Dominga Oscón es una campesina ayacuchana que pasa los 60 años. Desde 1984 tiene un solo objetivo en la vida: encontrar a su único hijo, que fue llevado de su casa por una patrulla militar una madrugada de febrero, acusado de terrorismo.
"Yo quise defenderlo, pero me amenazaron y me golpearon. Forcejeamos mucho y varias veces logré quitárselo a los militares, pero eran más fuertes, finalmente se lo llevaron y a veces pienso que hubiera sido mejor que me mataran junto con él", dice.
"Pero mientras tenga vida voy a seguir buscándolo, si está muerto que me entreguen su cadáver, si está vivo, que me digan donde está", añade mientras muestra a la prensa la foto de su hijo, Ernesto Motta, que lleva siempre prendida al pecho.
Como ella, miles de familiares de los desaparecidos durante el conflicto armado que azotó Perú buscan algún indicio y se han agrupado en la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos en las Zonas de Emergencia.
Cansados de que ninguna autoridad civil o militar los atienda en sus lugares de origen, decidieron trasladarse a Lima. Con fotos, banderolas, cruces y banderas peruanas desfilaron por las principales calles de la capital y lograron poner en el centro de la atención el drama que viven.
"No pueden decir que (las desapariciones) fueron un mal necesario para combatir el terrorismo ni que son cosas pasadas. Ningún argumento puede justificar estos hechos inhumanos. La proyección al futuro tiene que contar con la rectificación de los errores pasados", dice un comunicado de la Asociación.
Nadie sabe con exactitud el número de desaparecidos durante los 13 años de violencia política. Según la Asociación son casi 5.000, pero Sofía Macher, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que les brinda apoyo legal, dice que no existe un registro oficial que permita conocer la cantidad exacta.
"Se trabaja en base a las denuncias de casos documentados, estimamos que 5.000 es una cifra que se acerca bastante a la realidad", declara. La mayor parte de las desapariciones ocurrieron en remotos poblados andinos, lo que hace aún más difícil su esclarecimiento.
Dennis Vargas Marín, presidente de la Comisión Legislativa que investiga las desapariciones en las zonas de emergencia, se comprometió a evaluar el informe presentado por la Asociación y la Coordinadora de Derechos Humanos, que reseña las circunstancias en que perdieron contacto con los desaparecidos.
Vargas Marín, cuya lengua materna es el quechua, escuchó en ese idioma los testimonios de los familiares de los desaparecidos, en su mayoría mujeres, relatando la última vez que los vieron. Para muchos de ellos, ésta fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de exponer su caso ante alguna autoridad.
Todos los testimonios relatan historias de violencia extrema, miedo e impotencia. Por ejemplo, Delia Huamaní afirma que su hermano fue sacado de su casa y subido a una patrulla militar en Huanta.
"Varias horas después lo encontramos en el cuartel del ejército y durante tres días nos permitieron llevarle comida, se le veía bien, pero al cuarto día nos dijeron que ya no estaba allí, que se lo habían llevado pero no nos dijeron adónde ni quién y desde entonces (1984), lo seguimos buscando", relató.
El clamor unánime de los familiares es conocer la verdad. "Si está muerto que me lo digan, por lo menos podremos llevarle flores a su tumba", dice un anciano que perdió el rastro de su hijo luego de una incursión militar en Andahuaylas, en los Andes centrales, en 1983.
María Pía Costa, del equipo de psicoterapeutas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que trabaja desde hace cuatro años atendiendo a las víctimas y a sus familiares, dice que la única forma de consuelo para que un familiar de un desaparecido es conocer la verdad, por dura que ésta sea.
"Aunque parezca paradójico, la víctima halla consuelo cuando encuentra los restos (de su ser querido) porque ya tiene la evidencia física de la muerte", refiere. Sólo entonces comienza el proceso de resignación, la búsqueda termina y se abandona la idea de que está vivo y aparecerá en cualquier momento.
"No se puede permitir la impunidad, más aún cuando se levanta como una figura legal destinada a impedir el conocimiento y a suprimir la memoria de la población", dice la experta.
"Al hacerse justicia, se realiza una reparación simbólica que no busca la venganza. Por el contrario, este sentimiento aparece cuando el delito no es sancionado", añade. (FIN/IPS/zp/ag/hd/98
