La política de Estados Unidos hacia Chile antes del golpe de Estado de hace 25 años tuvo efectos inesperados sobre la opinión pública de este país, que presionó al Congreso para la aprobación de leyes protectoras de los derechos humanos.
"No veo porqué debemos detenernos y mirar cómo un país se vuelve comunista a causa de la irresponsabilidad de su propio pueblo", declaró en junio de 1970 Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional del ex presidente Richard Nixon, antes de la elección de Salvador Allende como presidente de Chile.
Poco sospechaba Kissinger en 1970 sobre las consecuencias que tendrían sus declaraciones y la política que encubrían.
Por supuesto, no le habría sorprendido que culminaran en un violento golpe de Estado contra Allende el 11 de septiembre en 1973. Pero lo que sin duda no esperó fue la reacción en cadena desatada en Estados Unidos por el golpe.
"El golpe fue absolutamente seminal para el movimiento de derechos humanos en este país", dijo Tom Quigley, asesor sobre América Latina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y uno de los arquitectos claves del papel de la comunidad religiosa en ese movimiento.
"Chile fue el catalizador para que el movimiento de los derechos humanos y el Congreso atacara al Ejecutivo por su respaldo a gobiernos extranjeros sin tener en cuenta cómo trataban a su propio pueblo", dijo Joe Eldrige, quien trabajó como misionario metodista en Chile.
Eldrige retornó a Estados Unidos después del golpe para convertirse en el primer director de la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA), respaldada por la iglesia.
La reacción contra el golpe 25 años atrás contribuyó a la aprobación por el Congreso de la primera de una serie histórica de leyes sobre derechos humanos contra la junta militar en Chile y otros regímenes opresores.
Además, desató audiencias en el Congreso que avergonzaron a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) e impusieron restricciones sin precedentes a su libertad de acción y supervisión.
En sus declaraciones de 1970, Kissinger se refiría a la intervención de Washington en las elecciones chilenas, como había hecho repetidamente desde 1958 para asegurar que los socialistas, liderados por Allende, no capturaran La Moneda, el palacio presidencial.
En 1962, por ejemplo, la CIA destinó cuatro millones de dólares a favor del demócrata cristiano Eduardo Frei. En las elecciones de 1964, la agencia cubrió la mitad de los costos de la campaña de Frei y organizó su propia "campaña del terror" contra Allende.
En 1970, sin embargo, los subsidios de la CIA, y fondos paralelos de las multinacionales estadounidenses Anaconda e International Telephone and Telegraph (ITT) no tuvieron el efecto deseado.
Para sorpresa del gobierno de Nixon, Allende ganó una carrera de tres pistas el 4 de septiembre, haciendo que Nixon y Kissinger ordenaran una operación de dos vías para evitar la instalación de Allende por el parlamento chileno a fines de octubre.
La "Vía I" consistía en una campaña política, económica y de propaganda para crear pánico, chantajear al congreso legislativo y, de ser necesario, persuadir a Frei a interrumpir el proceso constitucional.
"La Vía II", sobre la cual incluso el Departamento de Estado (cancillería) no fue informado, fue diseñada para fomentar un golpe militar.
Ninguno de los planes funcionó aunque dos generales, armados por la CIA, intentaron un plan secuestrando al jefe del estado mayor militar, el general Rene Schneider. El esfuerzo fracasó con la muerte de Schneider al resistir el secuestro.
A partir de ese momento, los esfuerzos de Estados Unidos se abocaron a la desestabilización. El gobierno cortó toda la ayuda a Chile, excepto la militar, negando créditos de exportación y préstamos multilaterales. "Haced que la economía aúlle", habría ordenado Nixon, según informaciones de la época.
A la vez, la CIA continuó secretamente con "Vía II, Proyecto Fubelt", a través de la guerra psicológica, financiando y asistiendo diarios contra Allende, respaldando a grupos violentos de derecha, incluyendo el notorio Patria y Libertad, financiando huelgas de sindicatos contrarios a Allende y manteniendo un fuerte contacto con líderes militares.
Aunque no hubo evidencias concretas de que la agencia ordenó o jugó un papel real en el golpe del 11 de septiembre que llevó al general Augusto Pinochet al poder, altos funcionarios de la CIA admitieron que todas sus actividades fueron diseñadas para crear condiciones para un golpe.
Kissinger y Nixon, sin embargo, no habían contado con la reacción del público, en especial las escenas televisadas y las historias sobre la brutalidad del golpe y el régimen militar.
"El golpe creó un 'síndrome Chile', consistente en una combinación de introspección moral sobre las intervenciones contra democracias en el exterior y el tema de los derechos humanos como tema nacional", dijo Peter Kornbluh, investigador del Archivo de Seguridad Nacional.
"Lo que hizo único a Chile fue lo imprevisto y brutal del golpe y la represión", dijo Quigley, quien junto a la iglesia y otros activistas se apresuró a crear WOLA, la primera organización con base en Washington dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Tras la creacón de WOLA varios meses después del golpe, se aprobó legislación que prohibió la ayuda militar a Chile, pasando por encima de la oposición de Kissinger. A la vez, el Congreso creó comités especiales para investigar las operaciones encubiertas de la CIA, en especial sus acciones en Chile.
Mientras, la prohibición de la ayuda militar contra Chile demostró ser sólo el comienzo de varias leyes sobre derechos humanos sin precedentes.
En 1975 y 1976, el Congreso aprobó nuevas leyes, prohibiendo todo tipo de ayuda a Chile a excepción de la humanitaria, y a cualquier país que participara en "fuertes violaciones de los derechos humanos reconocidas internacionalmente".
En noviembre de 1976, el demócrata Jimmy Carter, quien hizo de los derechos humanos el centro de su plataforma de relaciones exteriores, -y su crítica de la política de Kissinger-, fue electo presidente. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/ip hd/98
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