Una empresa minera de Canadá atribuyó a un supuesto "sabotaje" cometido por comunidades de Veraguas, provincia occidental de Panamá, la alta mortandad de peces en vías fluviales que, según ambientalistas, se debe a un derrame de cianuro.
El supuesto accidente, que causó la muerte de numerosos peces en los ríos y quebradas del lugar, sería el segundo que ocurre en los últimos tres meses en la mina de oro Santa Rosa, cuyo propietario es el consorcio Greenstone Resources, de Canadá.
Unos 200 residentes de las comunidades de Corita, Aguacatal, Bajo del Poste y Palo Verde, cercanas a la mina Santa Rosa, amenazaron el viernes con cerrar esta semana la carretera interamericana si el gobierno no sanciona a Greenstone Resources por el daño que provocó a las fuentes de agua del lugar.
Idalberto Díaz, portavoz de esas comunidades, acusó a Santa Rosa de negar que hubiera realizado descargas de agua contaminada con cianuro el 4 de septiembre, las cuales afectaron las quebradas La Mina y Corozal, tributarias de los caudalosos ríos Corita y Santa María.
El Santa María provee de agua cruda a varias potabilizadoras que abastecen a unas 350.000 personas de Veraguas y las centrales provincias de Herrera y Coclé.
Las descargas se habrían realizado para desalojar el exceso de agua de las tinas de lixiviación llenas de compuestos de cianuro usadas por la compañía minera para separar el oro y la plata de la roca viva.
A pesar de la denuncia de los moradores y de la gran cantidad de peces muertos aparecidos en las quebradas La Mina y Corozal, los directivos de la mina Santa Rosa y la viceministra de Comercio e Industrias, Laura Flores, negaron que hubiese ocurrido el accidente.
Flores declaró el sábado que funcionarios de su ministerio inspeccionaron los ríos y quebradas del lugar "y verificaron que el presunto accidente no ocurrió".
Mientras, el gerente general de Greenstone Resources, Oishi San, y el gerente administrativo, Allan Espino, de dicha empresa, acusaron a los vecinos de las comunidades cercanas a la mina de matar a propósito a los peces "como un acto de sabotaje" contra esa compañía.
Ohisi negó la descarga de cianuro del 4 se septiembre, pero admitió que en octubre de 1995, en octubre de 1996 y el 6 de junio de 1998 hubo derrames de cianuro de las tinas de lixiviación.
Sin embargo, el coordinador del no gubernamental Frente de Lucha Contra la Minería (Frenalcomi), Renaul Escudero, indicó el lunes que se comprobó la muerte de gran cantidad de animales acuáticos y domésticos a lo largo de ocho kilómetros desde la mina hasta el río Corita a causa del derrame del 4 de septiembre.
"Estos derrames prácticamente exterminaron todo vestigio de vida acuatica en las quebradas La Mina y Corozal y amenazan la del río Corita, afluente del río Santa María, tal como han podido constatar funcionarios del antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Inrenare)", subrayó Escudero.
Escudero acusó a las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias de ser "demasiado condescendientes" con los dueños de esa compañía minera.
"Para colmo, la sanción impuesta por la Dirección de Recursos Mineros por el derrame del 6 de junio de 1998 fue rebajada por el gobierno, que parece haberse convertido en padrino oficioso de estos señores", puntualizó el activista.
Escudero también acusó a la Comisión de Ambiente y Desarrollo del Poder Legislativo de haber omitido publicar los resultados de numerosas inspecciones que efectuó en la zona donde está radicada la mina Santa Rosa.
El activista sostuvo que el presidente de esa comisión, el diputado Benicio Robinson, es un empresario transportista que brinda servicios a la empresa Brown and Roat, que integra el consorcio que explota la mina.
Escudero acusó a la empresa de "burla constante al pueblo y la nación", y elogió la actitud del Ministerio Público, que decidió investigar de oficio a Santa Rosa por atentar contra la seguridad colectiva.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional Para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Oscar Vallarino, exigió el martes a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), ex Inrenare, que "aplique sanciones enérgicas a Minas Santa Rosa si se determina la existencia de un derrame de cianuro".
Además reclamó "darle seguimiento a esta situación para garantizar que no se repitan" los graves accidentes ambientales ocurridos alli desde octubre de 1995, cuando ocurrió el primer derrame admitido por la compañía.
Desde 1987 hasta ahora han ocurrido al menos otros cuatro derrames de cianuro de las tinas de lixiviación de otra compañía minera que opera en esa misma zona, El Remance, actualmente en receso debido a los bajos precios del oro y la plata en el mercado internacional.
La exportación de esos metales representaron el ingreso de 37 millones de dólares en divisas entre 1990 y 1997, de los cuales 12,3 fueron aportados de la mina Santa Rosa, la única de su tipo que se mantiene en actividad. (FIN/IPS/sh/mj/en/98
