El Parlamento español acometerá este martes el debate de la despenalización del aborto con los votos prácticamente empatados y con la última palabra en manos de una veintena de diputados nacionalistas libres de disciplina partidaria.
Por iniciativa de los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista) y Nueva Izquierda (NI, escisión de IU, pro PSOE), se discutirán en el Congreso de los Diputados dos proyectos de ley para ampliar la despenalización del aborto.
El centroderechista Partido Popular (PP), que controla el gobierno, instruyó a sus diputados a votar contra las dos propuestas, y la disciplina partidaria se impondrá sobre el criterio personal de algunos legisladores, como Celia Villalobos, que creen necesaria la despenalización.
El PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso, de 350 diputados, y la izquierda sólo suma 164 votos (141 del PSOE, 16 de IU y siete del Bloque Nacionalista Gallego), lejos de la cantidad requerida de 176 pronunciamientos.
La paridad de fuerzas deja la resolución final en manos de los diputados que puedan votar "en conciencia", rompiendo la disciplina partidaria o haciendo uso de la libertad que para el caso conceden a sus representantes los nacionalistas catalanes, canarios y vascos.
El aborto está despenalizado desde 1985 cuando concurra una de tres condiciones: violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre.
El PSOE propone ahora que se despenalice también cuando lo impone un conflicto personal, familiar o social grave y si se produce dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
La propuesta de IU y NI se diferencia de la socialista en que amplían el plazo para la legalidad del aborto a 14 y 16 semanas respectivamente.
La oposición más dura a las dos iniciativas procede del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, que emitió el día 13 un comunicado con el título de "Licencia aún más amplia para matar a los hijos".
"Para un católico no existe libertad de voto en lo que respecta a una ley como ésta", advirtió el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo.
La jerarquía eclesiástica movilizó sus fuerzas en vísperas de la votación, con homilías referidas al tema en todas las misas celebradas el domingo por unos 20.000 sacerdotes. Este lunes se sucedieron mamifestaciones frente al parlamento a favor y en contra de la despenalización.
Por la mañana, representantes de 30 asociaciones de mujeres entregaron cartas a cada uno de los diputados, pidiéndoles que voten afirmativamente el proyecto despenalizador. Por la tarde, le tocó el turno a quienes condenan tal posibilidad.
Además, unos 24.000 españoles enviaron cartas al presidente del Congreso, el centrista Federico Trillo, solicitándole que no se amplien los supuestos en los que se considera legal el aborto.
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, insistió este lunes en que los tres supuestos legales de despenalización del aborto vigentes en España "son suficientes a los efectos de proteger situaciones en las que prevalece el derecho de la madre".
La posición de la Iglesia y del PP es duramente criticada por los partidos de izquierda, las centrales sindicales mayoritarias y las organizaciones no gubernamentales aconfesionales.
Pero también se suceden las críticas desde filas católicas. Isabel Gómez Acebo, una teóloga liberal y feminista, profesora bíblica en la Universidad Pontificia de Comillas, es antiabortista pero, dijo al diario El País que "tener un hijo de un violador es algo que no se le puede pedir a nadie".
Otro teólogo, progresista, Enrique Miret Magdalena, afirma que con su posición, los obispos están logrando que la gente se aparte de la perspectiva religiosa.
Paloma Alfonso, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, se declara indignada con los obispos "que desconocen el problema" y reivindica "la rancia tradición católica de la libre conciencia".
Aunque la interrupción del embarazo no está penalizada en tres supuestos, desde 1990 a la fecha sólo se practicaron legalmente unos 370.000 abortos en toda España.
Hay provincias donde ningún centro hospitalario practica la interrupción del embarazo, sea por objeción de conciencia de los médicos o de los anestesistas, o porque la paciente no logra reunir todos los informes y firmas que certifiquen su situación.
Por eso, muchas mujeres siguen abortando en condiciones precarias y sin asistencia médica profesional. Las que disponen de medios económicos y no pueden hacerlo en España viajan al exterior.
El diario El Mundo informó que sólo a la clínica privada londinense del British Pregnancy Advisory Service acuden cada año un centenar de españolas para abortar. Además del traslado y alojamiento, deben abonar 1.000 dólares de honorarios. (FIN/IPS/af/ff/ip/98
