Con el arresto en Gran Bretaña del ex dictador Augusto Pinochet se abrió en Chile una nueva fase en la lucha por sancionar los crímenes contra los derechos humanos, que se enfrenta con dos términos fonética y políticamente parecidos: impunidad e inmunidad.
La inmunidad diplomática que el gobierno del presidente Eduardo Frei reclama para Pinochet, detenido preventivamente en Londres, significa ampliar a todo el mundo la impunidad que se le dio en Chile, dijeron activistas de organizaciones humanitarias.
La abogada Fabiola Letelier, presidenta del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), dijo el lunes pasado que la posición del gobierno es contradictoria con los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.
La hermana del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976 por la policía represiva de Pinochet, subrayó que en virtud de esos tratados no corresponde proteger crímenes de lesa humanidad como los que se imputan al ex dictador.
Pinochet gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, período en que se produjeron en el país 3.197 casos de crímenes contra los derechos humanos, entre desapariciones forzadas y asesinatos de opositores a la dictadura.
Los jueces españoles Manuel García Castellón y Baltazar Garzón pidieron a la justicia británica la detención preventiva del anciano general chileno para interrogarlo a propósito de las causas en su contra que se investigan en ese país europeo.
Estas incluyen cargos de genocidio y terrorismo internacional por las muertes de españoles y descendientes de españoles en Chile, y por la coordinación de organismos represivos de dictaduras militares de América del Sur en la década del 70.
El régimen de Pinochet fue objeto de condenas de la Organización de las Naciones Unidas por las violaciones de derechos humanos desde 1974, pero la dictadura desechó esas resoluciones y mantuvo sus prácticas de represión y exilio contra los opositores.
En 1978, ante la presión de Estados Unidos por el asesinato de Letelier, la dictadura buscó mejorar su imagen con una ley de amnistía que favoreció a algunos izquierdistas presos, pero que operó sobre todo como un autoperdón para los crímenes represivos del propio régimen.
Diez años después, en 1988, Pinochet fue derrotado en el plebiscito presidencial con que pretendía seguir al mando del país hasta 1997, pero dejó montado un complejo mecanismo de transición y conservó la comandancia del ejército.
La centroizquierdista Concertación por la Democracia, que gobernó con Patricio Aylwin desde 1990 hasta 1994 y con Frei desde estonces (hasta el 2000), desechó su promesa programática de derogar la ley de amnistía.
La recuperada democracia chilena vivió bajo la vigilancia de Pinochet y las Fuerzas Armadas, mientras los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas hasta 1978 chocaban con la impunidad decretada por la ley de amnistía.
Organizaciones de la sociedad civil y partidos de izquierda acusaron a los gobiernos de Aylwin y Frei de falta de decisión para atacar la institucionalidad dictatorial y de favorecer la impunidad de Pinochet y sus agentes represivos.
Los dos únicos casos destacados de justicia fueron la condena a siete años de presidio del general Manuel Contreras, jefe de la policía secreta dictatorial, en 1995, y las sentencias en 1994 contra un grupo de policías que en 1985 secuestró y mató a tres militantes comunistas.
Frei se opuso en 1996 a que el Consejo de Defensa del Estado siguiera adelante con un juicio por traspaso ilícito de unos tres millones de dólares del ejército al hijo mayor de Pinochet y en abril de este año reprobó una acusación constitucional contra el ex dictador.
La acusación fue rechazada en la Cámara de Diputados con votos de la derecha y del Partido Demócrata Cristiana, de Frei, lo cual generó críticas al gobierno por dar protecciones adicionales al ex dictador, ya resguardado por leyes de impunidad.
Según el gobierno, estas decisiones facilitaron una transición fluida en la comandancia en jefe del ejército, proceso que terminó con éxito, según Frei, el 10 de marzo, cuando Pinochet dejó el cargo para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
En tanto miembro del Poder Legislativo, Pinochet tiene derecho a un pasaporte oficial que, según las leyes chilenas, implica inmunidad diplomática, e hizo uso de esta facultad para viajar a Gran Bretaña e internarse en el centro médico London Clinic.
Es allí donde está detenido preventivamente desde la semana pasada, a la espera de que los tribunales británicos resuelvan si puede ser interrogado por los jueces García Castellón y Garzón, quienes podrían pedir también su extradición a España.
Gran Bretaña no le reconoció al ex dictador la inmunidad diplomática, lo cual abrió, como dijo la diputada socialista Isabel Allende, la posibilidad cerrada hasta ahora en Chile de llevar a Pinochet ante la justicia.
En Chile hay actualmente 11 querellas criminales contra el ex dictador, que fueron presentadas recién a partir de enero de este año por el Partido Comunista, organismos humanitarios y familiares de víctimas de los crímenes represivos.
El juez Juan Guzmán, a cargo de todas estas demandas, dijo el lunes pasado que podría solicitar las declaraciones que eventualmente Pinochet emita en Londres y anunció que en diciembre podría interrogar al ex dictador en Chile.
Lo que no está claro, hoy por hoy, es cuando podrá regresar Pinochet al país, no sólo por su estado de salud, sino también por el plazo de 40 días de que dispondría Londres para resolver sobre su posible extradición a España. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/98
