Las iglesias protestantes que se encuentran reunidas en la capital de Zimbabwe deben reconocer la complicidad de integrantes del clero en el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994, exhortaron activistas de derechos humanos.
El grupo Derechos Africanos, con sede en Londres, solicitó a las iglesias Anglicana, Libre Metodista y Presbiteriana, que iniciaron el jueves pasado una reunión en Harare, que se extenderá hasta el día 14, fecha del 50 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que busquen nuevas formas de contribuir con el proceso de justicia en Ruanda.
"La tragedia del genocidio de 1994 afectó a todas las iglesias cristianas, sobre todo a la Católica, a la que pertenece la mayor parte de la población ruandesa", declaró el miércoles pasado la codirectora de la organización, Rakiya Omaar.
Como los católicos, muchos en la jerarquía de las iglesias protestantes tenían estrechos vínculos con el régimen del presidente Juvenal Habyarimana. La muerte del líder -ocurrida cuando su avión fue derribado el 6 de abril de 1994- detonó la matanza de hasta un millón de personas.
"Recién cinco semanas después de que las matanzas comenzaron, cuando ya habían muerto cientos de miles de tutsis, los dirigentes protestantes y católicos ofrecieron una débil y atrasada plegaria por la paz, firmada por algunos de los obispos que están acusados de complicidad en el genocidio", dijo Omaar.
Las iglesias en Ruanda quedaron profundamente divididas tras el genocidio y muchos de sus dirigentes huyeron del país tras la derrota militar del gobierno. La experiencia de Ruanda deja en claro una alarmante falta de toma de conciencia de las iglesias.
"En instituciones de tal tamaño e influencia que, sobre todo en Africa, tienen un papel fundamental como espina dorsal de la sociedad civil, esto es inaceptable", señaló la organización.
"En definitiva, los obispos y pastores implicados son empleados de las iglesias. Las pruebas abrumadoras de que no sólo fallaron en sus deberes, sino que violaron principios cristianos deben justificar su investigación y, en caso de comprobarse, su destitución", agregó.
"El hecho de que tantas de las acusaciones procedan de otros integrantes del clero muestra lo profunda que es la crisis de las iglesias", asegura el grupo.
En "Ruanda: Las iglesias protestantes y el genocidio", un informe de 24 páginas dirigido a los delegados del CMI, Derechos Africanos compiló un catálogo de acusaciones contra obispos anglicanos que se congregaron durante el genocidio en la parroquia de Shyogwe, en la localidad central ruandesa de Gitarama, supuestamente tramando la matanza.
Samuel Musabyamana, ex obispo de la diócesis, fue acusado por dos pastores anglicanos y varios ex amigos de traicionar a los tutsis que acudieron a él por protección. "A la mayoría los entregó a las milicias", sostuvo el documento.
"A los pocos que accedió a ocultar fueron tutsis educados, los primeros perseguidos en el genocidio. El 6 de mayo de 1994 habría llevado a las milicias a sus escondites, y las habría supervisado y alentado mientras estas retiraban a los refugiados para matarlos en otro lugar", denunció.
A Musabyamana se lo vio con ministros del régimen interino, que se habrían reunido en su casa con él y otros obispos en varias ocasiones.
También son escandalosas las acusaciones contra clérigos de las iglesias Libre Metodista, Presbiteriana, Bautista y Adventista del Séptimo Día.
Sobrevivientes acusan al obispo Aaron Ruhumuliza, director de la iglesia Libre Metodista de Gikongo, Kigali, de ayudar a las milicias a perpetrar una masacre en su propia iglesia, el 9 de abril de 1994.
Michael Twagirayesu, presidente de la Iglesia Presbiteriana de Ruanda y ex vicepresidente del CMI, habría cooperado con los matadores en el bastión presbiteriano de Kirinda, Kibuye, traicionando a fieles y clérigos por igual.
"Pero estos hombres, contra los que existen pruebas tan contundentes, siguen inmunes ante la justicia. Mientras, hombres, mujeres y niños acusados de delitos menores -cuya participación en el genocidio fue sin duda influida por el ejemplo de los dirigentes eclesiásticos- permanecen en las cárceles superpobladas de Ruanda", aseguró Omaar.
Más de 125.000 personas fueron detenidas en Ruanda por su participación en el genocidio de 1994.
Dada la enorme carga que sostienen el sistema judicial de Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la localidad turística de Arusha, en Tanzania, la responsabilidad de que la justicia se haga recae en las iglesias, afirmó el grupo.
Mientras las iglesias continúen albergando a hombres y mujeres acusados de crímenes horrendos, no pueden ofrecer el tipo de liderazgo moral y espiritual que necesitan Ruanda y Africa, precisó Omaar.
"Esperamos asegurar que todos los miembros del CMI estén plenamente informados de la naturaleza de las acusaciones contra sus compañeros en el clero", dijo Derechos Africanos.
"Instamos al CMI que escuche las voces de los sobrevivientes, algunos de ellos clérigos. Sus testimonios son narraciones muy dolorosas de sufrimiento y traición. Deben escucharse, y exigen una respuesta adecuada", exhortó el grupo.
Los obispos acusados rechazan las versiones de Derechos Africanos y en su lugar acusan al colapso del estado de derecho y a la negativa del entonces insurgente Frente Patriótico Ruandés a cumplir el cese de fuego.
"La violación del cese de fuego por el Frente Patriótico Ruandés llevó al país al desorden y la población comenzó a matarse entre sí", dijo el obispo anglicano Jonathan Ruhumuliza, portavoz del grupo acusado.(FIN/IPS/tra-en/mn/aq/hd-cr/98
