenas y las organizaciones no gubernamentales, explicó Jakobsen.
Sumarse a otros sectores de la población es cada día más necesario para el movimiento sindical, debilitado por el desempleo que, según las previsiones, se acentuará en los próximos meses, ante la recesión económica en Brasil.
Además de la Declaración y la Comisión Sociolaboral, otras decisiones en esta Cumbre ampliaron las dimensiones del Mercosur. Además de instalarse la Reunión Especializada de la Mujer, se creó ese mismo tipo de organismo de asesoría para el combate contra las drogas.
Entre los acuerdos concluidos figuran dos sobre educación, uno para el reconocimiento mutuo de certificados de graduación universitaria y un plan trienal de cooperación e intercambio. También se acordó un mayor apoyo a las pequeñas empresas y las microempresas.
Los consumidores del Mercosur no cuentan aún con reglas comunes de defensa, pero sí con una resolución inicial que les asegura condiciones para quejarse de problemas en productos importados, al exigir del exportador intrabloque garantías contractuales, aseguradas por representantes en el país importador.
En el área judicial se avanzó con un acuerdo de extradición y la creación de un registro común de vehículos automotores, con un banco de datos que ayudará en la lucha contra el robo y el contrabando, además de facilitar los viajes en el Mercosur. (FIN/IPS/mo/mj/if lb/98