Diputados, ambientalistas y empresarios privados de Costa Rica denunciaron hoy al gobierno de Gran Bretaña y una empresa de su propiedad, a la que acusan de contaminar un parque nacional con desechos de naranja.
La denuncia fue presentada por el ambientalista Alexander Bonilla, los diputados Roberto Abarca y Carlos Villalobos, representantes de la zona norte del país, donde se ubica el Parque Nacional Guanacaste, y dos empresarios privados.
La empresa acusada es la Comonwelth Development Corporation (CDC), instalada en Costa Rica a través de una subsidiaria denominada Grupo del Oro.
Bonilla dijo que la empresa arroja en el parque nacional desechos que incluyen pulpa y cáscara de naranja, lo que amenaza la producción de 28.000 hectáreas de naranjas, actividad de la cual dependen 9.000 empleos.
El ambientalista indicó que los desechos son usualmente arrastrados por la lluvia a ríos y quebradas, y aseguró que la empresa hace esto "con la anuencia del gobierno de (el presidente Miguel Angel Rodríguez".
CDC firmó en agosto un convenio con el gobierno de Costa Rica, mediante el cual el Estado le presta "servicios ambientales" a la empresa, que incluye el uso de las aguas de un río que nace en el parque y de un área de tierra para disponer los desechos.
A cambio, el Estado recibirá, al cabo de 20 años, una porción de 1.200 hectáreas de terreno para sumarlas al Parque Nacional Guanacaste.
El convenio -firmado con carácter retroactivo- aún no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República, por lo que no tiene aún validez legal. Sin embargo, desde hace un año la empresa tira sus desechos al parque.
Villalobos atribuyó la firma de ese convenio a tráfico de influencias, ya que el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Echeverría, es fiscal de la empresa y fue su representante legal, en tanto el ministro de Agricultura, Esteban Brenes, es miembro de su junta directiva.
Pero lo más grave, según el diputado, es que no se puede plantear una denuncia legal contra los representantes de la empresa porque gozan de inmunidad diplomática.
Esos privilegios les fueron concedidos debido a que hace tres años el parlamento costarricense ratificó un convenio con Gran Bretaña que incluye la extensión de la inmunidad a funcionarios y empresarios británicos instalados en el país.
El presidente de la costarricense Tico Fruit, Carlos Odio, se sumó a la denuncia en representación de la empresa y de miles de productores de naranja de la zona norte del país.
Odio dijo que Tico Fruit, industrializadora de la naranja y la piña, invirtió más de 200 millones de dólares en la zona y 14 millones de dólares en un sistema de tratamiento de desechos de cítricos para no contaminar y proteger la producción de fruta de una de las plagas más dañinas, la mosca del Mediterráneo.
Odio dijo que la mosca se concentra en la pulpa de la naranja, que se desecha, y para evitar un aumento de la plaga debe enterrarse la pulpa y no dejarla a cielo abierto, como hace el Grupo del Oro.
La denuncia de diputados, empresarios y ambientalista ha sido avalada por la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría Ambiental, pero "el gobierno no parece interesado en escuchar estos argumentos", comentó Bonilla.
Grupo del Oro es una empresa certificada por la Internacional Standard Organization (ISO) con el ISO14.001, que certifica el manejo ambiental y laboral, y con el ISO-2000, sobre calidad. Además, cuenta con aval de la Reinforest Aliance, organización ambientalista internacional que certifica su jugo de naranja.
Chris Willie, representante de la organización, dijo en septiembre al semanario en inglés Tico Times de San José que la pulpa y cáscara de naranja, tras el proceso de industrialización, no constituyen daño ambiental.
Tico Times consigna también otras fuentes que respaldan la posición de la empresa, según las cuales los desechos de naranja se están lanzando a una parte del parque que fue deforestada hace muchos años, como experimento para regenerar el suelo y enriquecerlo. (FIN/IPS/mso/ag/en/98
