Los sindicatos de Panamá lanzaron una campaña de protestas para demandar que se detenga el proceso de privatización de empresas públicas iniciado hace cuatro años por el presidente Ernesto Pérez Balladares.
La campaña se inició el jueves con una marcha de maestros y profesores hacia el parlamento. El martes se manifestaron en la zona céntrica de esta capital varios millares de integrantes de la Asociación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), que agrupa a unos 135.000 funcionarios del Estado.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Trabajadores (Conato), que reúne a cuatro centrales obreras y unos 40 sindicatos nacionales del sector privado, convocó para el día 27 a una marcha en esta capital en rechazo al programa de privatizaciones de Pérez Balladares.
Luis López, dirigente de la Asociación de Maestros y Profesores Independientes, subrayó que "el gobierno quiere privatizarlo todo, incluso las compañías de agua potable y la energia eléctrica que son altamente rentables y, además, brindan un servicio vital".
Recordó que la experiencia con la privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), 49 por ciento de cuyas acciones fueron adquiridas en julio de 1997 por la compañia inglesa Cable & Wireless, "ha resultado ser un fracaso porque sólo ha propiciado el incremento en las tarifas".
El coordinador del Conato, Augusto Castillo, dijo que el proceso de privatización encareció los servicios "hasta límites que sobrepasan los niveles aceptables para el usuario".
"El panorama se ensombrece aun más cuando el Ente Regulador de los Servicios Públicos, encargado de velar por los intereses de los usuarios, ordena que se transfieran al consumidor los impuestos municipales de las compañías que adquirieron los consorcios estatales", subrayó Castillo.
Una resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó esta semana a Cable & Wireless a transferir a sus clientes el costo de los impuestos que le cobran los municipios por el uso de servidumbres públicas para tender líneas de transmisión, cabinas telefónicas y otras estructuras.
Mientras, el secretario general de Fenasep, Leandro Avila, amenazó con convocar a una huelga general en respaldo a la demanda de suspender la privatización formulada por Conato, así como por el pago de prestaciones que adeuda el Estado a sus afiliados.
Avila pidió a los trabajadores "mantenerse en estado de alerta para no permitir que se entregue un servicio tan vital como el agua potable a manos extranjeras".
El gobierno panameño justificó la privatización de las empresas públicas en la necesidad de captar inversiones extranjeras para mejorar los servicios y de establecer una competencia entre varios proveedores que ayude a abaratar el precio a los usuarios.
Excepto la telefonía celular, cuya explotación comparten Cable & Wireless y Bell South, de Estados Unidos, el resto de los servicios privatizados continuaron en el régimen de monopolio que gozaban cuando eran explotados por el Estado.
Ese es el caso de las telecomunicaciones, explotadas en forma exclusiva por Cable & Wireless en asociación con el Estado, así como la distribución de electricidad.
El estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) será otorgado en concesión administrativa a un operador extranjero a cambio de una inversión de 350 millones de dólares en la modernización del servicio y una renta fija para el Estado.
Pero la privatización de este servicio carece, al igual que la de Intel y la distribución de electricidad, de una fórmula que asegure la competencia entre varios proveedores como se planteó en el plan original de venta de activos del Estado, indicó, por su parte, el dirigente de Conato Mariano Mena.
Sin embargo, el director del Programa de Privatización del Estado, Alfredo Macia, precisó que en el caso del Idaan la única fórmula que podría atraer el interés de los inversionistas extranjeros es que la empresa no sea subdividida.
A pesar de que esa entidad factura alrededor de 60 millones de dólares al año, Macia afirmó que "los estudios indican que tratandose de un país tan pequeño como Panamá (de 2,7 millones de habitantes) es mejor vender todo a un sólo concesionario".
Además de la venta de las compañías de telecomunicaciones y las de distribución de electricidad, así como una compañía cementera y otras empresas pequeñas, Pérez Balladares se propone de inmediato completar su plan de privatización con el Idaan y cuatro compañías productoras de energia eléctrica.
Estos últimos activos, que incluyen las hidroeléctricas Fortuna y Estrella-Los Valles, ubicadas en la occidental provincia de Chiriquí, Bayano, en la provincia de Panamá, y la termoeléctrica Bahía de las Minas, en la caribeña provincia de Colón, tienen un precio base de 500 millones de dólares.
Luego entrarían en el proceso de privatización el aeropuerto internacional Tocumen, el Centro de Convenciones Atlántico- Pacífico (Atlapa) y los ingenios azucareros Alanje y La Victoria, ubicados en Chiriquí y la también occidental provincia de Veraguas.
Los únicos activos que por ahora han quedado fuera del programa de privatización son los bancos Hipotecario, Caja de Ahorros, de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional.
Hasta ahora el Estado recaudó alrededor de 1.300 millones de dolares con la venta de activos públicos y espera obtener unos 750 millones más con el resto de las compañías aún no privatizadas.
La privatización de empresas públicas es parte de un programa de "modernización del Estado" impulsado por Pérez Balladares con el fin de insertar al país en el proceso de globalización económica. (FIN/IPS/sh/mj/if/98
