Fabricantes de ropa y calzado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo sin precedentes con organizaciones humanitarias para crear una asociación independiente que controle las condiciones de trabajo e impida la explotación de los obreros en sus fábricas de América Central, el Caribe y Asia.
El acuerdo, anunciado por la Casa Blanca la semana pasada, concluyó dos años de negociaciones entre las compañías -entre ellas marcas de calzado conocidas como Nike y Reebok-, organizaciones de derechos humanos y de consumidores, sindicatos y el gobierno de Bill Clinton.
El pacto establece que la futura Asociación de Trabajo Justo (Asociación) autorizará la inspección por firmas independientes de las condiciones de trabajo que imperan en las fábricas en el exterior de las compañías participantes.
La Asociación certificará públicamente a las compañías que cumplan con un código de conducta en el trabajo.
El acuerdo para combatir el trabajo en condición de explotación es un "paso histórico para limitar" esta práctica "en todo el mundo y brindará a los consumidores estadounidenses la seguridad de que las prendas que compran se fabrican bajo condiciones de trabajo decentes y humanas", declaró Clinton.
El presidente instó a otras compañías que se incorporen a la iniciativa.
El gobierno inició la campaña para alcanzar el acuerdo en 1996, mientras una serie de artículos de prensa denunciaban la explotación de los trabajadores por algunos de los fabricantes de prendas de vestir más conocidos de Estados Unidos en sus fábricas de América Central, el Caribe y Asia.
Clinton formó la Sociedad Industria de la Vestimenta-Casa Blanca integrada por 18 compañías de ropa, sindicatos, y grupos de derechos humanos y de consumidores.
La organización se puso de acuerdo rápidamente sobre varios elementos de un código de conducta para el lugar de trabajo, como una semana laboral no superior a las 60 horas y 14 años como edad mínima para trabajar.
Resultó más difícil lograr el consenso sobre la composición de la Asociación. Las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos pretendían ser la mayoría en la dirección del nuevo organismo, pero las compañías discreparon. Ambos bandos finalmente acordaron la igualdad de representación.
Pero las negociaciones sobre otros asuntos fueron más arduas, lo que paralizó el avance en gran parte del último año e incluso amenazó con llevar la iniciativa al borde del colapso.
Entre esas cuestiones se encontraban la frecuencia y el grado de las inspecciones, las obligaciones de las compañías que operan en países que no respetan el derecho de sindicalización de los trabajadores, y si las empresas están obligadas a pagarle a los obreros un "salario viable", en oposición al salario mínimo que no cubre los costos de vida básicos.
Para superar el escollo, el gobierno encomendó al Departamento de Trabajo que estudie, en un plazo de seis meses, la "relación entre los salarios y las necesidades básicas de los empleados en la industria de la vestimenta y el calzado en el mundo".
La Asociación analizará el estudio y considerará si debe modificar el código de conducta para el lugar de trabajo.
En los países que no reconocen el derecho de sindicalización de los trabajadores, la Asociación exigirá a las compañías que "fomenten el cambio positivo y tomen las medidas para asegurar que los empleados puedan ejercer este derecho sin temor a la discriminación ni al castigo".
El proceso de inspección demandará que las compañías emprendan "controles internos y sometan sus instalaciones a la inspección externa independiente" de firmas autorizadas por la Asociación.
Las firmas independientes realizarán inspecciones periódicas en al menos 30 por ciento de las fábricas utilizadas por las compañías participantes en el exterior en un período de dos a tres años. Pasado ese lapso, las inspecciones abarcarán entre cinco a 15 por ciento de las fábricas cada año.
La Asociación decidirá cada año si las compañías cumplieron con el código de conducta como para recibir la certificación del organismo.
La decisión se basará en las conclusiones de las firmas inspectoras, en la realización de los controles internos y en la forma en que las empresas reaccionan ante los abusos e impiden su repetición.
El acuerdo se adoptó luego de que otros fabricantes dieran pasos similares para responder a la inquietud de los consumidores sobre el trabajo de explotación.
En octubre, Nike anunció que aumentaría 22 por ciento los salarios que paga a sus obreros en Indonesia. La compañía con sede en el estado de Oregon también anunció que no contratará a trabajadores menores de 16 años. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/lb-hd/98
