Una ley vigente desde febrero en Costa Rica prohibe el trabajo infantil, pero 125.000 menores de cinco a 17 años lo hacen, con la complacencia de un amplio sector de la sociedad, que justifica esta situación en la pobreza.
La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia implica un cambio cualitativo en la relación entre los menores de 18 años, la familia y el Estado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Rodolfo Osorio, representante de Unicef en Costa Rica, recordó que la ley prohibe el trabajo infantil y establece que la subsistencia de la familia no es responsabilidad de los niños sino de los adultos, y si éstos no pueden, entonces del Estado.
El tema es motivo de polémica porque algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con menores consideran que no se debe prohibir el trabajo infantil, que constituye su única forma de sustento o de ayuda a su familia.
Osorio dijo que Unicef no comparte esa posición. "Se quiere plantear en algunos casos el trabajo infantil como un derecho y una forma de lograr ciudadanía, pero creemos que esa no es la forma adecuada. Si hay un problema de pobreza de menores son los adultos o el Estado los que deben asumirlo", afirmó.
Algunas ONG consideran que esto no es realista. Milagro Solís, de la organización Vecinos, instalada en tres barrios marginales de San José, señaló que lo ideal es que los menores puedan dedicarse a estudiar, pero la realidad no lo permite.
Bornier, un niño de 11 años que desde que tiene cinco trabaja vendiendo las 300 empanadas que fabrica diariamente su madre, es el presidente de la escuela donde estudia. Se lo considera un líder nato, pero no puede mantenerse estudiando.
Tanto Vecinos, como el director de la escuela han pedido al Estado ayuda para su familia, pero la respuesta es que no hay recursos, relató Solís.
Este punto de vista lo respalda el estatal Patronato Nacional de la Infancia, al alegar falta de presupuesto para cumplir con la ley. Si directora ejecutiva, Marlen Gómez, aseguró que la institución no podrá cumplir con la obligación de dar incentivos a niños trabajadores.
"Si vuelven a la escuela, nosotros le damos un subsidio a la familia, pero apenas tenemos 608 hogares cubiertos, es decir, 1.200 niños con acogimiento familiar, aunque sabemos que muchos más necesitan esta ayuda", declaró.
Alrededor de 17 por ciento de los hogares costarricenses se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, según cifras oficiales.
Tanto para Unicef como para otras instituciones, la tarea por asumir es muy grande. Para ello se creó el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que entró en funciones el día 9.
El problema de los niños costarricenses pobres no sólo es el trabajo, sino la explotación sexual y la falta de acceso a la educación. En total, se estima que en Costa Rica hay 143.000 niños en riesgo social, aunque se desconocen cifras sobre la cantidad que deambula por las calles o ejerce la prostitución.
En materia educativa, sólo 21 de cada cien termina la enseñanza secundaria y, pese a que es gratuita y obligatoria, en 1998 sólo estudian 55 de cada cien personas en edad de hacerlo.
Según una denuncia hecha este mes por la Defensoría de los Habitantes, más de 121.000 menores trabajadores son víctimas de explotación laboral, cumpliendo una jornada más larga que la legal y con salarios menores al resto de la población.
Esa cifra corresponde a 13 por ciento de los 925.723 costarricenses entre cinco y 17 años.
A la vez, aseguró la Defensoría, 46 por ciento de los niños que trabajan no cumplen con la edad mínima de 15 años que se requiere para incorporarse al mercado laboral, con un permiso especial del Patronato Nacional de la Infancia.
Unicef extrajo conclusiones complementarias de una encuesta realizada para determinar el pensamiento de los costarricenses sobre los temas que afectan a los niños y adolescentes.
Según esa consulta, sólo 53 por ciento de la población conoce o percibe el problema del trabajo infantil y 73 por ciento piensa que trabajan por razones de pobreza.
Sólo 49 por ciento de la población lo desaprueba abiertamente y está de acuerdo con la ley que lo prohibe a menores de 15 años. En tanto, 18 por ciento aprueba abiertamente el trabajo infantil y considera que la sociedad no debe ayudar a este sector.
Dentro de este 18 por ciento, las personas que menos apoyan la tesis de que los menores se eduquen son los que se dedican a la agricultura y la ganadería, los obreros y jornaleros, que ven en ellos mano de obra de apoyo.
El 81 por ciento de la población valora altamente la educación y considera que es la solución a los problemas de trabajo y prostituciòn infantil, según la encuesta de Unicef. Sin embargo, es mínimo el porcentaje que considera que debe castigarse a los que contratan a los niños o los explotan. (FIN/IPS/mso/ag/hd/98
