Tras ser informado oficialmente del proceso de extradición a España, el ex dictador chileno Augusto Pinochet rechazó la jurisdicción de los tribunales británicos para tratar su caso.
El general retirado permaneció cerca de una hora y media el viernes en la sala de la corte de justicia de Belmarsh, al sureste de Londres, en su primera experiencia en el banquillo de los acusados, por un proceso de extradición por delitos de terrorismo y torturas.
El diputado laborista y activista de derechos humanos Jeremy Corbin dijo al finalizar la audiencia que la actitud de Pinochet probablemente perjudicará su caso.
Este es "un gran día, porque es la primera vez que un ex dictador es llevado a una corte de esta manera a responder por sus crímenes", comentó Corbin.
La comitiva entró a la corte a las 13:35 GMT, sin detenerse ante manifestantes divididos en dos bandos. Pinochet viajaba a bordo de un auto Ford Galaxy verde con las ventanas tapadas.
"Asesino, asesino", gritaba un grupo, mientras al otro lado de la calle se escuchaban vítores al general retirado, actualmente senador vitalicio.
Unos 250 partidarios de Pinochet viajaron especialmente desde Chile para acompañarlo en una instancia que fue "una humillación", según dijo la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, en un acto celebrado en un hotel de Londres.
Jorge Cauas, un ex ministro de Pinochet, aseguró a la televisión local que el ex general de 83 años está "físicamente disminuído y decepcionado" por su situación.
La justicia británica deberá decidir una solictud de extradición presentada por el juez español Baltasar Garzón, quien procesó este este jueves a Pinochet, acusándolo de ordenar personalmente la muerte de un centenar de personas.
El proceso de extradición puede durar meses y hasta más de un año, según fuentes juduciales.
El expediente presentado por Garzón dice que Pinochet es culpable de genocidio, terrorismo y torturas, incluída la "desaparición selectiva" de unas 3.000 personas.
El auto también relata el golpe de Estado de 1973 y las órdenes de Pinochet de ofrecer un avión al presidente constitucional derrocado, Salvador Allende, para después asesinarlo en vuelo, basado en la grabación de comunicaciones radiales militares.
Garzón ordenó el arresto del ex dictador y el embargo de sus cuentas en Suiza y Luxemburgo.
La esposa de Pinochet, quien cumplió 77 años el jueves, reflejó el estado de ánimo de los opositores y exiliados del régimen, cuando dijo a sus partidarios que "van a lograr algo que han deseado todo este tiempo y que se habría podido evitar: humillar a mi marido y llevarlo a una corte" de justicia.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre por la policía británica, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por el juez español.
Días después, el Tribunal Superior de Londres decidió que su arresto era ilegal, pues disfrutaba de inmunidad en su calidad de ex jefe de Estado. Pero esa decisión fue anulada después por el máximo órgano judicial británico, la Comisión de Apelaciones de la Cámara de los Lores.
Este miércoles, el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, autorizó la continuación del procedimiento judicial de extradición. Mientras, la defensa de Pinochet apeló la decisión de los lores, argumentando parcialidad de uno de ellos, lord Hoffman, por sus vínculos con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
La decisión de Straw gatilló de inmediato una dura reacción de los militares chilenos, en particular del Ejército y la Armada, que se distanciaron del gobierno de Eduardo Frei y reivindicaron las acciones de la dictadura, que rigió el país de 1973 a 1990.
La Armada fue más lejos, cuando destacó en un comunicado su "absoluto compromiso" con el régimen de Pinochet, que habría rescatado a Chile del caos "luego del fracasado experimento marxista" encabezado por Allende.
Las declaraciones de los militares han producido divisiones en la coalición gobernante chilena, en la que participa el Partido Socialista (de Allende), y muchos de cuyos integrantes fueron perseguidos por la dictadura.
Entre los perseguidos figura el canciller José Miguel Insulza, quien es uno de los más destacados defensores de Pinochet en esta ocasión. (FIN/IPS/ws/ff/ip hd/98
