RUANDA: Genocidas en huelga de hambre no podrán cambiar su suerte

La huelga de hambre iniciada por ruandeses sentenciados o sospechosos de genocidio y otros crímenes en una prisión de la ONU en Tanzania no cambiará las circunstancias en que serán juzgados, advirtió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

El TPIR, basado en la ciudad de Arusha, en el norte de Tanzania, hizo la advertencia como respuesta a una carta recibida por 25 de los 32 sospechosos bajo su custodia, quienes protestan por la supuesta negación de sus derechos humanos en la asignación de abogados defensores.

"La huelga no alterará nuestros planes", sostuvo el TIPR en una declaración escrita obtenida por IPS.

La huelga de hambre fue lanzada por el ex mayor Jean-Paul Akayesu, quien cumple una sentencia a cadena perpetua por genocidio.

Akayesu, ex mayor de la localidad de Taba, al centro de Ruanda, fue sentenciado a comienzos de este mes por su papel en la matanza de 2.000 personas pertenecientes a la minoría étnica tutsi que habían pedido su protección durante el genocido de 1994.

Informes de prensa en la capital de Kenia afirman que Akayesu protesta ante la "negativa" de la corte para asignarle un abogado de su elección. Akayesu quería ser representado por un abogado canadiense que no figura en la lista de los abogados que solicitaron estar en la lista de defensores del TPIR.

El abogado canadiense "no está en la lista, y, por lo tanto, no puede ser asignado. Este es el límite. Si quiere pagar su propio abogado, puede escoger a quien le plazca", dijo en Arusha el portavoz del TIPR Kingsley Moghalu, a la agencia de noticias independiente Hirondele.

El TIPR asegura haber gastado 575.600 dólares para cubrir los costos y la remuneración de los abogados defensores de Akayesu, quien cambió sus abogados en dos oportunidades y solicitó cambios en otras dos ocasiones.

"No hay mejor prueba de los esfuerzos del tribunal para asegurar que el señor Akayesu reciba representación legal adecuada. Una situación similar se aplica a todos los demás detenidos en custodia del TIPR", sostuvo la declaración.

Akayesu fue el primer ruandés en ser condenado por crímenes de genocidio, incluyendo violaciones sexuales, que ocurrieron durante las matanzas de 1994.

El ex primer ministro ruandés Jean Kambanda, quien también fue hallado culpable de un crimen similar, fue sentenciado a cadena perpetua. Kambanda y Akayesu apelaron contra las sentencias, y otros aún son juzgados o aguardan sus veredictos.

La semana pasada, otro acusado de alto rango, Andre Rwamakuba, fue transferido desde Namibia al centro de detención del TIPR. El ex ministro de Educación en el momento del genocidio fue detenido el 21 de octubre en Windhoek, donde permanecía oculto.

El TIPR prevé gastos de hasta cinco millones de dólares para el año fiscal 1999, para hacer frente al costo de sus operaciones, que incluyen la repatriación de sospechosos y el pago de abogados defensores asignados a los detenidos que no pueden pagar los costos de contratar a sus propios abogados, para "asegurar el respeto de sus derechos humanos".

Bajo el esquema, hasta 41 abogados de Canadá, Francia, Camerún, Bélgica, Kenia, Tanzania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Holanda, República Centroafricana, Burkina Faso, Madagascar, Costa de Marfil y Túnez, fueron asignados como defensores de los detenidos en custodia del TIPR en Arusha.

Casi todos estos abogados fueron escogidos por los propios detenidos de una lista de abogados en todo el mundo, según la declaración.

El tribunal cree que las huelgas de hambre no están relacionadas con la asignación de los abogados defensores. "Incluso los programas de ayuda legal más generosos en cualquier jurisdicción nacional no compiten (con la representación legal de los acusados)", sostuvo la declaración.

En la ayuda legal de las jurisdicciones nacionales, una persona acusada en general no tiene opción en los asesores asignados a él o ella, que típicamente están empleado por el Estado.

"En el TIPR, el registro presenta a los acusados una lista de seis abogados con amplio espectro de atributos y experiencia profesional", agregó la declaración. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/lp/hd/98

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