Una nueva víctima se sumó a la ola de violaciones y asesinatos de mujeres que se registra en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, donde se registraron ya más de 145 casos con patrones similares en cinco años.
Las evidencias indican que el o los culpables son los mismos en todos los casos, pero los crímenes, que se reportan periódicamente desde 1993, continúan. Algunos familiares de las víctimas afirman que la policía está involucrada.
Organizaciones de padres demandan la intervención del gobierno para terminar con la impunidad, autoridades estatales contratan a investigadores expertos en asesinos múltiples y grupos feministas sostienen que las actitudes misóginas alientan los crímenes.
Pero nada detiene la ola de asesinatos. Este martes se informó del hallazgo del cadáver de otra víctima. Se trata de una menor de edad con huellas de haber sido violada y su cabeza destruida a golpes.
En los casos precedentes, las víctimas siempre fueron desfiguradas de alguna forma. A varias, además, se les cercenaron los senos.
El último crimen se registró en un trayecto de la vía de ferrocaril que comunica a Chihuahua, capital del estado del mismo nombre, y Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
La mayoría de asesinatos fueron cometidos en Ciudad Juárez, donde existen más de 300 fábricas maquiladoras, lugares en los que la mayoría de los trabajadores son mujeres.
Las autoridades de Chihuhua se negaron a admitir hasta fines de 1997 que los crímenes estaban relacionados. Este año, sin embargo, lo hicieron luego de soportar durante meses protestas de grupos feministas y recibir una exhortación de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las investigaciones de la Comisión, a las que se sumaron miembros de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, demostraron que la policía de Chihuhua no dio la debida importancia a los crímenes e incluso dejó escapar o protegió a algunos sospechosos.
La policía indicó en un principio que las violaciones y los asesinatos fueron crímenes "pasionales" y que muchas de las víctimas "alentarton" a los delincuentes por ir vestidas de forma "provocativa", por lo que exhortaron a las mujeres a usar otro tipo de ropa.
Los argumentos indignaron a los grupos de derechos humanos y feministas, que calificaron a las autoridades de misóginas.
Antes de la intervención de la Cámara de Diputados, "las investigaciones de las violaciones y asesinatos en Chihuhua estaban prácticamente archivadas", afirmó la diputada Alma Vucovich, integrantes de la comisión de Equidad y Género.
Muchas de las víctimas eran mujeres que trabajaban en alguna maquiladora. Otras no han sido aún identificadas. Las autoridades indican que probablemente se trate de mujeres procedentes de otros estados que intentaban ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.
En México, 95 por ciento de los casos de abuso sexual presentados a las autoridades quedan impunes y apenas 17 de cada 100 mujeres ultrajadas realizan la denuncia, según diversos estudios.
Los familiares de las mujeres violadas y asesinadas en Chihuahua temen que los crímenes continúen y que nunca se detenga a los culpables, pues sospechan que algunos policías tienen relación con los asesinos.
Los vínculos entre policías y crímenes sexuales indigna a la sociedad y deben ser destruidos en forma inmediata, dijo Vucovich.
Nueve policías de la capital fueron detenidos en julio acusados de secuestrar y violar a tres jóvenes mujeres.
Las víctimas pudieron denunciar los hechos, luego de que lograron escapar de las caballerizas de un destacamento policial donde fueron encerradas.
"En México no existe una verdadera política pública destinada a combatir la violencia sexual", por eso existe corrupción e impunidad, dijo Patricia Olamendi, directora de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría de la capital mexicana. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/98
