Estados Unidos reiteró su negativa a descontaminar las bases militares y polígonos de tiro de las riberas del canal de Panamá, lo cual agudizó la polémica entre gobiernos y expertos de ambos países.
Los tratados firmados en 1977 obligan a Estados Unidos a dejar el canal y las áreas de sus actuales bases militares y campos de tiro libres de contaminación y totalmente saneadas cuando se produzca su retiro de Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Portavoces del ejército y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos afirman que, que como no se desarrolla hoy un procedimiento que garantice la descontaminación total de esas tierras, Estados Unidos dará por terminada su obligación el 31 de diciembre de 1999.
El ex presidente de Panamá Jorge Illueca atribuyó la negativa de Estados Unidos a cumplir con esa obligación a la intención de evitar el desembolso de los 10.000 millones de dólares que cuesta la descontaminación.
El asunto es hoy motivo de debate en Panamá, en el marco de una reunión ordinaria de la Comisión Mixta sobre Medio Ambiente integrada por representantes de los dos países.
El consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Lewis Amselem, copresidente de esa comisión, dijo que después de 1999 le toca a este país "asumir la responsabilidad del saneamiento de los polígonos con sus propios recursos financieros y humanos".
"Después de 1999, Panamá es responsable del manejo de los campos de tiro con los riesgos que ello involucra por la presencia de municiones", acotó Amselem.
Pero el representante panameño y también copresidente de la Comisión Mixta sobre Medio Ambiente, Fernando Manfredo, afirmó que "mientras subsistan las amenazas a la vida, la salud y la seguridad humana, el saneamiento de los polígonos de tiro sigue siendo responsabilidad de quien creó la situación".
"Se trata de una responsabilidad económica y moral que Estados Unidos debe afrontar, no importa el costo económico ni el tiempo que requiera", advirtió Manfredo, subadministrador del canal de Panamá entre 1979 y 1989.
Entre los 1.442 kilómetros cuadrados que constituían la antigua zona del canal bajo administración exclusiva de Estados Unidos hasta el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados, figuran al menos 15.000 hectáreas utilizadas para bombardeos y prácticas de tiro como municiones de todo tipo.
Entre ellas, unas 3.000 hectáreas tienen alta concentración de munición sin detonar, agentes contaminantes y supuestos restos de armas quimícas, bacteriológicas y radioactivas, según la organización no gubernamental estadounidense Fellowship of Reconciliation (Camaradería y Reconciliación).
De acuerdo con un informe presentando por ese grupo en agosto, desde la década de 1920 Estados Unidos desarrolló "un programa activo de armas químicas, entre ellas gas mostaza, en al menos siete bases militares de Panamá".
Fellowship of Reconciliation advirtió que en el Fuerte Clayton, cerca de la capital, y en la isla de San José, en el litoral Pacífico de Panamá, el ejército de Estados Unidos realizó más de 130 pruebas con gas mostaza, mostaza destilada, fosgeno, cloruro cianógeno y cianuro hidrógeno entre 1944 y 1947.
Tras indicar que esos agentes químicos conservan varias décadas su poder letal, Fellowahip of Reconciliation señaló que los restos de esas armas fueron almacenadas en un lugar secreto de la base militar de Río Hato, 130 kilómetros al oeste de esta capital, hoy bajo jurisdicción de Panamá.
En el Centro de Pruebas Tropicales, localizado en la región de Chivo Chivo, cerca de la capital, Estados Unidos habría realizado prácticas y almacenado varios tipos de municiones cargadas con elementos químicos, entre ellas minas M-23 que contenian 4,77 kilogramos del agente neurotóxico VX.
Diez miligramos del agente VX constituye una dosis mortal para cualquier ser humano, denunció Fellowahip of Reconciliation.
En ese mismo sitio, el ejército de Estados Unidos relizó pruebas y luego almacenó municiones antitanque cargadas con uranio agotado a partir de 1990.
El biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la estatal Universidad de Panamá, Carlos Arellano Lennox, indicó que la obligación de Estados Unidos no incluye solo las municiones vivas que quedan en los polígonos de tiro sino todos los agentes contaminantes.
"Tan letal como una bomba o una granada de mano lo son las diversas sustancias cuyos efectos de mortalidad son de períodos más largos y en otras ocasiones producen daños irreparables a seres vivos, incluyendo a los humanos", subrayó Arellano Lennox.
Sustancias como el dinitrotolueno, que daña la sangre y los nervios, el pentaclorofenol, que produce cáncer, el tetraetilo de plomo y otros contaminantes que fueron utilizados en las bases estadounidenses del área del canal son tan peligrosos como las municiones vivas.
Sin embargo, las municiones sin detonar en los polígonos de tiro usados por el ejército de Estados Unidos en las riberas del canal causaron la muerte de 12 personas en los últimos 18 años. (FIN/IPS/sh/mj/en ip/98
