La organización Amnistía Internacional (AI) lanzará el martes una campaña mundial contra las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos, país que por primera vez es blanco de un esfuerzo de este alcance.
En Estados Unidos, la gama de abusos incluye brutalidad en las prisiones y pena de muerte, la que, según AI, ha sido utilizada "de forma arbitraria, injusta y racista" contra decenas de personas, entre ellas menores de edad, desde que las ejecuciones se reanudaron en 1977.
La campaña de AI involucrará a alrededor de un millón de miembros de la organización en el mundo, los que se sumarán a los 300.000 integrantes de Amnistía-EE.UU. para presionar a autoridades estatales y locales a tomar medidas.
"Estados Unidos fue fundado en el nombre de la democracia, la igualdad política y legal, y la libertad individual", destacó Amnistía en un informe de 153 páginas.
"Sin embargo, a pesar de sus proclamas de liderazgo internacional para proteger las libertades individuales, y sus muchas instituciones para proteger las libertades civiles individuales, Estados Unidos no está cumpliendo su promesa fundamental de derechos para todos", sostuvo AI.
La organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres, que en 1977 ganó el Premio Nobel de la Paz, está preocupada sobre la causa de los prisioneros o criminales sospechosos en Estados Unidos, según el informe "Estados Unidos de America: Derechos para todos".
Los prisioneros están sujetos a la conducta arbitraria, racista y a menudo brutal de la policía o funcionarios de las cárceles, y además pueden resultar víctimas de armas y restricciones que pueden infligir dolor y muerte, denunció el informe.
"Los funcionarios responsables del cumplimiento de la ley tienen una amplia gama de equipos a su disposición, lo cual a veces contribuye a las violaciones de los derechos humnos", dijo Pierre Sane, secretario general de Amnistía Internacional.
Elementos de electrochoque y armas similares, aunque están prohibidos en la mayoría de los países de Europa occidental, Canadá y algunos estados y ciudades de Estados Unidos, aún están autorizados en muchos departamentos de policía y prisiones estadounidenses, según el informe.
Estos dispositivos han causado la muerte, sostuvo el informe, que citó la muerte de dos hombres en Pomona, California, quienes murieron tras haber sido sacudidos con electrochoque en ocasiones independientes.
Además, algunas jurisdicciones utilizan cinturones de electrochoque, un dispositivo utilizado para someter a los prisioneros, más recientemente durante un juicio criminal en California.
Según las indicaciones del fabricante, el cinturón arroja a los prisioneros al piso y puede hacer que defequen u orinen involuntariamente.
"El cinturón de choque es, por su propia naturaleza, un instrumento diseñado para instalar el temor y el dolor", dijo Sane. "Aunque el botón nunca sea presionado, la constante amenaza de la descarga es inhumana".
El gas lacrimógeno, utilizado por 3.000 departamentos de policía, es otra arma que debe ser urgentemente revisada o prohibida, según el informe.
Más de 60 prisioneros murieron después de haber sido rociados, dijo Sane, y destacó que el gas tamibén ha sido aplicado en los ojos y rociado en los genitales de manifestantes, "lo que equivale a la tortura".
Además del uso de armas de alta tecnología, abusos policiales más convencionales, incluyendo ataduras en el cuello que producen estrangulación si el prisionero se mueve y de todas las extremidades del prisionero, son muy comunes en Estados Unidos.
A menudo, estas formas de violencia se emplean contra minorías raciales y étnicas que son "particularmente pasibles de sufrir la brutalidad policial", dijo el informe.
Ese tipo de brutalidad continúa en las prisiones donde la violencia física y sexual, incluyendo la violación -una forma de tortura- contra los prisioneros ejercida por guardias y otros prisioneros es "endémica".
Estados Unidos tiene una de las más altas poblaciones carcelarias del mundo. AI destacó que, al menos en junio, más de 3.500 menores permanecían alojados junto a adultos en las prisiones estadounidenses y por lo tanto víctimas de ese mismo tipo de abusos.
La pena de muerte, que es permitida por ley en 38 de los 50 estados, continúa siendo una preocupación para los defensores de los derechos humanos en Estados Unidos.
Más de 350 personas fueron ejecutadas desde 1990, 74 el año pasado, y más de 3.300 ahora en prisión están sentenciados a muerte.
El informe destacó que, aunque un número similar de personas negras y blancas son víctimas de crímenes violentos, 82 por ciento de los ejecutados en los últimos 20 años han sido procesados por matar a víctimas blancas.
"Factores como circunstancias agravantes no pueden explicar esta disparidad", concluyó AI.
Unos 24 estados permiten la ejecución de personas menores de 18 años en el momento del crimen, y, desde 1990, Estados Unidos es uno en seis países del mundo que ejecutan a menores de 18 años. Los otros son Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita y Yemen.
Desde 1989, más de 30 personas mentalmente discapacitadas también fueron ejecutadas.
Amnistía también citó el cumplimiento selectivo de Washington de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, y el uso de docenas de reservas, como el derecho a ejecutar a menores, para socavar esos tratados.
Finalmente, Amnistía acusó a Estados Unidos de contribuir con abusos de los derechos humanos en otros países por ser el mayor productor y exportador de armas del mundo, incluyendo armas que han sido utilizadas para torturar o llevar a término asesinatos políticos.
"Estados Unidos debe adoptar y cumplir rigurosamente el Código de Conducta para regular las ventas y asistencia militar, de seguridad y policial a otros países, para asegurar que las transferencias de Estados Unidos de esos equipos y experiencia no contribuyan a graves violaciones de los derechos humanos en otras partes del mundo", concluyó el informe. (FIN/IPS/tra-en/jl/lp/hd/98
