Chile conmemoró el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un ambiente tenso, marcado por el inicio del juicio de extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet, bajo arresto domiciliario en Londres.
En la ceremonia oficial de celebración de la fecha, el gobierno advirtió que sólo aceptará la extraterritorialidad de la justicia cuando alcance plena vigencia un tribunal penal internacional, bajo una legislación acordada por todos los estados.
El ministro del Interior y vicepresidente de la República en funciones, Raúl Troncoso, sostuvo que su gobierno está interesado en promover el respeto universal de los derechos humanos, pero que no permite en este terreno la primacía de unos estados sobre otros.
Troncoso intervino el jueves en un acto solemne realizado en la casa central de la Universidad de Chile, en calidad de jefe del gobierno ante la ausencia del presidente Eduardo Frei, quien se encontraba en la cumbre del Mercado Común del Sur, realizada en Río de Janeiro.
En contraste con la posición oficial, 24 organizaciones humanitarias de base aplaudieron en una declaración pública la coincidencia del inicio del juecio de extradición a España de Pinochet con el aniversario de la declaración universal suscrita el 10 de diciembre de 1948.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, acogió el miércoles el pedido de extradición del ex dictador chileno, formulado por España a instancias del juez Baltasar Garzón.
Pinochet, ex dictador (1973-90), ex comandante del Ejército chileno (1973-98) y actual senador vitalicio, es acusado en el proceso que instruye Garzón de torturas, secuestros, genocidio y actos de terrorismo de Estado internacional.
El gobierno de Frei sostiene que España carece de competencia para juzgar a Pinochet y afirma igualmente que su arresto en Londres el 16 de octubre fue ilegal, según el Tratado de Viena de 1978 sobre inmunidades diplomáticas.
La posición oficial plantea así mismo que ningún chileno puede ser juzgado en otros países por delitos cometidos en Chile, ya que ello serí a aceptar la extraterritorialidad de la justicia.
El ex presidente Patricio Aylwin (1990-94), quien también intervino en el acto conmemorativo en la Universidad de Chile, reforzó esa idea al argumentar que otros estados no tienen jurisdicción para juzgar hechos fuera de sus fronteras y no dan garantías de imparcialidad.
Chile suscribió el 11 de septiembre en Roma el acta constitutiva del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya función será conocer y juzgar delitos contra la humanidad que puedan quedar impunes por falta de condiciones para enjuiciarlos en los países en que se han cometido.
Desde el inicio de la crisis en torno a Pinochet, el 16 de octubre, el gobierno de Frei planteó que este caso justificaba la existencia del TPI, que no tendrá efecto retroactivo y cuya creación depende de que los estados ratifiquen el acta constitutiva.
El fallo del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, que el 25 de noviembre negó inmunidad a Pinochet, y el juicio de extradición a España, "son hechos históricos para el futuro de los derechos humanos y para la lucha contra la impunidad", señalaron a su vez las organizaciones humanitarias.
La declaración destacó "el esfuerzo de la comunidad internacional para lograr que los derechos humanos dejen de ser sólo un discurso y se transformen en realidad mediante apropiados y renovados instrumentos de sanción penal internacional".
Los grupos de base reiteraron que el juzgamiento de Pinochet en España se justifica porque el ex dictador está protegido en Chile por un marco de impunidad política y constitucional e impugnaron los argumentos con que el gobierno y la derecha acusan a Londres y Madrid de atropellar la soberanía nacional. (FIN/IPS/ggr/ip hd/98
