El instituto de la reelección del presidente y gobernadores, que también rige para los alcaldes a partir del 2000, es de de antemano en Brasil uno de los derrotados en las elecciones de este domingo, su primera prueba práctica.
Las acusaciones de uso electoral de la administración pública se multiplicaron contra los mandatarios que intentan mantenerse cuatro años más en su cargo. Es decir, el presidente Fernando Henrique Cardoso y los gobernadores de los 27 estados del país.
Las numerosas denuncias de corrupción, cuya dilucidación en la justicia se extienden generalmente hasta el fin de los mandatos ha fortalecido la opinión contraria a la reelección. Los 5.500 alcaldes podrían perder el derecho a postularse a un segundo período consecutivo en las elecciones municipales del 2000.
El parlamento nacional probablemente concluirá, al evaluar la experiencia de este año, que por lo menos en los municipios no se debe aplicar la reelección, dijo al diario Folha de Sao Paulo el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ilmar Galvao.
Muchas denuncias se convirtieron en acciones judiciales, al menos contra cinco gobernadores. La distribución de productos de contrabando a cambio de votos, la contratación de funcionarios sin concurso, la propaganda en obras públicas y en documentos oficiales son algunas ilegalidades cometidas.
En ciertos casos ya hubo condena judicial. El Tribunal Electoral del estado de Amapá, al norte, inhabilitó políticamente por tres años al gobernador Joao Capiberibe a fines de julio. Pero éste sigue disputando la reelección, al amparo de un recurso en la instancia superior.
Galvao y varios parlamentarios temen que, con la reelección, el abuso de poder aumente y se generalice en los municipios alejados de las grandes capitales, donde ya es habitual el dominio político y económico de mandones locales.
Si fuera legislador, "jamás aprobaría la reelección de gobernadores (de estados) y alcaldes", afirmó Galvao.
El presidente del Tribunal Superior Electoral observó que la norma constitucional que permite un segundo mandato consecutivo fue promulgada para el caso de la presidencia del país y en un momento singular, en que se la consideraba necesaria para consolidar la estabilidad económica.
Será imposible impedir abusos en elecciones en 5.500 municipios, pues en la mayoría de ellos no hay prensa para ayudar a la fiscalización, advirtió el diputado Inocencio de Oliveira, líder del Partido del Frente Liberal, la mayor fuerza parlamentaria del país.
Pero hay dudas en cuanto a establecer tratamiento electoral distinto para el presidente, los gobernadores y los alcaldes. Expertos en materia electoral, como el diputado socialista Joao de Almeida creen que eso sería inconstitucional.
Menos posibilidades de prosperar tiene la idea de prohibir la reelección en municipios de menos de 100.000 habitantes, en los que, según se supone, será especialmente difícil evitar irregularidades.
En Brasil no hay cómo impedir el aprovechamiento indebido del aparato administrativo y por eso "hay que poner fin a la reelección" en todos los niveles, declaró el diputado Carlos Apolinario, del Movimiento Democrtico Brasileño (PMDB), otro partido de fuerte representación en el Congreso.
Pero la tendencia más clara entre líderes parlamentarios no se inclina por la derogación del instituto de la reelección tras su primera aplicación, sino por limitar las posibilidades de irregularidades.
El senador Jader Barbalho, también del PMDB, anunció que propondrá luego de los comicios de este domingo una reforma constitucional exigiendo de los gobernantes la renuncia al cargo seis meses antes de las elecciones.
Por la ley electoral vigente, el jefe del Poder Ejecutivo, ya sea nacional o estadual, puede seguir gobernando durante la campaña electoral, aunque con algunas restricciones, como la prohibición de gastar en publicidad en los tres meses anteriores a la votación.
Barbalho arguye que libra una batalla desigual por el gobierno del norteño estado de Pará. Acusa al gobernador Almir Gabriel de aprovecharse indebidamente del cargo.
Las numerosas denuncias fortalecieron el movimiento por una revisión de la reelección al procederse a la reforma política, un asunto considerado prioritario para la próxima legislatura. (FIN/IPS/mo/ff/mj/ip/98
