Los gobiernos subsidian actividades que perjudican la ecología, como la tala de bosques y la pesca industrial, destinando aportes de los contribuyentes a destruir el ambiente, asegura un libro publicado por el World Watch Institute.
El instituto de investigación con sede en Washington, además de proponer la eliminación de esos subsidios, recomienda cobrar impuestos a las fuentes del daño ambiental, como la contaminación, en el libro "The Natural Wealth of Nations" (La Riqueza Natural de las Naciones).
"Los impuestos (a la población) se podrían reducir 1,5 billones de dólares por año si cesaran los 650.000 millones de dólares en subsidios obsoletos destinados a actividades que destruyen el ambiente y si se cobraran impuestos a contaminantes y destructores de recursos como los gases invernadero", señala.
"Los electores deben saber que en el caso de muchos subsidios, están pagando el doble cuando no deberían pagar nada, primero en impuestos más altos y luego con precios más elevados", dijo David Roodman, autor del libro.
Los subsidios que los gobiernos destinan a las flotas pesqueras industriales, por ejemplo, son una de las causas de la pesca excesiva y la destrucción de los ecosistemas marinos.
"Nuestros impuestos están pagando los subsidios que causan el colapso de las zonas de pesca", asegura el libro. El público paga más en el mercado porque el subsidio de la captura excesiva provoca la escasez de peces, lo que aumenta el precio.
Los gobiernos deben hacer dos grandes cambios en la manera que recaudan y gastan el dinero para lograr que las economías industriales sean ecológicamente sustentables, exhorta.
Al reducir los subsidios que dañan al ambiente en 90 por ciento, los gobiernos podrán limitar la carga impositiva mundial en 585.000 millones de dólares u ocho por ciento de los 7,5 billones que se cobran en la actualidad.
La mayor parte de la reducción de los subsidios tendría lugar en los países industrializados, los que más subsidian la contaminación. La medida generará un recorte impositivo de 500 dólares por persona en Alemania, Estados Unidos y Japón, señala el libro de World Watch Institute.
En segundo lugar, Roodman calcula que otro billón de dólares se puede trasladar gradualmente a nuevos impuestos ambientales. "Trasladaríamos los impuestos de las cosas que queremos alentar, como la inversión y los salarios, a las cosas que queremos desalentar, como la contaminación", agrega.
"Estos cambios nos permitirían poner a trabajar el poder del mercado para proteger el ambiente. Los productos dañinos se tornan más caros, pero los automóviles con alto rendimiento energético y el reciclaje se tornan más económicos", sostiene.
Los gobiernos se inclinan más hacia la regulación ambiental que al cobro de impuestos. Pero al emplear impuestos en lugar de la regulación, "se pueden fijar metas para la protección ambiental y los mercados pueden hacer lo que saben, hallar la forma más económica de lograr esos objetivos", arguye el libro.
Muchos costos ambientales de la actividad industrial no están incorporados al mercado. Los efectos de la contaminación del aire, que causa lluvia ácida, problemas respiratorios, daños a lagos, ríos y fauna, así como a los edificios, no se toman en cuenta en el ordenamiento actual del mercado.
"Al trasladar los costos ambientales a los precios, los gobiernos pueden ayudar a los consumidores a comprender más los reales costos ambientales de sus compras e inversiones", agrega el libro.
La idea de que cuando una industria daña el ambiente debe ser responsabilidada por ello no es nueva. "Esta sencilla idea se encuentra en los textos de economía desde hace más de 80 años, pero se practica mucho menos de lo que se recomienda", señala.
El mayor obstáculo para hacer pagar a las industrias contaminantes son la organización política y la influencia que ejercen los grupos industriales sobre los políticos, según Roodman.
En el ciclo electoral de 1995-1996, las compañías estadounidenses de petróleo y gas aportaron más de 11 millones de dólares a los candidatos para proteger exenciones impositivas por valor de 3.000 millones de dólares.
Con el respaldo de la industria, muchos gobernantes aseguran que los subsidios son necesarios para estimular el desarrollo, proteger empleos o ayudar a los pobres. Pero el análisis de los subsidios demuestran que casi todo lo que financian es "obsoleto o ineficaz", asegura el libro.
La construcción de carreteras para los madereros del estado australiano de Victoria, por ejemplo, le costó al gobierno 170 millones de dólares por año más de lo ganado con la madera obtenida. De hecho, los contribuyentes pagan a las compañías madereras para tirar abajo los bosques estatales, afirma Roodman.
A pesar de la fuerte oposición de la industria, los gobiernos ya comenzaron a eliminar subsidios que destruyen el ambiente.
En esta década, China redujo los subsidios para el consumo de combustibles fósiles de 26.000 millones de dólares a 11.000 millones por año. Gran Bretaña limitó en 91 por ciento los subsidios a la producción de carbón en la primera mitad de la década.
"El gas natural, más limpio, aumentó su participación en el mercado y la economía creció mientras disminuyeron las emisiones de carbón", puntualiza el libro.
Indonesia cesó los subsidios a los pesticidas en los años 80, lo que provocó el descenso de su uso en dos tercios, mientras la producción de arroz no se vio menoscabada.
Sondeos de opinión en la Unión Europea y Estados Unidos hallaron que 70 por ciento de los encuestados apoyan la idea de una "reforma impositiva ecológica", informa el libro de World Watch. Partidos políticos de Europa septentrional apoyan la idea, así como la Confederación Europea de Sindicatos. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq/en/98
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