El crecimiento de las bancadas que defienden y rechazan la reforma agraria en el Congreso Nacional y la necesidad de reducir el gasto público ante la crisis financiera auguran mayores dificultades en la cuestión de la propiedad de tierras en Brasil.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) tiene vínculos directos con ocho diputados de la actual legislatura y con 14 de la que se instalará en base a los resultados de las elecciones del 4 de octubre, todos integrantes de partidos de izquierda.
Además, cuenta con el apoyo del frente opositor de izquierda, que elevó su representación de 96 a 110 diputados. Pero se trata de una minoría pequeña en una Cámara de Diputados de 513 miembros, más limitada aún en el Senado, con 12 miembros en un total de 81.
Del otro lado, los llamados "ruralistas", hacendados activos contra la reforma agraria, eligieron 48 diputados y senadores, lo que representó un crecimiento de 50 por ciento, según uno de sus líderes, el diputado Hugo Biehl.
Esa bancada puede sumar 160 representantes, contando los terratenientes y los que defienden sus intereses, según Gilberto Portes, dirigente del MST que actúa en Brasilia junto a los parlamentarios.
Pero el ministro de Política Agraria, Raul Jungmann, consideró que "los latifundistas ya fueron derrotados políticamente" y no representan un obstáculo a la reforma agraria.
La estabilidad de la moneda desde 1994, que redujo en 60 por ciento el precio de la tierra, y leyes que gravan propiedades improductivas y agilitan su expropiación debilitaron el latifundio, explicó. La redistribución de tierras sólo no avanza más por limitaciones fiscales del gobierno, sostuvo.
La falta de recursos se agravará con el ajuste fiscal que el gobierno brasileño está negociando con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos y cubrir su déficit externo. Habrá reducción de presupuestos donde sea posible, es decir, en gastos no obligatorios.
El Ministerio de Política Agraria ya sufrió un recorte de 170 millones de dólares en este trimestre, lo que obstaculiza la meta de asentar 100.000 familias este año. Será más duro el próximo año, cuando todo el sector público tenga que ahorrar más de 20.000 millones de dólares.
El gobierno del reelecto Fernando Henrique Cardoso asentó en cuatro años a 280.000 familias, el doble de lo hecho en los 30 años anteriores en la repartición de tierras.
"Nunca se hizo tanto, pero el movimiento social lo considera insuficiente" y las demandas aumentan, reconoció Milton Seligman, presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el órgano ejecutor de la política agraria.
Será inevitable que en 1999 ocurran "más conflictos y más presión", pronosticó Portes, cuyo movimiento se hizo conocido por promover grandes marchas de protesta y ocupar predios rurales y sedes gubernamentales para reclamar rapidez en la reforma agraria.
El gobierno no fijó nuevas metas para los próximos años, lo que indica, en su opinión, que se desaceleró el ritmo de los asentamientos. Por otra parte, el MST asegura tener 60.000 familias acampadas a la espera de tierras, el triple de hace cinco años.
Asentar una familia cuesta actualmente 35.000 reales (cerca de 30.000 dólares) en promedio, según el INCRA. Además de la tierra, que responde por 20 por ciento de ese costo, hay ayuda para instalación y siembra, asistencia técnica, educación e infraestructura local.
Para mantener los asentamientos a un ritmo de unas 80.000 familias al año y mejorar su calidad, se está descentralizando la reforma agraria por medio de consejos regionales con autoridades locales y organizaciones sociales que definirán las áreas a distribuir, quiénes serán los beneficiados, qué producir y otros asuntos.
Además, se va modificando el concepto. El ministro Jungmann habla de promover "un nuevo mundo rural", donde hay que reducir la pobreza y generar empleos por varias vías, una de los cuales es la reforma agraria.
Estudios recientes indican que las ocupaciones que más se multiplican en el medio rural no son agrícolas, sino las dedicadas al turismo, artesanías y servicios en general, que no dependen de la repartición de tierras.
Además, hay cuatro millones de pequeños agricultores en el país, 10 veces más que las 420.000 familias asentadas en toda la historia de redistribución de tierras de Brasil, según el INCRA.
Sin una política de desarrollo para el campo, donde vive 23 por ciento de la población brasileña o unos 37 millones de personas, la reforma agraria puede ser una carrera perdida contra la exclusión social en el medio rural.
En los tres últimos años, 440.000 agricultores perdieron sus tierras y 1,8 millones de trabajadores perdieron su ocupación, según la Fundación Getúlio Vargas, un centro de estudios económicos.
La caída de los precios agrícolas, las tasas de interés elevadas y la mecanización son algunos factores de esa expulsión. (FIN/IPS/mo/ml/dv/98
