Una de las metas cruciales del acuerdo que acabó con 36 años de guerra civil en Guatemala, la reducción del ejército, se cumplió con éxito, pero no será suficiente para disminuir el poder militar, según activistas de derechos humanos.
La firma del acta que establece la desmovilización final del 33 por ciento de los efectivos del Ejército se llevó a cabo la noche del miércoles.
El ministro de Defensa, general Héctor Barrios Celada, informó que fueron desmovilizados 15.474 efectivos, 33 por ciento del total, y que quedarán en sus puestos 31.423.
El presidente Alvaro Arzú dijo que la finalización de este proceso es trascendental para el país, "ya que con eso se confirma la voluntad de las Fuerzas Armadas para transitar en tiempos de paz".
"Los acuerdos de paz se están cumpliendo y esto es un claro ejemplo", agregó.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala, constató que entre enero y agosto se redujo "a cabalidad" el número de efectivos del ejército a 31.423.
La misión debió inspeccionar el personal militar destacado en 14 zonas militares, tres bases aéreas, dos bases navales, tres brigadas y otras siete unidades y organismos, que en su conjunto representan el 81,04 por ciento del total de las fuerzas armadas guatemaltecas.
Los funcionarios internacionales señalaron que, aunque la tarea de verificación llevó ocho meses, "su realización no ha sido difícil" debido a la "cooperación de los mandos, oficiales y tropas ".
La misión de las Naciones Unidas observó que las fuerzas armadas asumieron la reducción numérica de la institución como necesaria en un proceso que las llevará a desempeñar una nueva función en la construcción de la nueva nación guatemalteca.
La reducción se suma a otros compromisos ya cumplidos, como el ajuste del presupuesto militar, la disolución de la Policía Militar Ambulante y la desmovilización y desarme de los Comités Voluntarios de Defensa Civil.
Sin embargo, la misión resaltó que aún restan por cumplir retos importantes y probablemente más complejos que los ya superados, como la adopción de una nueva doctrina acorde con la misión de defensa externa y de un nuevo sistema de educación y entrenamiento.
También faltaría una reforma a la Ley Constitutiva del Ejército y la reestructura de los organismos de inteligencia del Estado, entre otras.
Karen Fisher, dirigente de la Alianza Contra la Impunidad, dijo a IPS que "esta reducción significa que la sociedad civil se está fortaleciendo paso a paso y que se está dando cumplimiento a los acuerdos de paz".
Fisher consideró que el ejercito continúa teniendo mucho poder, "aunque ya no como antes", pues "controlan muchas cosas que ya no deberían controlar".
"El ejército continúa detentando poder real, pero soy optimista. Creo que hay una nueva mentalidad entre los oficiales jóvenes, que paulatinamente van a entender que solo los civiles pueden ostentar el poder", concluyó.
Amílcar Méndez, diputado del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, exhortó a verificar la inexistencia de datos ficticios entre los difundidos respecto de la reducción del ejército que se concretó.
"Es incongruente que si de cada 100 miembros del ejército se van 33 estén proponiendo un aumento exagerado, de casi siete millones de dólares, para el presupuesto. Esos recursos se traducen en poder y yo votaré en contra", dijo Méndez a IPS.
El legislador agregó que no se puede hablar de fortalecimiento del poder civil cuando no se aumenta el presupuesto del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni el correspondiente a la atención de la salud.
Con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996 entre el gobierno y la guerrilla, Guatemala terminó con un enfrentamiento armado interno de 36 años, que causó más de 150.000 muertos, un millón de desplazados internos y 45.000 refugiados reconocidos.
La firma de la paz, tras casi un decenio de negociaciones, contempla un conjunto de acuerdos pactados que implican una verdadera reforma del Estado, además de un programa nacional de desarrollo considerado clave para el tránsito democrático en Guatemala. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/98