Entre 50 y 80 por ciento de los 16.000 sindicatos brasileños podrían desaparecer si el Poder Legislativo aprueba una propuesta de enmienda constitucional presentada por el presidente Fernando Henrique Cardoso.
El cambio en la legislación sindical fue presentado la semana pasada, junto con las medidas de ajuste destinadas a reducir el elevado déficit fiscal y reducir la fuga de capitales golondrina causada por el temblor bursátil en Asia y Rúsia.
Las medidas propuestas por el gobierno brasileño eliminan, de un solo golpe, el impuesto sindical vigente hace más de medio siglo, la contribución confederativa introducida en 1988 y la existencia de un único sindicato por categoría laboral y por base geográfica.
El fenómeno mundial de la reducción del número de sindicatos afecta a los países industrializados hace más de una década y llega ahora a América Latina, por la puerta de Brasil.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cantidad de sindicatos en todo el mundo cayó 35 por ciento desde los años 80.
La Central inica de Trabajadores (CUT) estimó que mitad de los sindicatos brasileños tendrán enormes dificultades para sobrevivir a los cambios propuestos por el gobierno, debido al acelerado crecimiento del trabajo informal y a la explosión del desempleo, tanto en la industria como en el sector de servicios.
El desempleo en Brasil es de alrededor de 8,5 por ciento de la fuerza de trabajo, y tiende a llegar a 10 por ciento en caso de que se confirme la esperada recesión económica en el primer semestre del ano entrante, un porcentaje sin precedentes en este país.
Cerca de 30 millones de brasileños ya pasaron a la economía informal para sobrevivir al desempleo, según cálculos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).
Expertos académicos consultados por el diario Folha de SFo Paulo se muestran aún más pesimistas sobre el futuro de las organizaciones laborales en Brasil.
Según ellos, la "mortalidad" entre los sindicatos podría llegar a 80 por ciento, si se considera además la ausencia de capacidad gerencial de la mayoría de las organizaciones afectadas por la reforma que impulsa el gobierno brasileño.
"Nosotros somos partidarios, hace tiempo, de la eliminación del impuesto sindical y la introducción de la libertad de afiliación en el sector laboral", afirmó Clemente Mannes, secretario general de la CUT para la región sur de Brasil.
Pero el dirigente observó también que es necesario negociar una nueva ley para evitar que la libertad de afiliación sindical acabe corrompida por presiones de los patronos.
"Hay que establecer garantías legales sólidas para la libre asociación y eso solo se alcanzará a través de la participación de los sindicatos en la discusión legislativa", alertó Clemente Mannes.
La CUT y la conservadora Fuerza Sindical, las principales centrales sindicales de Brasil, tienen cada una 2.600 y 830 sindicatos asociados, y ya afrontan serios problemas con alrededor de 35 por ciento de sus miembros, que dejaron de pagar las contribuciones reglamentarias por falta de recursos.
La gran mayoría son sindicatos del sector privado con menos de 500 asociados, los más afectados por la cesantía.
Fuerza Sindical, no obstante las divergencias ideológicas y programáticas que la separan de la CUT, comparte la oposición al impuesto sindical y se muestra favorable a una solución negociada de los cambios en la legislación sindical brasilena.
"Imponer la reforma sindical de forma rápida y vertical creará más problemas que soluciones", alertó Ricardo Patah, tesorero de la Fuerza Sindical.
"Los empresarios y el gobierno no pueden olvidarse de que, sin la participación de los empleados, es imposible lograr los aumentos de productividad necesarios para que las empresas superen la recesión", concluyó. (FIN/IPS/cc/mj/lb/98
