Un nuevo encarecimiento de las medicinas determinó en Panamá una dura reacción de los usuarios y la amenaza de una parlamentaria oficialista de promover el control de precios, abandonado hace cuatro años.
Los distribuidores y expendedores de medicamentos se comprometieron a fines de agosto ante una comisión parlamentaria, funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de los consumidores a rebajar 25 por ciento el 15 de este mes los precios de esos productos.
Pero en el correr de los últimos dos meses lo que se ha dado son nuevos aumentos, que en algunos casos llegan hasta 30 por ciento, denunció la legisladora Balbina Herrera, presidenta de la Comisión de Comercio del parlamento.
La afirmación de Herrera fue corroborada por una encuesta realizada por la estatal Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, así como por una investigación de la no gubernamental Unión Nacional de Consumidores de Panamá (Uncurepa).
Herrera, del gobernante Partido Revolucionario Democrático, afirmó que de no haber una rebaja sustancial de precios, "voy a pedir al (Poder) Ejecutivo que, en base al precepto constitucional que vela por el interés social, restablezca el control de precios de las medicinas".
"No es justo que después de tantas reuniones y negociaciones entre las partes involucradas en la venta de medicamentos, el pueblo no obtenga ninguna ventaja", agregó.
A comienzos de 1998, el gobierno disminuyó de 40 a 7,5 por ciento el arancel de importación de medicamentos, con el fin de lograr una rebaja de precios al público.
Herrera aclaró que los aumentos dispuestos por los distribuidores desde mediados de agosto hasta ahora "demuestran que no hay buena voluntad para cumplir la promesa que se nos hizo".
Para el presidente de la Uncurepa, Secundino Rujano, el problema del alto costo de las medicinas se debe al "monopolio que ejercen unos pocos importadores y distribuidores" de esos productos.
La ley de libre competencia prohibe los monopolios, pero Rujano aseguró que unos pocos empresarios, como es el caso del Grupo Arrocha, controlan la importación, distribución y venta al detalle de las medicinas.
Luego de indicar que hay medicamentos de uso masivo que han sido aumentados hasta 230 por ciento en los últimos tres años, Rujano dijo que el gobierno y los consumidores "fuimos engañados" por los inversionistas que controlan ese negocio cuando se comprometieron a una sustancial rebaja de precios.
Explicó que los distribuidors cargan a las medicinas importadas los distribuidores un 63 por ciento de utilidad, además de realizar la venta por lotes de varios poductos y de marcar los precios que los expendedores deben cobrar al público.
El distribuidor recibe 30 por ciento y el expendedor 33 por ciento sobre el valor de importación, aclaró el presidente de la Asociación de Distribuidores, Genaro Marino.
Sin embargo, uno de los propietarios de la farmacia "La Popular" de esta capital, dijo a IPS que los expendedores "nunca" tuvieron un margen de ganancia de 33 por ciento.
El empresario, que pidió reserva de su nombre, aclaró que en su caso, el margen de utilidad alcanza a 20 por ciento. "En algunos casos puede llegar a 25 por ciento, pero 33 por ciento jamás".
Rujano señaló que el precio promedio de las medicinas en Panamá, que está estimado en 4,34 dólares, es más alto que en Chile, donde es de 3,67 dólares, Colombia (3,93 dólares), Honduras (4,01 dólares) y en Nicaragua, donde se ubica en 4,04 dólares.
Pero Marino, de la Asociación de Distribuidores, subrayó que el costo de las medicinas en Panamá está relacionado con la calidad del producto importado por las firmas distribuidoras.
"Lo más importante no es el precio, sino la calidad", puntualizó.
También aclaró que otros países de América Central pagan un precio más alto por las medicinas, como Costa Rica, donde el promedio es de 5,98 dólares, Guatemala, 5,22 dolares, o El Salvador, donde el precio promedio es de cinco dólares.
De cocretarse el control de precios de las medicinas como amenazó Herrera, sería la primera vez que el gobierno reimplanta un mecanismo de ese tipo desde que lanzó el programa de modernización de la economía a finales de 1994 para insertar el país en el proceso de globalización.
Ese programa incluye la rebaja de los aranceles de importación hasta un promedio de 8,2 por ciento, la libre competencia, la privatización de empresas públicas y reformas a la ley laboral y al código tributario. (FIN/IPS/sh/ff/if he/98
