El asesinato de más de 70 menores en la zona centro occidental de Colombia, atribuido a psicópatas o a traficantes de órganos, entre otras hipótesis, sembró alarma en organismos del Estado y entre activistas.
El defensor del Pueblo, José Castro, dijo a IPS que es "muy preocupante que hasta el momento no se tenga conocimiento de las causas que han motivado las muertes de los menores", ocurridas entre 1992 y este año.
En tanto, Elizabeth Santiago, coordinadora del no gubernamental Comité Permanente para los Derechos Humanos, manifestó que los autores podrían ser grupos fundamentalistas o de extrema derecha.
Los investigadoras consideran hipótesis diversas, como el acto de un sicópata, traficantes de órganos, sectas satánicas e incluso la denominada "limpieza social" de indigentes y marginales.
La situación fue puesta al descubierto el día 14, cuando dos obreros que limpiaban un terreno en Pereira, capital del departamento de Risaralda, a 246 kilómetros de Bogotá, encontraron dos cadáveres que colgaban de un arbusto.
El hallazgo fue denunciado a la Fiscalía General, que en ocho horas de inspección encontró restos de 12 cadáveres en un área de 120 metros cuadrados. Junto a las osamentas había uniformes de colegio, y en un bolsillo una página del diario local del 13 de octubre de este año.
Entre el 7 y el 10 de este mes habían sido encontrados los restos de otros 13 menores en una fosa de las afueras de Pereira, donde en lo que va del año se han denunciado las desapariciones de 40 menores entre 10 y 16 años.
Según los exámenes forenses, varios cadáveres que aún estaban en proceso de descomposición presentaban heridas abiertas que iban desde los genitales hasta la parte superior del abdomen y siete incisiones en el cuello que afectaban las venas carótida y yugular.
A algunas de las víctimas les habían sido extraidos los genitales, a otros los órganos internos o la sangre, y todos presentaban signos de violación.
Con los hechos de Risaralda revivieron las denuncias de casos similares en las ciudades de Zarzal, Cartago, Buga y Tuluá, en el Valle del Cauca, donde entre febrero de 1994 y septiembre de 1995 fueron encontrados cadáveres y restos óseos de 13 niños.
Según Santiago, las víctimas pertenecían a "los sectores sociales más vulnerables", como vendedores de dulces y periódicos o limpiavidrios de automóviles en las calles.
"Por lo general los niños de la calle no tienen dolientes" y quienes se dedican a estos actos de barbarie "los prefieren porque no crean una ausencia social", dijo el coordinador de criminalística de la Fiscalía, Luis González.
Gloria Betancur, del Centro de Búsqueda de Personas Desaparecidas, atribuyó el aumento de menores desaparecidos en Pereira a la alta deserción escolar y el trabajo infantil.
Un estudio de la Defensoría del Pueblo divulgado en agosto indica que en 1997 sólo 30 de cada 100 niños y niñas en edad preescolar pudieron ingresar al sistema educativo y sólo 60 de cada 100 completaron el nivel de educación primaria.
Aunque no se han encontrado cadáveres. también se ha reportado la desaparición de niñas entre 12 y 16 años. (FIN/IPS/yf/ag/hd/98
