Legisladores de Estados Unidos presionan al presidente Bill Clinton para que colabore con el juez español que logró el arresto preventivo en Gran Bretaña del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, mientras se prepara su pedido de extradición a España.
Treinta y seis legisladores, todos del Partido Demócrata, pidieron a Clinton que entregue al juez Baltasar Garzón información clasificada relacionada con el papel de Pinochet en el "terrorismo internacional" en América Latina y en otras partes, incluso Estados Unidos.
Esa información se encuentra retenida por el gobierno a pesar de que en junio Washington aseguró que colaboraba plenamente con la investigación de Garzón y otra relacionada.
La información ayudaría a determinar la responsabilidad que tuvo Pinochet en la desaparición o el asesinato de decenas de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades, luego de que el militar diera un golpe de Estado en Chile en 1973 y derrocara al presidente Salvador Allende, aseguran los legisladores.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch también exigió el jueves al gobierno que apoye la extradición de Pinochet, quien se retiró de las fuerzas armadas este año para convertirse en senador vitalicio.
"El gobierno no puede quedar al margen en este caso. Pinochet es requerido por crímenes contra ciudadanos estadounidenses, e incluso por crímenes en territorio estadounidense. Washington debe pronunciarse a favor del procesamiento de este tirano", manifestó el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth.
A la vez, las familias de Orlando Letelier y Ronnie Karpen Moffitt, asesinados en su automóvil en septiembre de 1976 por la explosión de una bomba detonada por agentes chilenos en Washington, están considerando la posibilidad de adoptar acciones legales contra Pinochet, informaron sus abogados.
Letelier fue canciller del gobierno de Allende y Moffitt era su asistente en Washington.
Una opción, según los abogados de las familias, consiste en solicitar al Departamento de Justicia que designe a un gran jurado para procesar a Pinochet por los asesinatos de Letelier y Moffitt.
Las familias también pretenden que Clinton entregue la información clasificada a Garzón.
"Entiendo que existe una gran cantidad de información clasificada que no se entregó hasta el momento y determina la responsabilidad de Pinochet en las actividades de la DINA, la CNI y la Operación Cóndor", dijo Sam Buffone, quien representó con éxito a las familias en un caso civil contra el gobierno de Pinochet, en 1978.
La DINA y la CNI eran los principales organismos de inteligencia de Pinochet, que operaron en Chile y en el exterior contra supuestos enemigos del régimen, como Letelier.
La Operación Cóndor, que Garzón investiga desde hace dos años, fue producto de una red secreta entre los organismos de inteligencia de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años 70, que cooperaron para secuestrar y asesinar a disidentes de izquierda.
Las familias también consideran solicitar a Garzón que incluya los casos de Letelier -que organizaba una campaña internacional contra la dictadura militar cuando fue asesinado- y Moffitt en su investigación.
"Consideramos el caso español como algo muy importante. Hubo muchos testimonios ante los tribunales españoles y es nuestra esperanza que el caso siga adelante", declaró Buffone.
El gobierno de Clinton no se manifestó sobre el pedido de extradición de Garzón o la decisión de Gran Bretaña de detener a Pinochet. El Departamento de Estado negó esta semana que Washington haya instado a ambos gobiernos a abandonar el caso.
"No estamos involucrados y este es un asunto legal entre los tres gobiernos" de España, Gran Bretaña y Chile, dijo el miércoles el portavoz de la Casa Blanca, James Rubin.
El gobierno democrático de Chile protestó por la detención de Pinochet y asegura que el ex dictador goza de inmunidad diplomática.
Sin embargo, para los 36 legisladores estadounidenses, Washington debería involucrarse.
En la carta, enviada a la Casa Blanca el miércoles por la noche, los congresistas arguyen que el caso Pinochet representa una oportunidad única para que Clinton demuestre la seriedad de su lucha contra el terrorismo internacional, destacada en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el mes pasado.
"Apreciamos su compromiso para detener el terrorismo internacional, pero creemos que sin acciones concretas que respalden ese compromiso, el terrorismo internacional continuará como hasta ahora", dice la carta.
"Tenemos entendido que Estados Unidos posee material e información crítica que ayudarían a vincular directamente a Pinochet con actos de terrorismo internacional", continúa la misiva, redactada por el representante de California George Miller.
La investigación estadounidense del asesinato de Letelier y su secretaria "determinó que los homicidios fueron obra de la policía secreta chilena, y alegó, aunque no fue probado en ese momento, que Pinochet estuvo directamente vinculado con ellos", añade la carta.
"Desafortunadamente", continúa, "fuimos informados de que el Departamento de Justicia sólo entregó documentos públicos al juez español, y no ordenó la entrega de ningún material clasificado". (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-ml/ip-hd/98
