El secretario del estatal Consejo Nacional contra el Narcotráfico de Honduras, Carlos Sosa, advirtió hoy que que los narcotraficantes suelen enterarse con anticipación de órdenes de allanamiento, investigaciones y procesos judiciales en su contra.
Sosa propuso al presidente Carlos Flores aprobar una política nacional antidrogas efectiva y congruente y sostuvo que "en los juzgados existen muchos empleados soplones que alertan a los narcotraficantes cuando se emiten órdenes de allanamiento".
"La influencia del narcotráfico en la justicia no es algo nuevo en el mundo, pero creemos que en Honduras merece una atención especial porque se están dando fuertes golpes a los narcos", explicó.
"Una mala actuación de los jueces y demás funcionarios entorpece el proceso y pone en riesgo la vida de quienes investigan los carteles de la droga en este país", afirmó.
Sosa dijo contar con evidencia de que funcionarios de los juzgados, a cambio de dinero, previenen a los narcos sobre las ejecuciones judiciales en su contra. Su oficina elevará en breve a la Suprema Corte una serie de denuncias e investigaciones, anunció.
La Comisión Nacional contra el Narcotráfico está dedicada a elaborar un diagnóstico que sirva de insumo al gobierno en la elaboración de una política nacional y efectuar reformas a las leyes aprobadas en el Congreso para el combate contra las drogas.
Las denuncias sobre la influencia de los narcos en el Poder Judicial no son una novedad, pero adquieren notoriedad en momentos que la justicia se encuentra en la picota por lentitud en la aplicación de la ley, corrupción y tráfico de influencias.
Y también porque Washington decidió congelar una ayuda de 36 millones de dólares destinados a capacitar a los funcionarios judiciales, en represalia por la condena contra un ciudadano de Estados Unidos acusado de homicidio.
Washington sostiene que la sentencia contra el estadounidense Gustavo Patrick Valle tardó cinco años y presenta vicios de nulidad, pero la Suprema Corte de Justicia acusó a Estados Unidos de intenciones de "chantajear" a los jueces para liberar a un convicto.
La suspensión de esa ayuda económica "nos duele y afectará mucho, pero no aceptaremos presiones, chantajes, ni influencias extrañas de nadie" porque "no nos van a humillar a cambio de esa ayuda", dijo el presidente del Poder Judicial, Armando Avila.
"Los hondureños somos una nación digna y nadie tiene que decirnos como actuar y como torcer la ley. Eso es inadmisible", dijo el jueves el presidente Flores luego de entrevistarse con el embajador de Estados Unidos, James Creagan.
Sosa sugirió a la Corte Suprema de Justicia depurar el Poder Judicial para hacer más confiable y creíble la aplicación de la ley.
El funcionario dijo que, si bien los magistrados dieron muestras en seis meses de querer cambiar el rostro de la justicia, "la tarea debe intensificarse". "No debemos dormirnos ante el cariño que, a través del dinero, ofrecen los narcotraficantes", ironizó.
En las últimas tres semanas, el poder judicial removió de forma intempestiva de sus cargos a varios jueces y funcionarios, alegando lentitud en los casos y "complicidad" en hechos relacionados con corrupción y drogas.
Las drogas son centro de atención permanente del público hondureño hace tres meses por el vínculo entre militares y el narcotráfico, numerosos decomisos de cocaína, una supuesta guerra entre mafias y el alerta ante la aparente intención de Washingron de instalar en este país un centro regional antidrogas.
El narcotráfico es uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Flores, que asumió la presidencia hace seis meses. En Honduras se registra tránsito, depósito y consumo de drogas, al tiempo que hay fuertes sospechas en torno a lavado de dinero.
Flores dijo hace tres semanas que la lucha contra las drogas será prioridad de su gobierno y prometió reformas legales encaminadas a "cercar" a los narcotraficantes, cuya presencia en Honduras data de tres décadas atrás. (FIN/IPS/tm/mj/ip/98
