La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta semana en forma abrumadora un aumento de los fondos para detener el flujo de narcóticos procedente de América Latina.
Por 384 votos contra 39, la cámara baja, dominada por el Partido Republicano, aprobó la Ley para la Eliminación de las Drogas en el Hemisferio Occidental, que demanda un gasto adicional de 2.300 millones de dólares durante los tres próximos años en actividades de interdicción y erradicación de drogas.
La propuesta legislativa aprobada el miércoles pasado, que ahora pasará al Senado, también establece condiciones para la entrega de la ayuda a México y Colombia que probablemente provocarán controversia en esos países.
El proyecto requiere que Washington suspenda su ayuda a Colombia si el nuevo gobierno de Andrés Pastrana, quien espera negociar un tratado de paz con los insurgentes, acuerda con éstos establecer zonas desmilitarizadas en las que no haya control sobre las drogas.
El proyecto también destina 18 millones de dólares para que México compre seis helicópteros de gran altitud con el fin de erradicar cultivos de opio, pero condiciona su ayuda a la obtención de inmunidad diplomática y permiso de porte de armas para los funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos.
En el pasado, México rechazó tales exigencias.
Pero la principal característica del proyecto consiste en el gran aumento de los fondos para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos mediante operaciones de interdicción y erradicación en el exterior.
La administración de Bill Clinton, en cambio, pone énfasis en la reducción de la demanda de drogas en territorio nacional.
El general retirado Barry McCaffrey, jefe de la oficina de política nacional contra las drogas de la Casa Blanca, manifestó este miércoles su oposición al proyecto en un testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
McCaffrey, conocido como el "zar" de la lucha antidrogas, consideró "completamente irreal" el objetivo del proyecto de reducir en 80 por ciento el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos en un plazo de tres años.
Así mismo, sostuvo que la propuesta legislativa impone "requerimientos inflexibles", y criticó una disposición que exige a la policía de Colombia utilizar fondos para adquirir "sistemas de detección de cables y túneles en la prisión de La Picota".
"El éxito o fracaso de la interdicción no es el principal factor determinante del consumo ilegal de drogas", señaló McCaffrey, y agregó que la demanda alentada por la aceptación social del uso de drogas y la disponibilidad en fuentes domésticas son factores igualmente importantes.
Por otra parte, los promotores del proyecto sostienen que el gobierno otorga demasiada prioridad a la reducción de la demanda y tiene escasos argumentos para defender esa posición.
Las últimas encuestas de adolescentes en Estados Unidos revelan un aumento del uso de drogas ilícitas desde comienzos de la década. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml/ip/98
