La comunidad indígena emberá-katíos, del norte de Colombia, ganó una batalla contra una central hidroeléctrica que pone en peligro sus vidas, al cambiar el curso del río que les proporcionaba su único medio de subsistencia.
La Corte Constitucional de Colombia ordenó el día 11 indemnizar a los indígenas por la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá y suspender el proyecto hasta tanto la empresa Multipropósitos Urrá I no cumpla con los requisitos ambientales que se le exigen.
El tribunal tomó su decisión sobre la base de la ponencia del magistrado Carlos Gaviria, quien sostuvo que una obra, por importante que sea, "no puede llevarse a cabo violando los derechos de los indígenas".
Gaviria sostuvo que con la construcción de la hidroeléctrica, localizada en el valle del rio Sinú, en Tierralta (departamento de Córdoba), en el norte colombiano, se puso en serio riesgo la etnia, cuyos integrantes tienen una expectativa de vida promedio de 44 años.
Según el magistrado, la desviación del río Sinú, prevista para llenar el embalse, causará un grave problema ecológico y terminará con el único medio de subsistencia de los indígenas y de los pescadores de la región.
La desviación del río Sinú fue iniciada por la empresa con la aprobación de las autoridades ambientales en enero de 1996.
Rafael Martínez, asesor indígena de la región, recordó que hace dos años un emberá consumía 450 kilogramos de pescado al año promedio. Ahora, por la falta de este alimento, su dieta básica se compone solo de banano y yuca (un tubérculo), que son ricos en carbohidratos pero carentes de proteínas.
La Corte tuvo en cuenta también que a los emberá-katíos se les desconoció el derecho constitucional según el cual las comunidades deben ser consultadas y participar en la toma de decisiones en los proyectos que se desarrollen en sus territorios.
El alto tribunal ordenó además a la empresa Multipropósitos Urrá I, a los Ministerios de Medio Ambiente y del Interior y al Instituto para la Reforma Agraria realizar una serie de programas de etnodesarrolllo para compensar el daño que sufrió la comunidad.
Independientemente de las indemnizaciones que se determinen, la comunidad deberá ser convocada por el Ministerio de Medio Ambiente a una consulta para que opine sobre el proyecto, lo que podría ocasionar la suspensión definitiva de la obra.
Este ministerio no había concedido la licencia para el llenado de la represa porque estaba a la espera del concepto de la Corte Constitucional.
No obstante, según el ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr, la aprobación definitiva de la obra requiere de mucho análisis "por el inmenso impacto ambiental y social que ocasionará".
Paul Sánchez, coordinador del área ambiental de la privada Corporación Nuevo Arco Iris, explicó que la construcción de la hidroeléctrica de Urrá afectará 7.400 hectáreas de la reserva natural del Nudo de Paramillo, localizado entre los departamentos de Córdoba y Antioquia (noroeste).
Sánchez sostuvo que el Nudo de Paramillo tiene un incalculable valor por contar con una gran variedad de especies exclusivas de la zona y por tener allí su nacimiento siete ríos y más de 500 quebradas.
Por su gran biodiversidad, esta reserva está considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) uno de los 10 parques naturales con mayor riqueza en el mundo.
En opinión de Sánchez, la destrucción de esta selva virgen a causa de la construcción de la hidroeléctrica sería "una pérdida irreversible".
El experto dijo que con el desvío del río Sinú para el llenado de la represa, el mar Caribe, en el que desemboca esta corriente, perdería en la zona 90 por ciento de la riqueza que posee, como el plancton, el zooplancton y millones de microorganismos.
Así mismo, al dejar de irrigar el Sinú, el valle sus tierras se volverían salinas, como ocurrió en el valle del río Nilo con la construcción de la represa de Aswan.
Con la desviación del río, desaparecieron el pez bocachico y otras especies de las que procedía el sustento de 3.000 indígenas de la etnia emberá-katío y más de 10.000 familias de pescadores de la zona.
Grupos ambientalistas habían alertado sobre el peligro de la desaparición del bocachico y del daño a otras especies mucho antes de que la represa se construyera, pese a lo cual las autoridades expidieron las licencias de construcción para las obras civiles y la desviación del río Sinú.
La represa de Urrá, en la que ya se han invertido en obras civiles cerca de 30 millones de dólares, solo producirá 340 megavatios de energía, lo que es considerado una cantidad baja frente a los daños que ocasionará su construcción.
Según algunos analistas, esta obra, pese a contar con financiación con créditos externos por 97,2 millones de dólares y a tropezar con la fuerte oposición de los grupos ambientalistas, se inició sin un estudio serio sobre el impacto ambiental que ocasionaría.
Para Sánchez, la hidroeléctrica es una forma obsoleta de generación de energía, criticada por el daño irreversible que causa a los ecosistemas y a las comunidades. (FIN/IPS/yf/mj/en pr/98
