El gobierno de México dio a conocer hoy un nuevo programa nacional de seguridad pública, con el que prometió, "ahora sí", vencer a la delincuencia, que desde 1995 parece inmune a una larga cadena de medidas y ofertas oficiales.
Presentado como la cruzada "más ambiciosa de la historia" contra el crimen, el programa comprende un aumento de 17 por ciento al presupuesto anual para las tareas de seguridad y pone énfasis en la capacitación policial, endurecimiento de penas y coordinación entre procuradurias.
Preparada con la participación de los 32 gobernadores del país, la iniciativa llega cuando el poder del crimen y la impunidad parecen no tener límites. De los 1,5 millones de delitos que se cometen cada año en México, apenas 85.000 terminan con la detención de los responsables.
El presidente Ernesto Zedillo, que desde el inicio de su gestión ofreció abatir la delincuencia, reconoció que sus esfuerzos han sido "insuficientes e ineficientes", pero prometió que ahora sí no habrá fracasos.
"No permitiremos que los delincuentes ganen la lucha", dijo, tras advertir que no será una tarea fácil y que "requerirá de uno o dos años para madurar".
Frente a gobernadores y delegados de los estados del país, secretarios de Estado, representantes de la Iglesia Católica, embajadores, empresarios y organizaciones no gubernamentales, el mandatario lamentó que la población tenga que vivir aterrorizada e indignada por la corrupción policial y la impunidad.
Para combatir a la delincuencia, México cuenta actualmente con un policía o agente investigador cada 3.150 habitantes y un juzgado penal cada 115.000 personas.
La brecha entre realidad y necesidad es mucho mayor si se considera que más de la mitad de los policías no están bien preparados o son corruptos, según la organización no gubernamental México Unido contra la Delincuencia.
El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Francisco Labastida, informó que se someterá a todos los policías a pruebas médicas para saber si usan drogas y psicológicas para saber si son personas equilibradas. Además, se auditarán sus ingresos económicos.
También se mejorarán los cursos que reciben, incrementarán sus salarios y definirán estímulos para premiar a los agentes eficientes y honestos.
Otra medida, considerada crucial dentro del nuevo plan contra el crimen, es la creación de una sofisticada red de comunicación entre todas las procuradurías y policías del país.
"En este momento no se admiten medidas cosméticas, sino soluciones radicales y planteamientos integrales", manifestó Labastida.
El nuevo programa será financiado con 388 millones de dólares este año, cifra que, según las autoridades, se triplicará en el 2000. A pesar de que se la presenta como una cifra importante, las asignaciones a la seguridad representan este año apenas 0,4 por ciento del presupuesto total del gobierno.
Con las medidas anunciadas, los esfuerzos para abatir la delincuencia "saldrán de su círculo vicioso a uno virtuoso", prometió Labastida.
Para lograrlo, se necesita además aprobar las reformas legales que Zedillo envío al Congreso en diciembre de 1997 y que aún no se discuten, agregó el ministro.
Las reformas propuestas incluyen anulación del derecho a la preliberación, mayores penas para delitos graves, acumulación de sentencias y limitación a diversos amparos que otorga la ley.
Zedillo, uno de cuyos hijos estuvo a punto de ser asaltado el año pasado a pesar de ir acompanado de guardias, sostuvo que sin la participación de la sociedad y los medios de comunicación, el plan no será efectivo.
El mandatario llamó a la población a denunciar todos los delitos y a los medios de comunicación a no exaltar a los delincuentes "como ha sucedido los últimos días".
Las televisoras desplegaron los días precedentes una amplia cobertura sobre la detención de un sanguinario secuestrador que cortaba las orejas a sus víctimas, e incluso lo entrevistaron en horarios de alta audiencia.
Los niveles de delincuencia y con ellos los programas de crónica roja en las emisoras de radio y televisión están en aumento desde 1995, cuando México resintió los efectos de la peor crisis económica de los últimos 30 años. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/98