Jóvenes pobres de Brasil que llegan a los 18 años sin enseñanza básica, expuestos a la tentación del delito por la falta de mejores perspectivas de vida, ganaron este año una nueva posibilidad de inclusión social.
El Servicio Civil Voluntario (SCV), creado por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, con el Ministerio y secretarías estaduales de Trabajo, comenzó con 3.100 jóvenes en el estado de Río de Janeiro en abril y la mitad de esa cifra en Brasilia.
El año próximo deberá extenderse de siete a nueve estados más y la meta consiste en llegar a 300.000 voluntarios en el 2002, "el triple de lo que reclutan anualmente las Fuerzas Armadas", señaló José Gregori, titular de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos.
El SCV ofrece a jóvenes "en riesgo de marginación" la oportunidad de completar la enseñanza primaria, que normalmente sería de ocho años en la niñez, y cursos sobre derechos humanos, informática y gestión de pequeños negocios.
Los llamados "agentes del futuro" ganan una beca de 50 dólares al mes, durante los nueve meses del servicio, estudiando de lunes a viernes. En contrapartida, prestan servicios a la sociedad y a la comunidad donde viven, casi siempre los sábados, por un mínimo de cinco horas semanales.
Donan sangre, actúan en campañas de prevención contra enfermedades endémicas como el dengue, accidentes de tránsito y la contaminación ambiental, limpian barrios, cultivan huertos comunitarios y reparan escuelas.
El objetivo es "evitar la desocupación que conduce a las drogas, al crimen", y abrir horizontes para la integración social y laboral, para la ciudadania, dijo Gregori.
El SVC cumple una función integradora y de rito de pasaje a la edad adulta que el servicio militar ejerce cada vez menos, al incorporar sólo 10 por ciento de los jóvenes, señaló Rubem Cesar Fernandes, coordinador de Viva Río, organización no gubernamental (ONG) que ejecuta el proyecto en Río de Janeiro.
Además, las Fuerzas Armadas se hicieron selectivas, al exigir la enseñanza básica completa a sus reclutas, ante la sofisticación tecnológica de sus armas y equipos. Al SVC le toca ocuparse de los excluidos, amenazados de mayor exclusión aún por la sociedad de la información, indicó Fernandes.
En Río de Janeiro, uno de los estados brasileños de mayor escolaridad, el 60 por ciento de los 82.000 adolescentes que anualmente cumplen 18 años no completó los ocho grados de enseñanza primaria.
"Lo ideal sería incorporar la mitad al servicio civil" para obtener un impacto social amplio, estimó Fernandes, pero faltan recursos para una rápida expansión del programa.
Los resultados son prometedores, "ya se nota la diferencia en las comunidades beneficiadas", evaluó Mauricio Lissovsky, coordinador de Educación de Viva Río.
Un resultado sorprendente se obtuvo en Valencia, municipio de 60.000 habitantes a 160 kilómetros de Río de Janeiro, donde la implantación de una "Estación Futuro", como se llaman los grupos de voluntarios, salvó la escuela técnica agropecuaria local, que se encontraba en estado de deterioro.
La escuela, que tenía sólo 30 alumnos a principios de este año, "iba a cerrar, pero ahora ya tiene 150 alumnos, recuperó sus instalaciones y la producción hortícola y de frutas, hace quesos, jaleas y dulces", comentó Gilmar Carlos Belm, orientador de aprendizaje del grupo.
La "Estación" se instaló dentro de la escuela por iniciativa de la Asociación de Alumnos. Sus actividades, diferentes a las de los alumnos regulares, rescataron el prestigio de la institución sostenida por el gobierno estadual y la consecuente demanda por parte de la juventud local.
En el estado de Río de Janeiro operan 104 "Estaciones Futuro", distribuidas por 34 municipios, con 25 voluntarios y hasta cinco suplentes para la deserción, estimada en 15 por ciento. En la capital estadual actúan en las "favelas", los barrios marginales.
En todos los grupos se busca el equilibrio de género y las mujeres suman 44,4 por ciento del total de voluntarios. Una sorpresa fue el gran interés por las clases de ciudadanía y derechos humanos, según Lissovsky.
La compleja estructura es una dificultad del programa. Su coordinación en cada estado es asignada a una ONG. Organizaciones locales, como asociaciones de vecinos, comunitarias y parroquias, que acogen a las "estaciones", seleccionan los voluntarios y aseguran condiciones operacionales.
A eso se agregan los numerosos orientadores y coordinadores para enseñanza básica, informática, derechos humanos o acción comunitaria, en "una gran heterogeneidad difícil de ajustar", expresó Lissovsky.
Otro problema radica en la mala gestión de muchas entidades locales. Esto exige un trabajoso apoyo de Viva Río, pero también produce un efecto positivo, al mejorar la calidad de las organizaciones comunitarias.
Violencia e indisciplina son otras dificultades. Muchos de los voluntarios "viven en la frontera del delito", dijo Lissovsky. Uno de ellos fue asesinado por ex colegas del narcotráfico que no aceptaron su "deserción", obligando al SVC a ofrecer seguro de vida y de accidentes a todos los participantes.
La maternidad precoz afecta a cerca de 30 por ciento de las voluntarias, pero ellas no abandonan los cursos. "Embarazo no es enfermedad", justificó Danielle Teixeira Seara, la primera que tuvo un hijo durante el servicio civil, el 27 de mayo. (FIN/IPS/mo/ag/hd/98
