La crisis eléctrica que sufre Chile llevó a organizaciones de consumidores y partidos políticos a demandar cambios al marco regulatorio que rige a las empresas del sector desde su privatización en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Santiago y gran parte del territorio chileno soportan desde hace una semana cortes programados de electricidad, como consecuencia de un déficit originado por la sequía que no fue informado a tiempo por las compañías generadoras al gobierno.
Claudia Collados, coordinadora de un proyecto sobre servicios públicos esenciales de la oficina regional para América Latina de Consumers International (CI), dijo este viernes a IPS que esta situación confirma las críticas a las privatizaciones.
CI hizo un estudio piloto sobre el tema en Chile y otros países latinoamericanos donde se advirtió la indefensión en que quedan los consumidores cuando el Estado traspasa la electricidad, agua potable y otros servicios básicos a empresarios privados que actúan con criterios monopólicos.
"Los apagones han hecho luz sobre un aspecto crucial: un servicio público no puede entregarse a manos privadas sin un estricto marco regulatorio", dijo a su vez el diputado Nelson Avila, del oficialista Partido Por la Democracia (PPD).
Avila y otros diputados del PPD y el Partido Socialista presentaron este jueves una denuncia criminal contra las empresas Endesa y Colbún, las principales generadoras del país, por "ocultar información y actuar maliciosamente".
La crisis se produjo por la acelerada disminución de los niveles de agua en los embalses de las plantas hidroeléctricas, como consecuencia de la sequía que se registra en Chile desde fines de 1997.
El gobierno del presidente Eduardo Frei propuso hace algunos meses, a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE), planes de ahorro y racionamiento a las compañías, pero éstas los desestimaron aduciendo que eran innecesarios.
El déficit se hizo evidente desde mediados de la semana pasada, cuando Santiago y otras ciudades comenzaron a sufrir imprevistos apagones, que se regularizaron desde el lunes, con cortes programados de dos horas en sectores predeterminados.
La secretaria ejecutiva de la CNE, María Isabel González, estimó que los apagones causan pérdidas a la economía entre un millón y 1,5 millones de dólares, y anunció que la crisis continuará hasta el 15 de diciembre.
El Estado tiene facultades para multar a Endesa y Colbún por incumplimiento de sus contratos, pero la sanción máxima es del orden de los 30.000 dólares, un monto insignificante en relación a las pérdidas que provocan los apagones y a las altas utilidades de las empresas.
Collados indicó que las pequeñas multas previstas en la legislación posibilitó a las compañías el ocultamiento de información al gobierno, eludiendo así obligaciones que les demandaban un mayor gasto.
El actual marco regulatorio establece que en situaciones en que no puedan cumplir sus contratos con el Estado, las generadoras deben comprar energía a otros proveedores, que manejan plantas termoeléctricas, para cubrir el déficit.
"La legislación establece multas muy pequeñas. Por eso las empresas no salieron a comprar energía, ya que las resultaba más barato pagar la multa. Pero el gobierno también es responsable por no controlar a tiempo la situación", dijo Collados.
La experta de CI se reunió este viernes con dirigentes de organizaciones chilenas de consumidores que están trabajando en la definición de un nuevo marco regulatorio para planteárselo a las autoridades.
Ernesto Benado, presidente del Consejo Nacional de Consumidores y Usuario (Conadecus), señaló que las leyes dejan en la indefensión a los ciudadanos, ya que las indemnizaciones a que pudieran aspirar por problemas causados por los cortes de electricidad son mínimas.
Conadecus postula que las organizaciones de consumidores deben participar en los entes reguladores de los servicios públicos, en el contexto de un nuevo marco regulatorio que deben presentar el Ministerio de Economía y la CNE, agregó Benado.
La crisis eléctrica deja en mal pie a las compañías privadas del sector, que constituye hoy por hoy uno de los más dinámicos y de mayor expansión.
Endesa, heredera de la antigua Empresa Nacional de Electricidad, privatizada por Pinochet a un bajo precio en 1988, es parte del consorcio Enersis, vinculado desde este año a Endesa- España, con inversiones en Argentina, Perú, Colombia y Brasil.
La privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en las postrimerías de la dictadura fue objetada por el bajo precio de venta de las empresas, adquiridas por empresarios y militares retirados cercanos al régimen. (FIN/IPS/ggr/ag/if/98
