Ecuador y Perú recibieron con expectativa la oferta de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de emitir un fallo sobre el conflicto limítrofe, condicionada a que los dos parlamentos aseguren previamente su aceptación.
Los presidentes Jamil Mahuad, de Ecuador, y Alberto Fujimori, de Perú, recibieron respuesta a su pedido de intervención directa formulado la semana pasada a los cuatro garantes tras visitar a su par Bill Clinton, de Estados Unidos, el viernes.
Los países garantes (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) aceptaron intervenir, pero a condición de que los congresos legislativos de Ecuador y Perú exprese previamente su voluntad de aceptar con carácter obligatorio el fallo, sea cual fuere.
La reacción en Perú se percibe como negativa hacia este condicionamiento, tanto entre miembros del congreso como en medios de comunicación. Mientras, Ecuador vive un compás de espera, pero algunos se pronunciaron por la positiva.
El ofrecimiento fue calificado de "cheque en blanco" por el ex presidente peruano Fernando Belaúnde Terry.
Washington Herrera, ex integrante de la Junta del Acuerdo de Cartagena, explicó a IPS que el pedido de los dos presidentes para que los garantes se pronuncien se basa en el propio Protocolo de Río de Janerio.
"Tal como está la negociación, creo que es una fórmula pragmática, positiva y definitiva, sin retorno", dijo Herrera.
Mahuad explicará este martes al parlamento el alcance de la propuesta de los garantes, y se prevé que ese mismo día comience el debate, dijo el presidente del Congreso legislativo ecuatoriano, Juan José Pons, del gobernante partido Democracia Popular.
Antonio Posso, diputado del partido indigenista Pachakutik, señaló que el parlamento debería aprobar la propuesta de los garantes.
En cambio, el diputado socialista y ex vicepresidente León Roldós se manifestó contra el arbitraje de los garantes, ya que supone que reiteraría la posición que emitieron pocos meses atrás, contraria a las aspiraciones ecuatorianas en la cordillera del Cóndor.
Aunque el resto de la frontera está prácticamente delimitado, la zona de la cordillera del Cóndor, escenario de la última guerra en 1995, constituye la piedra en el zapato de los presidentes.
Ante las dificultades de las cancillerías para alcanzar un acuerdo, Mahuad y Fujimori asumieron la negociación en persona, pero aun así fueron incapaces hasta ahora de encontrar una solución satisfactoria.
Según el fallo del brasileño Días de Aguiar, emitido poco después de la firma en 1942 del Protocolo de Río de Janeiro, la frontera debe ir a lo largo de las cimas de la cordillera del Cóndor. En el mismo sentido se pronunciaron este año los garantes, en un fallo técnico-jurídico de carácter no vinculante.
Quito, que no aceptó ese fallo, reclama un enclave como Tiwinza que, a pesar de estar en el extremo opuesto de la cordillera, fueron defendidos por Ecuador en 1995 y constituyen un símbolo de vindicación de los héroes de esa guerra.
Varios dirigentes políticos consideran inconcebible ceder Tiwinza. Las mismas fuerzas armadas, que declararon su sometimiento a los resultados de las negociaciones, prefieren evitar una opinión en torno a la posible cesión del enclave.
Por esta razón y ante la posibilidad de que una solución impopular pueda ser cuestionada con fines electorales, Ecuador espera que la decisión de los garantes no repita el último fallo técnico.
"Habrá quien quiera sacar el cuerpo" y es previsible que "el Congreso, en actitud de Poncio Pilatos, trate de no involucrarse en el asunto", comentó el periodista Francisco Huerta en torno a los pronunciamientos de políticos en torno al transcurso de la negociación.
La Constitución ecuatoriana establece que la ratificación de tratados internacionales en materia territorial está a cargo del Congreso. Existe, empero, la posibilidad de un debate al respecto, debido a que el Protocolo de Río no es un nuevo tratado pues ya fue firmado y ratificado.
El Tribunal Constitucional y el congreso de Ecuador estarán a cargo de definir la competencia para aprobar el pedido de los garantes. Según la Constitución, el Tribunal también debe intervenir en los tratados internacionales.
"Lo básico es que la paz sea permanente. En consecuencia, los garantes tendrán en cuenta los intereses de los dos países para proponer una fórmula que al no satisfacer plenamente a ambas partes (porque eso es imposible en estos casos) tampoco deje cicatrices en el futuro", dijo Herrera. (FIN/IPS/gm/mj/ip/98
