La Alianza de oposición de Argentina aseguró que, de ganar las elecciones del año próximo, colaborará con la justicia de España en los procesos contra quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura de este país (1976-1983).
Mientras, activistas argentinos de derechos humanos expresaron su satisfacción por el fallo en Gran Bretaña contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, requerido por la justicia de España, a quien la Cámara de los Lores retiró la inmunidad que le había atribuido antes el Tribunal Superior de Londres.
Al conocer el veredicto de los Lores, el miércoles pasado, la diputada de la Alianza opositora Nilda Garré ratificó que si esa fuerza política gana las elecciones nacionales el año próximo cooperará con la justicia española, que también tiene bajo proceso a militares argentinos que violaron los derechos humanos.
"Como lo hemos manifestado en numerosas ocasiones en el Congreso, le daremos apoyo a la justicia de España y a la de otros países que llevan adelante procesos contra los genocidas argentinos", dijo Garré a IPS.
La decisión de los Lores tuvo amplia repercusión en Argentina, donde 153 militares y agentes de seguridad están procesados, igual que Pinochet, por genocidio, terrorismo y tortura por el juez español Baltasar Garzón.
Garzón ya libró pedido de captura internacional para 11 de ellos, entre quienes figuran los comandantes de las juntas militares que gobernaron Argentina.
Dos de ellos, el ex general Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera, se hallan detenidos en Buenos Aires por el secuestro de hijos de desaparecidas.
Además de España, Alemania, Francia, Italia y Suecia investigan o iniciaron procesos contra militares que violaron derechos humanos en Argentina.
La justicia francesa condenó en ausencia al ex capitán de la Marina Alfredo Astiz por el secuestro de dos religiosas de esa nacionalidad, quienes todavía continúan desaparecidas.
Astiz, que se había infiltrado en organismos de derechos humanos durante la dictadura, asesinó a la adolescente sueca Dagmar Hagelin y es responsable de la desaparición de una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo.
"Nos parece bueno que ocurra esto con Pinochet para demostrarle a los asesinos que no pueden ir a cualquier parte con total impunidad", dijo a IPS Mercedes Meroño, integrante de esa agrupación.
A la alegría por el fallo inapelable de los Lores se sumó la expectativa por el futuro de las gestiones judiciales y la eventual extradición a España del ex dictador chileno.
"Nos parece bien, pero estamos a la expectativa. Ahora hay que esperar para ver qué curso se le da al pedido de extradición formulado por España", dijo a IPS María Cristina Caiatti, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En tanto, Garré y el diputado del Partido Justicialista (peronista) en el gobierno Humberto Roggero evaluaron de manera diferente la decisión adoptada en Londres, aunque coincidieron en calificar a Pinochet de "genocida que merece la cárcel".
Garré sostuvo que "no se trata de una alegría en el sentido de una venganza, sino de algo que nos alienta, que es que se avance en la internacionalización de los derechos humanos".
"Sin dudas esto tendrá influencia en el caso de los militares argentinos" que también son investigados o están procesados por el juez Garzón, destacó Garré, del Frente País Solidario (Frepaso), grupo integrante de la Alianza.
Roggero coincidió en que "Pinochet es un genocida y como tal debe estar preso", pero consideró que "hay puntos discutibles en el plano jurídico" con el procedimiento aplicado.
"La actitud de Garzón es jurídicamente cuestionable y políticamente peligrosa", señaló a IPS el legislador, que preside el bloque peronista de la Cámara de Diputados.
Roggero viajó a Madrid en abril para reclamarle a Garzón que investigara la muerte en esa ciudad de una de las primeras Madres de Plaza de Mayo, cuyo deceso aún no fue esclarecido.
La visita de Roggero y otros legisladores casi deriva en un incidente, pues el juez lo citó a declarar y, ante la negativa del diputado peronista, amenazó con convocarlo por la fuerza pública.
Roggero comparte la línea del gobierno del presidente Carlos Menem, quien sostiene que Garzón no tiene autoridad para juzgar delitos ocurridos en Argentina y que sus acciones vulneran principios del derecho internacional.
"Lamentablemente la justicia chilena no pudo actuar como lo hizo la de Argentina que, gracias al apoyo de toda la sociedad, pudo hacer pagar por sus culpas a los militares que violaron los derechos humanos", dijo Roggero.
"Esto se demuestra con más fuerza en la actualidad con la detención de Videla y de Massera", agregó.
El legislador oficialista consideró que "hasta tanto no haya un tribunal internacional debe ser la justicia de cada país la que juzgue los delitos cometidos dentro de sus fronteras".
"La participación de un juez de una tercera nación, más allá de los justos motivos que lo impulsen, puede provocar graves problemas políticos dentro del país involucrado que, en definitiva, afectarán a la población", dijo.
Garré, por el contrario, sostuvo que "esto le va a hacer mucho bien a los chilenos, para profundizar la democracia que consiguieron con tanto esfuerzo y que comenzó tan condicionada por Pinochet".
"Creemos que es importantísimo que estos temas se internacionalicen porque se convierte en un juzgamiento mundial. Además, en Chile no va a pasar nada, no se va a producir ninguna fractura como aseguran los partidarios de Pinochet", agregó.
La legisladora del Frepaso sostuvo que lo único que va a ocurrir es que "se van a debilitar los condicionamientos impuestos por Pinochet a la democracia chilena".
Tras admitir que hay "cosas que serán irrecuperables", Garré señaló que "no hay pueblo que pueda cicatrizar sus heridas sin la verdad" y que "la impunidad es lo peor que le puede pasar a una democracia".
La diputada también discrepó con Roggero sobre el papel que le cabe a las justicias de terceros países. "Si no hay justicia en la Argentina, algún otro juez debe hacerse cargo", subrayó.
"Lo importante es que actitudes como la adoptada en Londres demuestran que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser considerados cuestiones de Estado, como argumentó la defensa de Pinochet", indicó Caiatti.
Para el CELS, el ex dictador chileno no puede ser presentado como un ex jefe de Estado. "El no tuvo el consenso de los votos, fue un asaltante del poder, un usurpador", señaló Caiatti, para agregar luego que "jamás puede admitirse que el Estado mate".
"Nosotras siempre hemos dicho que creemos en la justicia, pero no en estos jueces (los argentinos) ni en las leyes" de amnistía a los violadores de derechos humanos sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín y el indulto decretado por Carlos Menem.
Estas normas "amparan a los asesinos y fueron sancionadas por los políticos que también se amparan en ellas por cosas que hicieron en el pasado", sostuvo Meroño.
"La única lucha que se pierde es la que se abandona", concluyó Meroño, para quien la decisión inapelable de los Lores es una consecuencia de "la movilización en las calles" de los organismos de derechos humanos. (FIN/IPS/va/mj/ip hd/98
