Los mecanismos del sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) serán sometidos en 1999 a un proceso de reformas para lograr mayor eficiencia y a evitar la politización.
Las principales modificaciones se proyectan para el máximo organismo especializado de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, y su cuerpo subsidiario, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.
El borrador de las reformas, preparado por la mesa directiva de la Comisión tras consultar a los estados y a la sociedad civil, fue distribuido a mediados de este mes entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales especializadas.
La iniciativa se propone institucionalizar los mecanismos de la Comisión "de una manera más transparente y eficaz", dijo el embajador de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga, uno de los vicepresidentes de la Comisión.
"Esto quiere decir que los expertos internacionales no sean representantes del ejecutivo o embajadores de los países" de los que proceden, precisó Gallegos en relación con la Subcomisión.
Los 26 miembros de la Subcomisión son propuestos por gobiernos, pero actúan a título personal y no como representantes de los estados.
En las reformas propuestas por la mesa directiva de la Comisión se recomienda reducir a 15 el número de integrantes de la Subcomisión, con mandato de tres años renovable por un solo período.
"Debe haber una rotación y un trasvase de experiencias a las nuevas generaciones. No es adecuado que haya expertos con 27 o 30 años en funciones", observó Gallegos.
El proyecto sugiere también cambiar el nombre del organismo por el de Subcomisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y disminuir a la mitad su período anual de sesiones de cuatro semanas.
La iniciativa pretende que la Subcomisión abandone el mecanismo de negociación de resoluciones y se concentre en sus funciones originales de investigación y asesoría, para facilitar los trabajos de la Comisión.
Los dos grupos de trabajo dependientes de la Subcomisión, de Minorías y de Poblaciones Indígenas, continuarán en funciones, aunque la mesa de la Comisión prevé la creación de un foro permanente para los pueblos indígenas.
La idea de los autores del proyecto es que las reformas de la Subcomisión entren en vigor durante su período de sesiones del 2000.
Las modificaciones alcanzarán también a los procedimientos especiales, uno de los métodos concebidos por la Comisión para afrontar las violaciones de los derechos humanos, que consiste en la designación de expertos encargados de evaluar temas o por países.
La mesa de la Comisión propone racionalizar y robustecer la red de mandatos temáticos y por países mediante la fusión de los mandatos de los relatores especiales sobre ajuste estructural y sobre deuda externa.
El relator especial sobre desechos tóxicos se convertirá en relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Las funciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbritarias serán adjudicadas a un relator especial sobre el tema. El mismo proceso se verificará con el grupo de trabajo sobre desapariciones.
Otra propuesta pone fin al mandato del relator especial sobre mercenarios y recomienda que esa área sea tratada en el futuro por la Asamblea General de la ONU.
El borrador sugiere dar por terminado el mandato del grupo de trabajo sobre formas contemporáneas de esclavitud, un organismo dependiente de la Subcomisión de Derechos Humanos, y designar un relator especial en su lugar.
Los expertos responsables de los mandatos serán designados por el presidente de la Comisión entre candidatos de una lista que confeccionará la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Los mandatos se establecerán y renovarán por períodos de tres años y los expertos encargados se desempeñarán un máximo de seis años.
Las propuestas tienden a poner cierto límite de tiempo a los grupos de trabajo normativos, como en el caso de la convención sobre la tortura, que se arrastró largos años hasta conseguir un consenso, o de la declaración sobre los defensores de los derechos humanos, bloqueada durante 13 años por Cuba.
Las reformas se proponen despolitizar el proceso de los derechos humanos mediante el recurso de apelar a la experiencia de los individuos y desechar las confrontaciones entre estados o grupos regionales, explicó Gallegos.
El sistema de la ONU para la defensa y la promoción de los derechos ha crecido, "en forma bien intencionada pero caótica" con ciertas áreas que duplican acciones.
En consecuencia, sostuvo Gallegos, existe una serie de mecanismos de la ONU que no trabajan de manera coordinada y fluida con el objetivo principal de la defensa de los derechos humanos.
La mesa de la Comisión, integrada por su presidente Jacob Selebi, de Sudáfrica, y los vicepresidentes Iftekhar Ahmed Chowdhury, de Bangladesh, Ross Hynes, de Canadá, y Gallegos, y por el relator Roman Kuzniar, de Polonia, volverá a discutir las reformas en enero con los gobiernos y la sociedad civil.
La Comisión, formada por representantes de 53 estados, examinará el proyecto durante su sesión anual en Ginebra, del 22 de marzo al 30 de abril, aunque también existe la posibilidad de que se convoque a una sesión extraordinaria para discutir la iniciativa. (FIN/IPS/pc/ff/hd/98
